El malestar militar

Un tren sí puede ocultar a otro. “Testimonio de un Comandante”, el libro del general Ernesto González, ha sido ampliamente comentado por lo que escribe sobre el 30-S: no hubo intento de golpe, el Presidente no estuvo secuestrado y fue él quien ordenó el rescate a su ministro de Defensa…

Otra vertiente, la más voluminosa en el libro, concierne la relación de Fuerzas Armadas con el Gobierno. ¿El ex jefe del Comando Conjunto envía un mensaje? Una pista en esa dirección se halla en la página 47. Refiriéndose a un discurso de otro general en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, González hace este apunte: lo preparó “para dar un mensaje a una promoción de subtenientes que se graduaba y también quiso enviar un mensaje a la clase política…”.

Su libro cumple con esa premisa. Mensaje no es advertencia: el general escribe con guante de seda. Formalmente su libro contiene profusión de errores que lo lastiman. Políticamente, es el acopio más completo –viniendo de un militar– sobre la relación del correísmo con la institución armada. Y tras leer las 238 páginas, es ineludible concluir que hay un malestar cierto entre los militares. Estos son los motivos que se encuentran en el libro:

  1. Un Presidente ausente: Rafael Correa –dice el general– tiene poca participación y presencia en las actividades de las Fuerzas Armadas.  Las “reuniones de trabajo para analizar la situación militar han sido muy escasas y siempre a pedido de los comandantes” (…).  “Con el alto mando actual se reunió después de que asumió funciones “dejando entrever el poco interés de tratar los temas con el alto mando militar”.
  2. Ministros sin formación:el general es avaro en información en este tema. Apenas se refiere a la labor de los ministros Guadalupe Larriva, Lorena Escudero y Wellington Sandoval. De Lorena Escudero dice –citando al Presidente–que fue nombrada por su condición de mujer y de azuaya… Nada dice –por fuera de unas líneas biográficas– de Miguel Carvajal y María Fernanda Espinoza. Su conclusión explica su ostensible decisión de no hablar del tema: reconoce la buena voluntad de esos funcionarios… pero escribe que “ha existido y existe poca formación del personal civil en temas relacionados con la seguridad y la defensa”. ¿A buen entendedor?

Javier Ponce tiene derecho, en esta parte, a algunos párrafos. El general le reconoce atributos pero evade hablar de los desacuerdos que dicen haber tenido “sobre muchos temas”. Habla de la evolución que sufrió Ponce en su manera de ver las FF.AA. pero no lo perfila como lo que fue: el número uno del ministerio.

