No son bobos (salvo alguno de ellos que lleva un zapato por cabeza) así que ya se habrán dado perfecta cuenta: cuando esto haya terminado –y sólo quedan 101 sabatinas por delante– todo lo que están haciendo con determinación e impetuosa enjundia será deshecho con las misma ganas. Algunas cosas con más trabajo que otras, ciertamente, pero al final todo lo aprobado desde la Ley de Comunicación para acá, es decir una larga lista que incluye el Código Penal, las modificaciones al Código del Trabajo, las reformas tributarias, los aranceles, el ministerio de la felicidad con sombrero y anexos, la Supercom y sus perros, el Cordicom y sus semiólogos de intendencia, el Plan Familia con sus monaguillos, la confiscación de los fondos de cesantía privados, el desconocimiento de la deuda de la seguridad social, el mural de Pavel Égüez en la Fiscalía, todo eso entre otras cosas irá más o menos directamente a parar al tacho de basura. Encabezarán ese desfile, con certeza, los nuevos impuestos a la plusvalía y las herencias. Valiente revolución.
Para esto hay una explicación sencilla y no tiene que ver con la supuesta restauración conservadora, con la conspiración internacional de la derecha o con la CIA. La razón por la cual a la mayoría de políticas que el correísmo ve como logros de la revolución les queda poco más de 101 semanas de vida contadas a partir de la sabatina 426 fue explicada claramente por el propio presidente Rafael Correa en su informe a la nación del pasado 24 de mayo: es lo que podríamos llamar teoría correísta de la confrontación. Supone que la democracia y el consenso son conceptos excluyentes. Que la política entendida como el arte de ponernos de acuerdo es “ambigua y amorfa”. Que la unidad es “claudicación”; el consenso, “sometimiento”; “política light, política de mostrador”. Que “la democracia del consenso es una posición profundamente conservadora que niega justamente el pluralismo y el antagonismo, (…) el disenso”. Frente a ello reivindica el conflicto, “el derecho de indignarnos, el deber de confrontar”.
Quien opina de esta forma podrá saber mucho de economía, como presume, pero en materia de filosofía política es una nulidad. El consenso no sólo que no desconoce el pluralismo, el antagonismo y el disenso sino que los asume y los procesa: el consenso es necesario precisamente porque el disenso existe. Consensuar es ponerse de acuerdo y para ello hay que negociar. Y ceder. Por eso, consenso es consentimiento. Eso no es política light, es política en serio. Sin consentimiento no hay democracia. Sin consentimiento, el legítimo “deber de confrontar” se convierte en la ilegítima práctica de atropellar, lo cual es extremadamente fácil cuando se controla todos los órganos del poder. El problema es que cuando se pierde ese control total desaparece con él todo lo adquirido por su intermedio. Porque sólo el consentimiento produce cambios duraderos. La fuerza también, claro, pero para eso hay que quedarse en el poder por cincuenta años, como los Castro. Cincuenta años son 2.600 sábados. 101 resultan muy pocos.
Los nuevos impuestos a la plusvalía y las herencias que sin duda serán ratificados por la Asamblea Nacional tal y como los quiere el presidente son el mejor ejemplo de esta política del atropello que ciertamente no es light sino super heavy. El propio Rafael Correa reconoció en su mensaje a la nación que le habría gustado aprobar esos impuestos en el año 2009. ¿Por qué no lo hizo? Porque en ese entonces no disponía de una mayoría segura en el legislativo y le tocaba consensuar, cosa que le repugna y, por lo demás, ignora. Lo hace ahora que sus asambleístas son más, muchísimos más. Y no le importa que los efectos que produzca semejante política sean puramente reactivos.
La llamada Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, que contempla los impuestos a la herencia más altos del mundo, pretende transformar para siempre la estructura productiva nacional y la cultura económica de los ecuatorianos, cuya modalidad dominante de asociación productiva es la empresa familiar que dicha ley castiga. Uno pensaría que para cumplir semejante propósito se requiere de acuerdos mínimos y de elementales niveles de consenso, pues no hay manera de conseguir cambios culturales sin la participación de todos; o bueno, sí, hay una: a las patadas. Esa es la vía por la cual ha optado el correísmo: transformar la estructura económica del país y cambiar en su nivel más profundo la cultura productiva de los ecuatorianos con el único argumento del poder coercitivo del Estado. Como si tuviera 50 años por delante. ¿Y por qué quiere hacerlo? Porque al presidente no le gustan las herencias. Tal cual. Porque leyó un libro de Thomas Piketty o lo que fuera. Y no hay nada más peligroso que un libro leído por una persona que no lee libros, sobre todo si dicha persona tiene poder: Rousseau en manos de Robespierre da como resultado El Terror.
Obviamente, todos los posibles afectados por la nueva ley y muchos otros que posiblemente no lo sean se han puesto a la defensiva. El que menos está pensando en la manera de eludirla, sacar la plata a donde sea y como sea, abstenerse de invertir donde iba a hacerlo, mandarse a cambiar al extranjero… Si esto es beneficioso para la economía y la producción nacional no se alcanza a ver cómo. Por supuesto, el presidente insistirá en mostrarnos cifras según las cuales los nuevos impuestos a la herencia afectarán nada más que a un porcentaje mínimo de la población. No entendió nada: es lo que ocurre cuando un economista ignorante y nulo en materia de filosofía política decide, un buen día, leer un libro. Aunque sus cifras fueran correctas (cosa harto dudosa), la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza plantea un problema cultural, no estadístico; un problema que tiene que ver con la estructura mental de los ecuatorianos. Y un problema de esa naturaleza, si no es con tiempo y por la fuerza, sólo se soluciona de la manera que al presidente no le gusta: con consentimiento.
Por lo demás, el hecho de que a 101 semanas de concluir su mandato el presidente decida aplicar semejante tratamiento de shock a la sociedad ecuatoriana constituye un reconocimiento tan completo de su propio fracaso que nos pone a dudar a todos sobre la manera como debemos valorar la herencia correísta. Si la única manera de conseguir un nivel aceptable de equidad es imponer el impuesto sobre la herencia más alto del mundo, significa que todos los esfuerzos del Estado por recaudar y regular las actividades económicas no sirvieron para nada. Significa que ocho años de políticas públicas en el campo de la educación y la salud fracasaron también en su intento de ofrecer una educación y una salud públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para ricos y pobres (de no ser así, el vicepresidente Jorge Glas se haría atender en el hospital del IESS, no en el Metropolitano). Significa que, para lograr la equidad, hay que esperar a que se mueran los ricos. Tal cual. Y se aplaza para más tarde, debe entenderse, el tan cacareado cambio de la matriz productiva, la revolución tecnológica y el ingreso al mundo del conocimiento que dizque girarían en torno al elefante blanco de Yachay y que supuestamente iban a contar con la participación decidida del capital y la empresa privada, esa empresa privada que, en su gran mayoría, tiene una estructura familiar y, por tanto, se ha convertido hoy en el enemigo en fuga. Ni modo, en 101 semanas habrá que empezar todo de nuevo.
Valiente revolución.
Roberto Aguilar, Ecuador.
Estado de propaganda, junio 6, 2015
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