Más que nuevas reglas, se deben respetar las existentes

Publicado en: Argentina 0

En nuestro país se generalizó la idea de que las falencias institucionales son la causa de todos nuestros males.

El “mantra” es hoy la necesidad de una reingeniería institucional que restablezca la República extraviada.

Las reglas del juego que condicionan la interacción de los actores sociales son por cierto claves en la vida de una nación. Su relevancia en la decepcionante trayectoria de nuestro país y su economía es evidente.

A la luz de la declinación que vivimos desde mediados del siglo pasado, nos acostumbramos a imaginar al país de la Generación del 80 como “fruto del designio inteligente y la concordia del pasado” -Luis Alberto Romero dixit . En sus propias palabras, “ la historia es más prosaica ”: entre las intenciones y los resultados de los acuerdos trabajosamente alcanzados desde 1850 hasta 1880, medió una considerable distancia: quienes empezaron a diseñar el nuevo país -fundado en la organización institucional, la inmigración y la educación- mantuvieron enconados enfrentamientos bajo el telón de fondo de guerras civiles que no cesaron hasta 1880. Si esta interpretación de esa “edad de oro” es correcta, la Argentina de entonces distó de ser una sociedad “modelo”. En ella coexistieron actores fuertemente enfrentados, que a veces lograban acordar y otras confrontaban con virulencia.

Las instituciones que entonces se plasmaron no fueron homogéneas: instituciones “inclusivas” convivieron con otras “extractivas” (de acuerdo a la terminología popularizada por Acemoglu) en un equilibrio fluctuante.

Es cierto que las políticas de inmigración y educación lograron mantenerse a lo largo de sucesivos gobiernos. Pero nunca existió un consenso idílico.

Esas políticas se desarrollaron en medio de duras polémicas y cambios de rumbo. El conflicto entre instituciones extractivas -asociadas a la concentración de la propiedad de la tierra- e instituciones inclusivas -asociadas a las transformaciones económicas y sociales en curso en Buenos Aires y otros centros urbanos- planteó desde temprano agudos dilemas, fruto de la tensión entre los requerimientos del crecimiento sostenible y las demandas de equidad.

Esta tensión, típica de cualquier país, alcanzó una intensidad extrema en el caso argentino debido a ciertas peculiaridades de nuestra estructura económica.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, nuestro país inició un proceso de declinación económica y social que, con vaivenes, aún continúa.

La incapacidad del sistema político para compatibilizar crecimiento y equidad fue uno de los factores determinantes de esa involución.

Con el restablecimiento de la democracia en 1983, las instituciones “formales” -expresadas en la Constitución y las leyes- recobraron su vigencia, pero sin embargo no fueron capaces de revertir esa tendencia.

Frente a esta realidad, se volvió cada vez más frecuente atribuir la progresiva desintegración de nuestra sociedad a las falencias de las instituciones existentes. La consecuencia fue una “inflación” de propuestas de reforma.

Sin duda muchas de las reglas de juego vigentes requieren cambios importantes y una significativa actualización. Pero también está claro que no es la letra de la ley sino su incumplimiento el principal obstáculo de nuestro desarrollo. Es más bien este rasgo de nuestra cultura política, que atraviesa a la sociedad en su conjunto, la clave de nuestro fracaso.

Lo que falta no son, esencialmente, normas escritas y codificadas; lo que falta es asegurar su cumplimiento efectivo, o como dicen los anglosajones con una palabra que (¡oh casualidad!) no existe en castellano, su enforcement estricto.

Si los que no respetan las reglas de juego son una minoría, los mecanismos de supervisión y sanción pueden funcionar. Cuando el incumplimiento es generalizado, como en nuestro caso, ello resulta imposible.

Todos los grupos sociales -no sólo los políticos- se acostumbraron progresivamente a ignorar los mecanismos democrático-republicanos y a defender sus intereses organizándose corporativamente sin mediaciones de ningún tipo. De hecho, una vez configurado ese escenario -que no excluyó episodios de extrema violencia-, ningún grupo estuvo en condiciones de modificar unilateralmente ese modus operandi, ya que ello significaba pagar costos elevadísimos.

Pero además, esa lógica disfuncional fue generando una masa creciente de excluidos -que ya suman más de un cuarto de la población- sin representación ni voz, cuyos reclamos sólo se hacen visibles cuando cortan las calles, ocupan terrenos o emprenden otras formas de acción directa.

¿Cómo cambiar este estado de cosas? Es ilusorio esperar que el consenso brote espontáneamente de la buena voluntad de los actores.

Será en cambio el resultado de un proceso inherentemente conflictivo, con ganadores y perdedores. Lo que necesitamos para que el conflicto no arrase con los perdedores es respeto en la confrontación y reconocimiento de la legitimidad de los intereses de todas las partes: un bien intangible pero no por eso menos importante. Ese intangible es condición previa a cualquier tentativa de reconstrucción institucional. Al menos en un principio, el único actor colectivo que lo puede proveer es el Estado. Es por esa razón que, si bien los políticos no son responsables excluyentes del status quo, sí lo son cuando se trata de encabezar esa reconstrucción.

¿Surgirán antes de la próxima renovación presidencial liderazgos políticos con vocación de estadistas, capaces de estar a la altura de este desafío?

Guillermo Rozenwurcel, Club Político Argentino

Publicado en Clarín, 10-4-14

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.