  1. Más control político que técnico:según el autor, el número de cuadros civiles ha crecido en el Ministerio de Defensa. No lo explica por la formación y profesionalización de los civiles en temas militares sino por “la decisión política de incrementar el control civil sobre las Fuerzas Armadas”. Y acusa a las personas que han tenido ese manejo político de haber mantenido el Alto Mando militar relativamente alejado del Ejecutivo. Su conclusión: “se ha logrado un control político de las FF. AA. pero no una verdadera administración de la seguridad y defensa del Estado”.
  2. Las FF.AA. involucradas en tareas ajenas:el general cree que eso contraría “la naturaleza propia de la institución”. Cita ejemplos: el desalojo de tierras, el control de cachinerías, la lucha contra la delincuencia común y otras…  Él ve el riesgo de desprestigiar la institución como producto del “uso excesivo de la fuerza” y la pugna que esto suscita entre instituciones.
  3. Cambios sí; politización no:el general se refiere a este capítulo de manera directa al país o lo relaciona con lo que ocurre en otros países de América del Sur. Si el Estado requiere cambios en la visión o en la misión de Fuerzas Armadas –escribe–  no deberían ser producto de intereses políticos transitorios. “Lo que no es correcto es el manejo político que se trata de impulsar y mucho menos adecuado sería politizarlas”. Él pide que se hable con los miembros de la institución militar y que se debata, por ejemplo, “¿cuándo y hasta dónde deben actuar las Fuerzas Armadas en seguridad interna? ¿Con qué medios deben actuar? ¿Bajo qué autoridad?”. En todo caso recuerda que los militares están totalmente ajenos a los vaivenes políticos y se deben al Estado. “Es muy complejo y peligroso que al interior de los cuarteles entre el proselitismo político (…)”.
  4. No al Código Orgánico de Seguridad Ciudadana:el general califica de “propuesta inconsistente” la disposición, según la cual, de manera voluntaria, “los miembros de FF. AA. en servicio activo que deseen, puedan formar parte de las entidades de Seguridad Complementaria de la Función Ejecutiva”. Inconsistente es, a sus ojos, convertir las Fuerzas Armadas en Policía. Él antepone no solo su función sino la preparación de los militares. “Son procesos permanentes para formación, organización, entrenamiento, equipamiento de Fuerzas Armadas”. Para él el planteamiento del gobierno “es igual a tener unas fuerzas paramilitares que llegarían a tener casi todas las particularidades que tienen las FF. AA.”
  5. Discurso versus realidad:el general toca, en forma excepcional, el caso de la Base de Manta.  Según él, el gobierno para suplir la salida de equipos y personal de Estados Unidos “ha equipado la fuerza naval con lanchas rápidas y aviones no tripulados (…) pero por el número y alcance y/o autonomía muy limitados si los comparamos con lo inmenso que resulta el mar territorial, el accionar no es el mejor”. Más adelante concluye: “Los carteles de la droga saben que por más esfuerzo que se realice, con el déficit de medios que tiene el Ecuador, nunca el control será como cuando estuvieron los norteamericanos”.
  6. Justicia injusta contra los militares:el general dedica 20 páginas a un proceso que él califica de “indignante, desconcertante y doloroso (que) sigue a pesar de los argumentos de la defensa”: el juicio que se sigue contra militares a raíz de la investigación que hizo la Comisión de la Verdad. Esta fue creada en 2007 por decreto Ejecutivo para esclarecer las violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno de León Febres Cordero.

El general cuestiona el informe final por ser visto en la institución armada como “parcializado” y no haber incluido peritos militares y, en cambio sí, asesores de los demandantes.

Lucy Blasio, la jueza que llevó el caso, es criticada. Por haber dicho que “se ha organizado una empresa Militar del Crimen”. Y por haberse referido al Estatuto de Roma que, según el general, alude a genocidios. “Lo cual es totalmente desproporcionado con los hechos que se investigan”.

El general no entiende cómo se puede comparar lo que ocurrió de 1984 a 1988 con dictaduras feroces en otras países. Y cómo pueden acusar a Fuerzas Armadas de crímenes de Lesa Humanidad. Los militares de esa época actuaron, según él, dentro del marco jurídico y sufren una evidente injusticia.

En su libro, el general González recuerda la tradición militar en el país que consiste en no diferenciar tareas de defensa y de desarrollo. La estrategia militar, como se sabe, incluye estar cerca de la población. En los hechos, ser aliados. Eso explica por qué los militares prefirieron retirar su apoyo a gobiernos (que se cayeron), en vez de reprimir. Se respetó la tradición –escribe refiriéndose al gobierno de Gutiérrez– de “no afectar a la población más bien protegerla” (…). Un recuerdo histórico que más parece un mensaje enviado a la clase política.

Del libro del general González también emana cierta nostalgia por el rol que perdieron los militares en este Gobierno: ser garantes, protectores de la democracia y de los derechos ciudadanos. En ese punto, el gobierno de Rafael Correa dio un paso en la buena dirección. Pero al prescindir del diálogo institucional e informal con la sociedad, se ha retrocedido en los esfuerzos que se hicieron antes de su gobierno para acercarse a las Fuerzas Armadas.

Ahora bajo el correísmo –por lo que escribe el general González– hasta el Presidente está lejos de conocer y entender a los militares.

José Hernández, Ecuador.

Sentido Común, febrero 24, 2015.

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