En defensa de la «intención electoralista»

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Los hechos ocurren pero el gobierno los minimiza aduciendo que tan solo existe un «aprovechamiento electoral» hecho por la oposición para sacar rédito. No es que el gobierno esté haciendo mal las cosas, dice, sino que hay una situación artificial creada por terceros. Con esta actitud, elude las responsabilidades que le corresponden. Porque más allá de las elecciones, los hechos siguen ocurriendo.

Lo alarmante es aplicar esta práctica aun para minimizar una delincuencia que termina con asesinatos. En su lógica, que hayan matado a un comerciante en el momento en que hacía un depósito de dinero no es tan grave como sí lo es el aprovechamiento electoral de esa situación que hacen los diferentes partidos de oposición. Para colmo, dentro del gobierno hubo quien estableció una «jerarquía» de asesinatos como si algunos fueran peores que otros y por lo tanto el grado de preocupación de la población debería variar según los casos.

Buscar «intención electoral» cada vez que la oposición cuestiona la manera en que el gobierno maneja lo referido a la seguridad implica despreciar al conjunto de la sociedad, más allá de cuáles sean sus preferencias políticas. Es ante la población que el gobierno debe responder cada vez que ocurre una situación de violencia, un delito o un crimen. Quienes están preocupados son los uruguayos comunes, que no saben ya qué hacer. Los partidos políticos en todo caso, con o sin intención electoral, tan solo reflejan y expresan ese temor cada vez más extendido.

Antes se echaba la culpa a una «sensación térmica» creada mediante «operativos mediáticos» como si los hechos informados por los medios no hubieran existido. Ahora no es que haya delincuencia, sino un «uso electoral» de la misma.

Pero lo real, más allá de electoralismos y operativos mediáticos, es que la gente está asustada. Y no solo porque ve en la televisión a un comerciante asesinado o porque escucha a un candidato cuestionar las malas políticas oficiales, sino porque a esa misma gente le pasaron cosas similares. Vivió situaciones dramáticas, de angustia, de zozobra, que nunca fueron informadas por la televisión y de las que nunca se enteraron los políticos. Cuando esa gente mira los noticieros y escucha a los opositores, siente que al hacer referencia a un caso muy notorio, ella abarca también a todos aquellos que no fueron difundidos por la prensa.

La inseguridad alcanzó tales niveles que todos los partidos incorporaron en sus programas propuestas para aplicar en caso de llegar al gobierno. La oposición no es una única entidad y sus diferentes grupos ofrecen soluciones que no siempre coinciden. En estos días, los dos grandes sectores blancos están negociando algunas diferencias que tuvieron durante las internas para plasmarlas en un plan común. A su vez, la propuesta de Pedro Bordaberry de rebajar la edad de responsabilidad criminal no es acompañada por toda la oposición. Hay blancos que la apoyan y blancos que no y el Partido Independiente se opone a ella.
Lo que la oposición sí tiene claro es que hay allí un inmenso problema que exige ser afrontado. Y lo tiene claro no solo por razones electoralistas, sino porque realmente lo hay.

Sucede lo mismo con el caso Pluna. Para el gobierno el tema fue puesto sobre la mesa por puros motivos electorales. Sin embargo, es el propio gobierno el que se encarga, día a día, de hacer estallar una bomba respecto a un lío que necesariamente llama la atención. Sí, claro, genera escándalo. Pero ese escándalo lo es en su esencia misma, no porque el periodismo se haya ensañado o la oposición busque votos.

El segundo punto a analizar sobre esta tesis oficial se resume en una pregunta: y si la intención fuera «electoralista», ¿cuál es el problema?
Una campaña electoral implica que quien está en el gobierno quiere renovar la confianza que se le otorgó cinco años atrás y que quien está en la oposición sostiene que esa confianza se perdió y que su alternativa es mejor. ¿Sobre qué bases se apoya cada uno?

Básicamente, cada parte cree que sus propuestas y convicciones son mejores y presume que la gente las apoya. Si esto último es efectivamente así, lo dirán las urnas.

Por lo tanto, cuando un partido cuestiona la política del gobierno en temas de seguridad ciudadana, en educación o respecto a Pluna, es porque entiende que expresa el sentir de mucha gente. Y eso obliga al gobierno a explicarse, a defenderse, a convencer o, en caso contrario, a rectificar su rumbo. Todo lo cual es bueno y así funciona una democracia.

Lo que la gente puede y debe exigirles a los partidos opositores es que tengan buenas alternativas, que desarrollen programas o planes para enderezar lo que ellos consideran que está torcido. Y que sean viables, es decir, que su ejecución sea posible y no mera retórica. Esto determinará si vale la pena que haya rotación de partidos en el gobierno, en una coyuntura donde el Frente Amplio parece haber sufrido un notorio desgaste tras dos períodos consecutivos al frente del Ejecutivo.

Si se tiene en cuenta que en educación y seguridad el Frente erró desde el comienzo, la oposición tuvo tiempo de armar buenas respuestas. Es paradójico que hoy el Frente acuse a sus contrarios de hacer «electoralismo» con la educación. Estando ellos en la oposición, se dedicaron a bombardear todo lo que se hiciera en esa área porque en realidad, decían, solo ellos tenían la solución. Cuando asumieron en 2005 se descubrió que no había ni una sola sólida propuesta. Solo atinaron a darles poder a los sindicatos, que serán buenos para lograr mejores sueldos y condiciones de trabajo, pero no para «gestionar» la educación, al no ser ese su objetivo.

Si se observan las diferentes propuestas partidarias que cuestionan al gobierno, hay ideas. Algunas son más generales, otras más precisas. Algunas denotan un buen conocimiento de la realidad pero otras reflejan que el tema fue estudiado hasta la minucia.

Lo mismo puede decirse respecto a la seguridad. Las cosas no estaban bien cuando el Frente asumió, pero se transformaron en un desastre ya en el gobierno de Tabaré Vázquez. La propuesta del «sí a la baja», más allá de las diferentes opiniones que genera, obligó al gobierno a tomarse el problema en serio, pese a que lejos está de resolverlo. El «electoralismo» sirve porque presiona a hacer cosas. Y, además, porque quien gane estará obligado no solo a cumplir lo prometido, sino a mostrar resultados, si lo realizado sirvió para algo y dejó satisfecha a la ciudadanía.

Por lo tanto, la excusa de que el contrario actúa por simple interés electoral no tiene asidero. Aunque lo haga por ese motivo, es buena cosa. No sirve entonces usarla como coartada para no rendir cuentas y eludir responsabilidades. Sobre eso, alguien, en algún momento, pasa la cuenta.

Por Tomás Linn

SEMANARIO BÚSQUEDA Nº 1773 – MONTEVIDEO, 17 AL 23 DE JULIO DE 2014

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