Las graves consecuencias de la anulación del Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos

Por Jamal Mechbal*

El diario colombiano El Tiempo, con el titular «Acuerdo pesquero de la Unión Europea, en riesgo», anunciaba, en su versión digital del 14 de febrero (2018), que el próximo 27 de febrero el Tribunal Europeo de Justicia fallará la posible nulidad del pacto con Marruecos. Se trata de un Acuerdo que, junto a otros, beneficia tanto los intereses de la Unión Europea (UE) como los de Marruecos, además de consolidar la presencia de la Unión Europea en el continente africano. La geografía no debe ignorarse pues el Reino de Marruecos está próximo a Europa, lo que significa que África (norte) y Europa (sur) están separadas solo por 12 kilómetros, esa es la distancia que mide el ancho del Estrecho de Gibraltar.

Con mucho acierto, la abogada colombiana Norma Caballero, doctora en Derecho de la Universidad Paris II, citada por El Tiempo, afirma que: «la parte más delicada no es el pescado, sino las consecuencias políticas que se derivan de esa decisión y que suponen, por un lado, que los jueces pueden anular un tratado firmado y ratificado alegando criterios basados en la doctrina de las Naciones Unidas y, por otro, porque vuelve a introducir en las relaciones entre Europa y Marruecos el conflicto del Sahara Occidental».

En efecto, las alegaciones presentadas se fundamentan en criterios basados en la doctrina de las Naciones Unidas, especialmente en el principio de autodeterminación de los pueblos de los territorios no autónomos. No hay que olvidar que fue Marruecos quien logró inscribir el Sahara junto a Sidi Ifni, otro territorio marroquí, en la Cuarta Comisión de la Asamblea de la ONU. Marruecos, desde el primer momento que accedió a su independencia, venía reclamándole a España su soberanía sobre el Sahara, lo hizo de manera constante y directa y, también, ante la ONU.

Quien demanda el Acuerdo es la ONG inglesa Western Sahara Campaign, ligada al Frente Polisario, un movimiento que desde su nacimiento en 1973 fue apoyado interesadamente por Argelia y por la Libia de Gadafi, cuando ya la presencia colonial española tocaba su fin en el Sahara. Western Sahara Campaign solicitó ante la justicia inglesa la inaplicabilidad del Tratado de pesca a dichos territorios, invocando el citado principio de autodeterminación de los pueblos de los territorios no autónomos y, como bien señala el artículo del medio colombiano, la querella ha sido llevada a Luxemburgo como cuestión prejudicial por los tribunales de Londres. Argelia y el Polisario, mediante la ONG inglesa Western Sahara Campaign, intentan instrumentalizar la justicia europea judicializando un tema esencialmente político.

De los diecisiete territorios inscritos en la ONU como territorios no autónomos, diez están bajo la administración británica, pendientes de autodeterminación. Por eso llama la atención y resulta pertinente preguntar, ¿cómo puede ser admisible a trámite por el Tribunal Europeo una cuestión prejudicial planteada por Gran Bretaña, país al que pertenece la citada ONG, siendo el país que ocupa el primer lugar con territorios no autónomos, incluido un territorio europeo, el Peñón de Gibraltar?

De otra parte, ¿qué valor jurídico puede tener la cuestión prejudicial en la justicia inglesa en el momento que Gran Bretaña decidió abandonar a la UE rompiendo su vinculación jurídica? También el Tribunal tendría que pronunciarse sobre la validez del Acuerdo de pesca en el momento de su entrada en vigor y no cuando le faltan solo pocos meses para su caducidad.

El dictamen del abogado general del Tribunal Europeo de Justicia, el belga Melchior Wathelet, que orienta a la justicia europea suele, en un 80 por ciento, ser adoptado por el Tribunal Europeo. Wathelet se pronunció a este respecto el pasado 10 de enero, considera a Marruecos como ocupante y por ello el mencionado Acuerdo tendría que ser declarado incompatible con la obligación de la Unión Europea de respetar el principio de la autodeterminación sobre el «territorio del Sahara Occidental y de sus aguas adyacentes».

