Fiscalía allana oficina del Colegio de Abogados de Pichincha para incautar equipos y documentos

Publicado en: Análisis, Ecuador, Justicia 0

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18/04/2015

En la mañana del viernes 17 de abril, la Fiscalía allanó las oficinas del Colegio de Abogados de Pichincha por orden de la jueza Janeth Chauvín, de la Unidad Judicial de Garantías Penales. Según la orden judicial se dispuso la incautación de computadores, laptos, cámaras fotográficas y de hasta las tarjetas físicas de los afiliados desde enero de 2011 hasta la actualidad.

“Practicado el acto urgente se designará disponer la pericia para establecer: El número de afiliados nacionales y extranjeros en el Colegio de Abogados de Pichincha desde enero de 2011 hasta la presente fecha. Determinar si cada uno de los afiliados ha presentado los documentos de respaldo para su afiliación en especial el registro del título del Senescyt y copia notarizada del título profesional”, dice la resolución.

El allanamiento se produjo después de la denuncia que pusieran seis abogados del mismo Colegio. Ellos argumentaron que en la nómina de afiliados de este gremio, que suman los 6.000, constan unas 40 personas que no estarían registradas en la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt).

Según el abogado Nelson Goyes, uno de los denunciantes, solicitaron un “acto urgente a Fiscalía para preservar información de la existencia de al menos 40 personas que no tienen registrado su título profesional en el Senescyt, pero que indebidamente se les entregó credencial del Colegio de Abogados de Pichincha, sin cumplir este requisito con la cual estarían ejerciendo la profesión de manera ilegítima”, escribió en Facebook.

José Alomía, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, dijo a Fundamedios que el allanamiento ocurrió después de que el pasado miércoles, el directorio del gremio disolviera la comisión que tenía a su cargo establecer buenas relaciones con el Consejo de Judicatura. La comisión, cercana al Régimen según Alomía, estaba integrada por los abogados denunciantes.

Para Alomía, este acto es una represalia del Consejo de la Judicatura al Colegio, cuyo voceros han denunciado y criticado lo que ellos consideran violaciones a la Constitución.

Prosecution raids offices of the bar association to seize equipment and documents

On the morning of Friday, 17 April, representatives of the Prosecutor’s Office raided the offices of the Bar Association of Pichincha by order of Judge Janeth Chauvín, of the Criminal Guarantees’ Judicial Unit. The court order mandated the seizure of computers, laptops, cameras and even the physical cards of affiliates from January 2011 until today.

“Once the urgent proceedings have been carried out we will proceed to establish: The number of national and foreign affiliates at the Bar Association of Pichincha from January 2011 until today. If every member has submitted supporting documents for his/her affiliation, in particular a record of the degree issued by Senescyt and a notarized copy of his/her professional qualification”, states the resolution.

The raid came after six members of the Association filed a formal complaint. They argued that the guild’s list of members, which numbers 6,000, includes 40 people who are allegedly not registered at the National Secretariat of Higher Education (Senescyt).

According to a Facebook message written by lawyer Nelson Goyes, one of the complainants, they requested “urgent action by the Prosecutor’s Office to preserve information about the existence of at least 40 people who did not register their professional qualifications at Senescyt, but nonetheless received a credential from the Bar Association of Pichincha without fulfilling this requirement, and therefore are practicing the profession illegitimately”.

José Alomía, president of the Bar Association of Pichincha, told Fundamedios the raid came after on Wednesday, the board of directors dissolved the commission that was responsible for establishing good relations with the Council of the Judiciary. The commission, which according to Alomía was close to the regime, was constituted by the complaining lawyers.

Alomía believes this action was carried out as retaliation by the Council of the Judiciary against the Association, whose spokesmen have denounced and criticized what they consider violations of the Constitution.

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