Evo Morales ganó su tercer mandato gracias al éxito de un modelo económico basado sustancialmente en la exportación de materias primas a unos mercados ávidos de ellas y por tanto dispuestos a comprarlas a precios récord. Por esas cosas de la vida, que nunca quiere mostrarnos un rostro completamente auspicioso, la noticia del triunfo de Morales coincide con la novedad, proveniente de los mercados mencionados, sobre cierta caída, todavía no muy aguda, de dichos precios, a consecuencia de la ralentización de la economía china y las dificultades de las economías desarrolladas para salir de la crisis que las agobia desde 2008.
Las perspectivas que estos hechos abren nos son desconocidas. Las autoridades se apresuraron a tranquilizar al público: los efectos de la leve caída del precio del barril de petróleo no afectarán de inmediato las previsiones de ingresos gasíferos –han dicho–, pues este valor solo sirve como referencia de largo plazo en el cálculo del precio de venta del gas boliviano a Brasil y Argentina. Por otra parte, se supone que el precio del petróleo no caerá excesivamente en ningún momento del futuro. El descenso de los precios mineros también ha sido entusiastamente menospreciado por los pequeños productores de las “cooperativas” que practican una suerte de “minería de subsistencia”; el estaño se encuentra en algo más de 8 dólares la libra fina (luego de haber estado en algo más de 12) y, según las “cooperativas”, 6 dólares por libra es un precio suficiente para que funcionen con cierta rentabilidad. Sin embargo, las empresas mineras estatales, cuyos gastos de producción son mayores, no pueden decir tanto como eso.
En todo caso, la principal amenaza para el modelo económico “evista” sigue siendo la dificultad de reponer las reservas gasíferas del país, ya que esta operación requiere ingentes inversiones de las empresas petroleras extranjeras, escaldadas con la nacionalización y actualmente poco interesadas en invertir en la riesgosa actividad de exploración de nuevos yacimientos bajo el mismo esquema impositivo que se aplica a su trabajo en los yacimientos ya descubiertos.
El desafío gasífero del tercer mandato de Morales puede expresarse pormenorizadamente en 13 puntos.
1. Cuánto gas hay.- Las reservas probadas son de 10,4 trillones de pies cúbicos (TCF). Esto, con la demanda actual, se agotará en diez años más (reconocido por el Presidente: “alcanza –dijo Morales el 22 de julio– hasta 2025”).
2. El debate sobre las reservas.- La medición de las reservas es objeto de debate político, porque se basa en información de las empresas productoras y en estudios de campo, los cuales necesariamente son parciales. No es como calcular el saldo de una cuenta de banco. Sin embargo, en general menos reservas indican una menor dinámica de exploración.
- En 2005, la empresa canadiense DeGolyer & MacNaughton certificó que Bolivia contaba con 26,7 TCF. Al siguiente año, el 2006, dijo que las reservas cayeron a 12,8 TCF.
- YPFB canceló el contrato con De Golyer and MacNaughton por disminuir las reservas. Ahora el presidente de YPFB, Carlos Villegas, (“No mentirás”, PAT, del 15 de agosto de 2014) dice que las reservas de 2005 fueron infladas para mejorar la cotización en la bolsa de las empresas petroleras extranjeras que, en el régimen previo a la nacionalización (1 de mayo de 2006), usufructuaban de ellas.
- No se hicieron mediciones hasta 2010. En esa fecha, la norteamericana Ryder Scott estableció que las reservas solo alcanzaban a los 9,9 TCF.
- La última medición, de 2014, fue realizada por la canadiense GLJ Petroleum Consultants, y arrojó como resultado los ya mencionados 10,4 TCF.
3. Durante este Gobierno casi no se ha encontrado gas.-
- Aunque la información del sector no es transparente, se puede decir que, de las reservas actuales (10,4 TCF), el 80% se descubrió antes de 2006. Este porcentaje se encuentra en los “megacampos” de San Alberto, Itaú, Sábalo y Margarita, todos previos al Gobierno de Morales.