El abogado Melchior Wathelet, es un gran jurista que obtuvo su Máster en Derecho por la Universidad de Harvard pero, también y principalmente, destaca como político. Eso hace muy difícil la separación de los intereses políticos del político para ceñirse a la objetividad que precisa un jurista. Entre los cargos políticos que ostentó Melchior Wathelet se pueden citar, el de Secretario de Estado, ministro y viceprimer ministro. Wathelet ha sido una persona controvertida sobre todo cuando fue ministro de justicia, según David Canter, Wathelet «alentó la liberación anticipada de muchos delincuentes sexuales», incluido Marc Dutroux, «un abusador de niños condenado y consecuente asesino en serie». Este caso en particular instó al Parlamento Europeo a que pidiera su renuncia. Wathelet habría estado implicado en una red de abuso de menores, según las denuncias de dos testigos separados a raíz del caso Dutroux que han sido referenciadas en medios de información. ¿En qué medida la sentencia del próximo 27 de febrero no está ya contaminada por el dictamen del polémico abogado Wathelet?

Caballero, la abogada colombiana, advierte que: «este precedente tiene repercusiones importantes ya que esto implicaría una reacción en cadena de demandas ante el Tribunal Europeo de Justicia. Así las cosas, cualquier asociación o movimiento que reclame la autodeterminación de un territorio, como por ejemplo los independentistas catalanes de Esquerra Republicana, podrían solicitar la nulidad de cualquier acuerdo ya sea comercial, de agricultura, de pesca etc. suscrito por la Unión Europea bajo el argumento que este ha sido incompatible con la autodeterminación de Cataluña». «Lo mismo podrían solicitar los kurdos, los tuareg y muchos más actores».

Un problema crucial se plantea en este caso y es ¿cómo la Unión Europea puede autoproclamarse, sin atentar contra la seguridad jurídica internacional y ante la indefensión de una de las partes contratantes, al presentarse, paralelamente como juez y parte? Como parte, cuando negocia mediante su Comisión la elaboración de acuerdos internacionales que son ratificados a través de su Parlamento y, como juez, a través de su Tribunal Europeo que anula los mismos acuerdos y de manera selectiva cuando le conviene. Además, y lo más asombroso, en ausencia de Marruecos, la parte firmante que debe asumir las nefastas consecuencias de una peculiar sentencia.

El abogado Melchior Wathelet sostiene en sus argumentos que la Unión Europea no forma parte de la ONU y no está sometida a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y, por otra parte, que el Acuerdo de pesca no ha previsto instrumentos de arbitraje, al parecer el argumento serviría como razón suficiente para que la UE sea juez y parte.

Este grave precedente, resultado de un calculado e interesado intento de judicializar las relaciones internacionales, no solo atenta contra la credibilidad de la UE, lo más grave es que sus acuerdos internacionales terminarían en una inaceptable inseguridad jurídica y sus relaciones, especialmente con los países en vía de desarrollo, serían manifiestamente inequitativos, atentando contra los principios establecidos en la Carta de la ONU.

Por último, habría que cuestionar ¿cómo la UE puede, por un lado, rechazar la aplicabilidad en el Sahara de unos compromisos contraídos y, por la otra, exigir de manera selectiva a Marruecos que cumpla con otros compromisos contraídos con ella, incluso aplicándolos en el mismo territorio del Sahara? Por ejemplo, en la lucha contra la emigración clandestina, el tráfico de drogas y el terrorismo. ¿La UE se presta a consentir al Polisario? El Frente Polisario, por las dudas, es una organización político-militar con antecedentes penales por actos terroristas cometidos contra ciudadanos europeos que se erigió como representante de una población sin haber recibido nunca mandato democrático alguno. La controversia o cuestión del Sahara está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU y, nótese que, el Consejo de Seguridad en ningún documento considera a Marruecos como ocupante. Ese es el argumento falaz con el que el abogado Melchior Wathelet, pretende justificar su injusto e interesado dictamen y con ello cae en la prevaricación, al tiempo que expone los intereses vitales de la UE y de Marruecos a serios peligros.

*Jamal Mechbal es jurista, ex diplomático marroquí y columnista en medios de España y Marruecos.

Artículo para CPLATAM -Análisis Político en América Latina-

Febrero, 2018