Quiénes y cuántos: laberintos de la discusión pública

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A la luz de los no-debates en torno al proyecto de reforma del Código Civil parece muy claro que la calidad de nuestra política democrática se incrementaría si muchas de las cuestiones relevantes pudieran ser sometidas a debates serios y de posiciones fundamentadas que se expresaran luego, al menos en parte, en las decisiones de política pública. ¿Pueden tener lugar estos debates? Como argentinos, nuestro desempeño al respecto deja mucho que desear, por eso vale la pena formular el interrogante. ¿Es más fácil que ocurran si los participantes se limitan a las élites (de todo tipo, incluyendo las organizaciones sociales) o si abarcan al resto de la sociedad civil? Y ¿una participación ampliada, mejoraría el nivel de discusiones y argumentaciones?

Sobran los motivos para el pesimismo. La teoria democrática moderna nos remite a la Grecia antigua. Hay una relación directa entre el número de los participantes y la necesidad de contar con representantes (que son responsables ante sus electores pero no están obligados, y esto es muy lógico, a defender sus posiciones sin reformularlas). Los temas relevantes son, desde luego, extremadamente complejos; pero precisamente porque lo son, muchos ciudadanos tienen fuertemente el impulso de cortar por lo sano: o bien a mantenerse racionalmente desinformados (bajo la convicción de que lo que cada uno podría lograr sería insignificante y no justifica tanto esfuerzo) o bien a solidificar posiciones que más que argumentos son hachazos.  En la comunicación real, la acción comunicativa habermasiana es difícil de alcanzar, porque la comunicación está afectada por multitud de elementos que la perturban; pero precisamente, noy hay motivos para garantizar que la ampliación de la participación ayude a despejarlos. La gente no solo tiene argumentos; tiene también fundamentos, creencias básicas que no tolera sean puestas en entredicho. Aunque un debate abierto no esté atado a una negociación, defenderá enardecidamente esos fundamentos sin importarle si no superan el escrutinio de un régimen racional o de verdad. Es difícil concebir un debate sobre cuestiones realmente de relieve en los que los participantes no tengan intereses en juego; esto se aplica a la ciudadanía del mismo modo que a las élites. Demasiado frecuentemente, los intereses no se pueden argumentar. En suma, los obstáculos que se interponen para que una participación ampliada enriquezca los debates y los torne más proclives a fundar procesos de innovación política son muchos. Pruebas al canto, la bajísima calidad de los comentarios a notas de opinión y noticias en los diarios muestra que no siempre quienes más intervienen merecen la atención de los lectores silenciosos. El “debate” sobre el Código Civil es otro ejemplo: sin duda en el seno de la comisión hubo argumentos, pero al salir el proyecto de la comisión fueron desplazados para dar lugar a las acusaciones recíprocas.

No obstante, hay también motivos para confiar en que una relación más virtuosa entre debate público y reformas pueda ser concretada. En primer lugar, hay un fastidio generalizado no solamente en relación a la clase política, sino también a otras élites, y es posible que parte de ese fastidio se canalice en una mayor participación ciudadana (que puede capturar en parte la miríada de asociaciones voluntarias con las que cuenta nuestra sociedad). Los propios partidos deberían cargar sobre sus espaldas con la responsabilidad de convocar a la sociedad para abrir debates sobre temas importantes (lo que podría transormarse en pura manipulación si luego no llevan de algún modo  sus posiciones a la arena institucional). En segundo lugar, no se puede negar la significación de masas de ciudadanos puestas en movimiento para votar con los pies. Las movilizaciones de indignados que tuvieron lugar en 2012 no equivalen a debates pero sí a irrupciones en el espacio público que crean condiciones propicias para el debate. Finalmente, está disponible el ancho mundo de las tecnologías informáticas y del ciberespacio. Desde luego, idealizar este campo sería ridículo. Pero también lo sería desestimarlo. He aquí sin duda una promesa y vale la pena luchar por su cumplimiento, para conectar activamente a la ciudadanía con las cuestiones que la involucran.

Vicente Palermo, Club Político Argentino CPA

Publicado en Enfoques,La Nación. 16-3-14

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