- Durante este Gobierno solo se probó reservas por alrededor de 2,4 TCF, la mayor parte en la estructura Incahuasi, en la cual opera Total, Gazprom y Tecnopetrol. En esta misma estructura, Total y Gazprom están haciendo la prospección más interesante de este momento: el bloque Azero. Esta estructura se ubica en un área “tradicional” de la industria, y fue descubierta en 2004 por el pozo de exploración ICS-X1. Por tanto, lo avanzado bajo este Gobierno no constituye un verdadero “salto” en el descubrimiento de reservas.
- Durante siete años (2006-2013) se perforó solo 20 pozos, una cantidad muy baja para un país eminentemente extractivo.
4. Bolivia necesita encontrar más gas.- El argentino Daniel Monzón de la consultora internacional WoodMackenzie, en el IV Congreso de Gas, en Santa Cruz (mayo de 2014): «Si Bolivia no incrementa seriamente sus inversiones no podrá sostener su nivel actual de exportaciones al Brasil y Argentina en el largo plazo».
5. Se tiene que buscar ahora mismo.- La exploración debe hacerse con anticipación porque se requiere entre cinco y diez años para encontrar y, si se encuentran, para poner en condiciones de explotación a los yacimientos.
6. En 2013 el Gobierno se dio cuenta de la gravedad de la situación.- Por esta razón, firmó contratos de exploración la rusa Gazprom, la francesa Total, la brasileña Petrobras y la británica BG. Otras áreas ya venían siendo exploradas por la estatal boliviana YPFB, en ocasiones asociada con la venezolana PDVESA. Hoy están en exploración 47 áreas.
7. El Gobierno quiso dar “atractivos incentivos” a las empresas.- Las condiciones actuales son buenas para las empresas que ya tienen yacimientos (en especial los “megacampos”), pero no son buenas para explorar. Por eso, en mayo de 2013, en el III Congreso Internacional de YPFB Gas y Petróleo, en Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció: “En las siguientes semanas se emitirá el decreto que establece incentivos muy importantes para las empresas operadoras, las empresas de servicios para que se animen a la actividad exploratoria de manera intensiva en el país”. (Fuente: Página oficial de YPFB).
8. García Linera dijo que los incentivos serían “una rápida recuperación de la inversión”.- “Estos incentivos atractivos (que se han definido en función de tipo de campos) ayudarán al inversionista que hace un servicio al Estado en una rápida recuperación de la inversión para luego adecuarse a las reglas de distribución, de ganancias que establece la Constitución y las leyes”. (Fuente: Página oficial de YPFB).
9. En aplicación de esta idea, el Gobierno tentó el diferimiento de los gravámenes actuales.- El 9 de septiembre de 2013, Villegas planteó a la Federación de Asociaciones Municipales la postergación del pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y regalías a las gobernaciones y municipios de tres a cinco años para nuevos campos que entren en operación. Este planteamiento forma parte de los cuatro incentivos que daría el Gobierno para la exploración de nuevas reservas de gas. (Fuente: La Razón, 10 de septiembre de 2013).
10. El Gobierno no aplicó los incentivos planificados.- Estos anuncios de estímulos fueron rechazados por distintos sectores, en especial por las gobernaciones de los departamentos productores de gas, Santa Cruz y Tarija. Este hecho y otras consideraciones políticas llevaron al Gobierno a postergar los incentivos hasta después de las elecciones de este año. Hoy día el Ministerio de Hidrocarburos sigue hablando de ponerlos en vigencia, pero como veremos esto se ha complicado por el debate que sobre esta cuestión se produjo durante las elecciones.
