La propuesta de Gaviria abre la mesa de negociación con sectores de oposición en Colombia que están interesados en legitimarlo si supone para ellos una medida de salvación jurídica.
El proceso de paz no solo transcurre en La Habana. Otra parte de la negociación ocurre en Colombia. Cuando Santos plantea concesiones en La Habana, tiene que reparar tanto en si las Farc van a aceptarlas como en si la oposición en Colombia las considera legítimas.
Aunque, en teoría, el Gobierno puede firmar lo que sea con las Farc y las agencias estatales deberán proceder a implementar los acuerdos, estos solo tienen validez en el mediano plazo si un sector mayoritario de la política y la sociedad los aprueba. De otro modo, cuando la oposición llegue al poder podría desmontar lo acordado. Es suficiente con suponer un presidente uribista y un fiscal como Ordóñez para imaginar cómo sería ese escenario.
Las mismas Farc deberían preocuparse de que en la derecha acepten los términos de un eventual acuerdo de paz. Es una condición necesaria para garantizar su seguridad jurídica en el futuro. En ese sentido, la propuesta de Gaviria abre la mesa de negociación con sectores de oposición en Colombia que están interesados en legitimarlo si supone para ellos una medida de salvación jurídica.
Hasta ahora, la propuesta ha sido entendida como una ventana a la impunidad. Pero más bien es la introducción de un elemental principio de equidad. Dado que cualquier comandante de las Farc ha cometido delitos peores que cualquier empresario, político o simpatizante de los paramilitares o que la mayoría de los miembros de la Fuerza Pública, un tratamiento jurídico que implique una pena más severa para ellos no va a tener mayor aceptación.
A lo que invita la propuesta de Gaviria es, entonces, a que la sociedad y las fuerzas políticas discutan en la mesa de negociación en Colombia cuál va a ser el rasero de justicia transicional para todos los implicados, de derecha y de izquierda. Es decir, habrá que definir cuánta pena, cuánta verdad y cuánta reparación van a ser necesarias para aceptar el perdón de todas las partes.
Eso, si queremos la paz con las Farc. Lo otro es que desde la mesa en Colombia se decida que las exigencias de la guerrilla son inaceptables, de modo que la cúpula de las Farc en La Habana no acepte las concesiones del Gobierno y el proceso finalmente fracase. O que entre la izquierda y los santistas decidan que empresarios, políticos y militares deben recibir un tratamiento judicial distinto, de modo que lo que se firme durará hasta cuando la oposición gane las elecciones.
Gustavo Duncan
El Tiempo, (Bogotá) Febrero 26 de 2015
Deja una respuesta