Martes, Febrero 11, 2014 – 17:00
Pichincha
El 23 de enero de 2014, la exasambleísta y activista Martha Roldós presentó una denuncia ante la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), en contra de los medios en manos del Estado, El Telégrafo, Agencia Andes, Radio Pública y TC Televisión, por considerar que, varias publicaciones realizadas por estos, constituyen un “linchamiento mediático” en su contra. Esta figura se incorporó a la Ley Orgánica de Comunicación determinándola como la difusión de información de forma concertada y publicada reiterativamente con el propósito de desprestigiar a una persona o reducir su credibilidad pública.
En su denuncia, Roldós aseguró que “Ante este tipo de ataques concertados con el propósito de menoscabar el honor de una persona, la Supercom tiene la obligación, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, de disponer: 1) La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal información. 2) Publicar la disculpa (…) en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas”.
Roldós detalló en la denuncia, que dicho linchamiento inició a partir de una publicación de diario El Telégrafo en su edición del 6 de enero de 2014 titulada: “La NED de EE.UU. financiará proyecto mediático en Ecuador”, referente a la creación de una agencia de información que, según ese medio, intentaría desestabilizar al gobierno ecuatoriano y que estaría liderada por Roldós. De acuerdo a la denuncia, dicha información fue posteriormente reproducida en dos notas de la Agencia Andes, luego en Radio Pública y en una serie de tres reportajes difundidos en TC Televisión.
La activista también aseguró que la información estuvo acompañada de documentos que se encontraban únicamente en su correo electrónico personal, sin que el director de El Telégrafo haya justificado su obtención. Por este motivo, el 3 de febrero, Roldós presentó además ante la Fiscalía, una denuncia penal en contra de Orlando Pérez, por “no poder justificar con la autorización de quién publicó mails cuya titularidad corresponde a Martha Roldós”. Este hecho, según la defensa de la activista, se adecúa a la figura penal de difusión de datos personales sin la aprobación expresa del titular y es castigado hasta con dos años de prisión. Al momento, esta denuncia se encuentra en etapa pre-procesal.
El 10 de febrero de 2014, el Superintendente de información y comunicación, Carlos Ochoa, anunció en rueda de prensa que la denuncia de Roldós fue archivada el 6 de febrero pasado porque “no cumplía con los requisitos para su calificación”. El funcionario señaló que el 30 de enero de 2014, se solicitó a Roldós que complete la denuncia, remitiendo los documentos de identidad, así como los correos electrónicos de los que aseguró, fueron obtenidos ilegítimamente. Sin embargo, transcurrido el plazo de dos días, la Supercom, no recibió comunicación alguna.
Cabe recordar que los principales organismos internacionales de protección de la libertad de expresión han señalado que la Ley Orgánica de Comunicación-en vigencia desde junio de 2013- es una Ley que atenta contra los principios esenciales que protegen este derecho humano fundamental. Por ello más de 60 personalidades de la comunicación, las artes, la literatura, entre otros, presentaron una acción de inconstitucionalidad de la misma. Sin embargo, tras cuatro meses este organismo aún no resuelve el pedido de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite el 23 de enero de este año.

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