Ocho años de Evo Morales

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El MAS de Evo Morales llegó al poder en enero de 2006 como resultado de una revolución política, es decir, de un proceso insurreccional de masas (cuyos picos se produjeron en octubre de 2003 y en julio de 2005) que afortunadamente el sistema democrático fue capaz de absorber y canalizar, lo que evitó que hubiera violencia, pero igualmente eliminó de raíz a las antiguas elites dirigentes del país.

Ganando un plebiscito en 2008, y aplastando a la oposición –que estas elites en retirada pudieron organizar malamente– en el referendo constitucional y las elecciones de 2009, el MAS obtuvo suficiente poder para establecer un nuevo orden político, el cual se basa en una nueva Constitución y un conjunto de otras leyes, entre ellas las que reforman el funcionamiento del aparato judicial y del poder electoral; y que se concreta en la erección de nuevas instituciones y el establecimiento de nuevos procedimientos de relacionamiento entre la sociedad, la economía y el Estado; todo lo cual ejerce una poderosa influencia sobre la mentalidad colectiva.

El MAS ha consolidado su poder con la represión selectiva (enjuiciamiento, invitación al autoexilio) de lo que quedaba de las clases gobernantes del pasado; la judicialización de la política, que le permite controlar a los críticos emergentes; la intimidación de la burguesía empresarial, y una estrategia de compras y presiones que le ha dado el control del sistema de medios de comunicación y de los mensajes que circulan en el país.

Esta revolución en la esfera política se tradujo en un nuevo “modelo” socioeconómico que sin embargo no tiene un cariz revolucionario, sino reformista. Por medio de la intervención estatal, el MAS ha convertido la economía boliviana en una forma de capitalismo de Estado, una situación parecida a la de los años 50 y 80 del siglo pasado, aunque en este caso –dada la mayor complejidad y diversidad del tejido empresarial– haya un menor predominio de las compañías estatales.

Esto se da, claro está, en el marco del boom de precios de las materias primas, que ha llevado a Bolivia, así como al resto de los países de América Latina, a insospechados niveles de prosperidad.

En el campo social, el MAS redistribuye (no siempre con tino) los recursos extraordinarios que obtiene por la exportación de gas y minerales, así como por la recaudación de impuestos, la cual se beneficia por los saltos de los niveles de consumo de los hogares, que a su vez se deben, al menos en parte, a la propia redistribución estatal. La inversión pública en infraestructura, que es la más alta de la historia nacional, ayuda a las inversiones privadas –en busca de tasas más altas de retorno de las que pueden ofrecer las finanzas de un mundo en recesión– a desarrollar el sector de la construcción a un ritmo de alrededor del 10% anual, lo que explica los altos niveles de empleo que hoy tiene el país.

En general, el modelo fomenta el gasto estatal y amplía el crédito para potenciar la demanda y dinamizar las actividades productivas: posee, entonces, una inconfundible factura keynesiana. Sin embargo, a diferencia de la versión paradigmática, no se basa en la liberación del ahorro acumulado en el pasado, que en Bolivia no existía, sino del boom de las exportaciones. También hay que anotar que el aumento de la demanda no ha tenido los efectos que podían esperarse sobre el relanzamiento de la industria nacional, porque, siendo el mercado interno más grande que en el pasado, pero todavía pequeño en términos absolutos, sigue resultando más razonable satisfacer la nueva demanda con el aumento de las importaciones.

Las actividades que más se han beneficiado son las no transables (“enfermedad holandesa”). Este es uno de los puntos débiles del modelo, que el Gobierno no combate, porque sus consecuencias malsanas no se manifiestan de manera inmediata. Por el contrario, la satisfacción del crecimiento de la demanda por medio de más importaciones le permite mantener a raya la inflación. De ahí la política cambiaria boliviana, que, al fijar un tipo único, facilita las importaciones.

La redistribución de la riqueza se produce mediante el aumento de la inversión y el gasto públicos, la entrega de rentas en efectivo, las subvenciones a los combustibles, la electricidad, el agua potable y el seguro contra riesgos agrícolas, etc.; en conjunto, desde 2006 el Estado ha destinado alrededor de 8.000 millones de dólares para proteger y ayudar a sectores vulnerables. En cambio, se echa de menos reformas sustanciales en los sistemas educativo, de salud, judicial y de seguridad, que por eso constituyen otros tantos puntos débiles de esta edificación.

El vicepresidente Álvaro García Linera suele decir que “no existe un proyecto alternativo” al que propone el MAS. Sin duda, todos los actores políticos del país se encuentran en unas condiciones que no les es dado ignorar. Todos ellos, si quieren hacer política realista (y no evadirse en alguna elaboración puramente mental), deben partir de las circunstancias históricas; de hecho, actúan determinados por ellas. De lo contrario estarían condenados a la marginalidad y la frustración.

Las transformaciones de estos ocho años fueron diseñadas, tanto por convicción como por conveniencia, para concentrar el poder en un centro (pluri)nacionalista. Por tanto, son en sí mismas resistentes a la alternancia democrática, ya que conceden un poder inédito al Presidente y sus colaboradores para llevar a cabo sus proyectos de remodelación social, poder que estos bien pueden usar para ganar las elecciones de 2014 (como ya hicieron en las de 2009).

FERNANDO MOLINA

Publicado en Infolatam, La Paz, 16 enero 2014

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