Las opciones para corregir los desajustes económicos

La administración que asuma el 12 de diciembre deberá hacerse cargo lo que heredará de la actual. Particularmente, el atraso cambiario, el déficit fiscal y la inflación deberán merecer una atención prioritaria por parte de la conducción económica. Veamos cuáles son los instrumentos que puede utilizar a tales efectos y las consecuencias del uso de unos u otros modos de corregir los desequilibrios macroeconómicos.

El atraso cambiario puede ser corregido con un aumento en el tipo de cambio o una baja de las retenciones. Esta última alternativa conlleva dos consecuencias negativas: baja de la recaudación fiscal, agravando el déficit fiscal y traslado a precios de la baja en las retenciones, subiendo un peldaño más la tasa de inflación. Por tanto, se logra un objetivo pero se comprometen los otros dos.

La otra alternativa es el aumento en el tipo de cambio. Si va acompañado de un incremento en las retenciones que afectan a los productos que integran la canasta de consumo se neutraliza su efecto sobre los precios internos y se incrementa la recaudación fiscal, achicando el déficit. Por otra parte, un mayor tipo de cambio debería desalentar el atesoramiento de divisas, facilitando un levantamiento del cepo cambiario. En cambio, resulta poco coherente pedir la eliminación del cepo cambiario y simultáneamente una baja de retenciones. La consecuencia sería un explosivo incremento en el nivel de precios por el traslado simultáneo a precios del aumento en el tipo de cambio y de la baja de retenciones.

Con relación al déficit fiscal se puede apelar a bajar gastos o aumentar recursos. Si bien algo puede hacerse por el lado del gasto, la mayor parte del mismo está comprometido en pagos de personal y de la seguridad social. Por tanto, más allá de algunos recortes de gastos injustificados, lo decisivo pasará por un incremento en los recursos. Ello refuerza el argumento a favor de mayores y no menores retenciones como complemento de una devaluación. El impuesto a la renta financiera y a las ganancias de capital seguramente estarán en la agenda. Si se quiere reducir el impuesto inflacionario deberá inevitablemente incrementarse la recaudación de los impuestos explícitos. No es coherente reclamar la baja de la inflación y al mismo tiempo pregonar una reducción impositiva. No al menos en el corto plazo.

Con respecto a la inflación puede recurrirse a un plan integral y coordinado o puede apelarse exclusivamente a una política monetaria restrictiva. En este último caso el Banco Central anuncia cuál será la meta de inflación anual y la consiguiente expansión monetaria y se atiene a este compromiso. El atractivo de esta última alternativa es su simplicidad: se basa en el uso de un solo instrumento. La desventaja radica en que si precios y salarios suben por encima de la pauta fijada caerán el nivel de actividad y de ocupación. Estas son las variables de ajuste en este esquema mientras la tasa de inflación se mantenga por encima de la pautada.

En efecto, los empresarios seguirán remarcando los precios y los sindicatos demandando aumentos salariales en base a la inflación anterior. Al exceder estos incrementos la pauta de expansión monetaria y atenerse el Banco Central a la misma, se contraerá el volumen de transacciones en la economía, de modo que ese nivel de transacciones multiplicado por los precios sea compatible con la oferta monetaria. Cuanto más excedan los incrementos de precios y salarios la pauta oficial, mayor será la caída en los niveles de actividad económica y de empleo.

La otra opción es apelar a un acuerdo de precios y salarios junto con metas de emisión monetaria y de déficit fiscal todos ellos compatibles entre sí junto a la normalización del INDEC para contar con mediciones confiables sobre los niveles de aumentos de precios y salarios y demás variables económicas y sociales. Es imposible encarar un acuerdo sobre ingresos sin contar con una medición confiable de las variables económicas que permitan monitorear su cumplimiento.

Dicho acuerdo debería apuntar a llegar gradualmente a una inflación de un dígito. La ventaja de esta alternativa es que puede evitar costos en términos de nivel de actividad y de empleo. Su desventaja es que requiere un sólido consenso social para llevarla a cabo.

El Estado debe garantizar niveles de déficit fiscal y expansión monetaria compatibles con las pautas de inflación que demanda del sector privado. Y una medición transparente y veraz de su cumplimiento. El sector privado debe comprometerse fehacientemente a respetar las metas de inflación acordadas, a sabiendas que cualquier exceso será pagado con caídas de los niveles de producción y empleo.

Estas son las opciones de hierro que enfrentarán quienes asuman en diciembre próximo, al margen de lo que hayan prometido durante la campaña y del signo político al cual pertenezcan. Esto es lo que dicta la dura lógica de la economía.

Minimizar los costos sociales es la única garantía del éxito. Debe alcanzarse la estabilidad macroeconómica pero sin olvidar que, como señala el economista de origen coreano Ha-Joon Chang, “lo más desestabilizador que suele pasarles a la mayoría de las personas es quedarse sin trabajo”. Y ello deberá tenerse en cuenta a la hora de la elección del camino. Lo que está en juego es demasiado importante: es el destino del país como nación.

Víctor A. Beker, Socio CPA

Clarín, 12-5-15

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