11. Hoy se hace poco en exploración.- Si nos atenemos a las evidencias, hoy el esfuerzo de exploración es insuficiente para encontrar gas. Solo se explora 47 áreas de 180 posibles, el 26% del territorio con potencial gasífero. La inversión es pequeña. El “Plan de Exploración 2011-2020” de YPFB es de 1.800 millones de dólares, lo que da alrededor de 200 millones de dólares por año. La inversión total de YPFB de 2014 será de 1.860 millones de dólares, pero sólo 227 millones están destinados a exploración, como muestra el siguiente cuadro oficial:
Probablemente el anuncio que hizo Carlos Villegas durante la campaña electoral de que YPFB y las empresas privadas invertirían 3.000 millones de dólares en exploración fuera un invento destinado a responder a las críticas del opositor Samuel Doria Medina sobre este tema, ya que ningún documento de YPFB anterior al debate contempla esta cifra.
12. El problema de la industria: no hay condiciones para explorar.- El ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos cree que se necesita una inversión de unos 5.000 millones de dólares de inmediato para que el gas no se acabe en 10 años más. El país no tiene una suma de este tamaño para “apostarla” en inversiones de altísimo riesgo como son las de exploración (eso 5.000 o aún más millones pueden terminar en la nada). Al mismo tiempo, las multinacionales son reticentes a hacer grandes inversiones en exploración para que, si encuentran yacimientos, tener que pagarle al Gobierno alrededor el 66% de la producción. (Este es el porcentaje calculado por el ex ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli; hay un debate sobre el mismo, pero aquí no podemos entrar en él; en todo caso, la línea que se opone a Medinaceli, que es la del Gobierno, fija un goverment take todavía mayor: 87% de la producción)
13. El debate electoral con Doria Medina complicó el desafío de atraer inversión privada.- Durante la campaña electoral, el opositor Doria Medina dijo lo mismo que el Gobierno de Morales había señalado en 2013, es decir, que Bolivia necesita aprobar incentivos para atraer inversión en exploración de gas, de modo que éste no se acabe en 2025 y tendencialmente se descubra los 60 trillones de pies cúbicos que probablemente tiene bajo tierra el país. El incentivo que planteó Doria Medina para los contratos con empresas que hicieran nuevos descubrimientos consistía en limitar la parte del Estado a la carga impositiva de la Ley de Hidrocarburos actual, que pone unas regalías de 18% y un impuesto de 32% de la producción, lo que permitiría entregar el restante 50% a las compañías privadas (“contratos 50-50”). Tanto el Gobierno como el MAS usaron esta declaración para mostrar a Doria Medina como un peligro para la economía nacionalizada (spot del Ministerio de Comunicaciones difundido en agosto de 2014), puesto que planteaba rebajar los ingresos estatales de los contratos gasíferos, del 87% al que supuestamente ascienden, a un 50%. Este ataque tuvo gran efectividad electoral, pero a esta altura puede convertirse en un bumerán. En efecto, ha hecho políticamente más difícil la concreción de la política de incentivos que el Gobierno tiene la intención de ejecutar desde hace bastante tiempo, pero a la que no se ha atrevido por miedo a la reacción política que cualquier concesión a las petroleras –durante tanto tiempo caracterizadas como “saqueadoras” y sobornadoras de los políticos “de la derecha”– pueda tener. Luego del ataque a Doria Medina, resulta bastante difícil que estos incentivos signifiquen, por ejemplo, la concesión a las compañías privadas de utilidades superiores al 13% promedio que ahora reciben (si no se cuenta los “gastos recuperables” en los que las firmas incurren durante el proceso extractivo y que el Estado les devuelve cada año). Con lo que es posible imaginar que si el Gobierno finalmente aprueba unos incentivos, estos resultarán ineficaces para su propósito, es decir, carecerán de atractivo real para las empresas, o, en otro caso, que funcionarán como un camuflaje para esconder los arreglos reales y oscuros a los que hipotéticamente ambas partes podrían llegar.
*Fuente: Página oficial de YPFB.
Fernando Molina para ENERGÍABolivia
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