Como tantas otras veces, la ronda de ataques se repite. Solo que esta vez añaden un ingrediente nuevo. Una y otra vez se cuestiona la labor hecha por algunas instituciones privadas de enseñanza en zonas marginadas de Montevideo. Las críticas revelan envidia por lo que hacen y buscan impedir que continúen. Nunca se propone que el Estado haga lo mismo o mejor. Ahora, además, cuestionan la forma en que estas instituciones se financian.
Les irrita que estos liceos y centros reciban tantas donaciones. Tampoco les gusta que algunas empresas se beneficien de ciertas exenciones impositivas por hacerlas. A su entender, no es justo.
Que haya tales exenciones no quiere decir que las empresas no pagan impuestos: simplemente pagan un poco menos. El mecanismo, por otro lado, es usado en muchos otros países y de modo más extendido que en Uruguay. Por lo tanto, no hay nada extraño en ello, a no ser que los cuestionadores desconozcan la lógica detrás del mecanismo, o simplemente tengan reparos “ideológicos” con ellos.
En los últimos tiempos surgieron estos centros de enseñanza, algunos formales y otros concebidos como apoyo, que actúan en barrios marginados, e incluso uno en el litoral. Muchos son religiosos, otros no. El Jubilar lo es, el Impulso no. En Casabó funciona el Providencia. Dos son del Opus Dei (el Centro CADI y Los Pinos), Los Tréboles es manejado por los ex alumnos del colegio Christian Brothers y un grupo de monjas franciscanas. Con otros objetivos y en similar línea, trabajan en zonas complicadas, los salesianos y la orden de las teresianas. También hay iglesias protestantes actuando, así como organizaciones sociales no religiosas.
Está en la naturaleza de dichas instituciones brindar estos servicios y por esa razón tuvieron rápida acogida y fuerte impacto. Había allí un vacío enorme y una demanda que no encontraba la debida respuesta en el Estado. A veces era por ineficiencia burocrática, a veces por rigidez estructural y otras por una deliberada decisión de no recorrer esos caminos obvios.
Debería alegrar que estos centros, con todas sus limitaciones, hayan dado una rápida respuesta y estén trabajando en una acotada pero imprescindible tarea de promoción social.
El argumento de que algunos responden a iglesias y por lo tanto atentan contra la tradición laica del país, no es de recibo. La Constitución permite a cada uno elegir la educación que considera mejor para sus hijos. Nada dice que el Estado deba tener el monopolio. Por cierto, al contar con dineros públicos, es natural que la educación básica que brinda sea obligatoria, gratuita y laica. Pero eso no impide que otros hagan lo suyo con plena entrega y convicción.
Es verdad que algunos de estos liceos tienen cupos de ingreso pero no para discriminar o quedarse con los mejores. Tan solo es porque no caben más. Al ser gratuitos pero no públicos, deben buscar recursos en otros lados que son, como bien se sabe, finitos. El uso de algunas generosas donaciones debe ser planificado para el largo plazo. No se trata de conseguir mucho dinero de golpe y usarlo todo en un par de años. La creación de un segundo liceo en la misma zona buscó disminuir una creciente demanda insatisfecha.
Más allá de los argumentos, el enojo de algunos dirigentes políticos es porque estos centros hacen bien las cosas y el Estado no. No es que el Estado no pueda hacerlo. Sería bueno que a lo ya existente en el terreno privado, se sumaran también liceos estatales diseñados sobre premisas similares. No serían centros masivos y deberían contar con un cuerpo docente elegido con cuidado por su experiencia específica y por tener un concepto de “misión” respecto a la tarea.
Claro, hay una telaraña de reglamentos, disposiciones, normas y prejuicios, que impiden que el Codicen salga de su estructura establecida e innove en este terreno. Sus criterios y su forma nociva de entender el concepto de inclusión, van por otro lado y responden a una visión diferente y no tan clara.
Por eso las donaciones van a los institutos privados. Sus resultados se ven, dan cuenta de lo que hacen, hay éxitos, fracasos, satisfacciones y frustraciones a la vista. Los proyectos funcionan, sirven.
Todo el país paga impuestos y una parte va a una educación pública renuente a rendir cuentas. Es más, hay fastidio oficial cuando alguien reclama ver cifras y estadísticas, cuando alguien pide que desde el Estado se muestre lo que se hace.
Normas más recientes permiten que ciertas donaciones puedan hacerse a cambio de alguna quita tributaria. No es que los donantes dejan de pagar impuestos, tan solo pagan un poco menos.
Eso enoja a algunos dirigentes frentistas que creen que hay trampa. Sin embargo, se trata de un instrumento usado en todo el mundo y que va más allá de donaciones a algunos centros educativos. Además de poner plata para escuelas, también se vuelcan fondos a universidades públicas o privadas, a centros de investigación en ciencias duras o ciencias aplicadas, en medicina y tecnología, para obras sociales y grupos que defienden los derechos de minorías, para el desarrollo de las artes y las letras. La lista es interminable.
La tesis es que el gobierno, con el dinero recaudado con impuestos, dispone sus prioridades respecto a estos mismos temas mencionados arriba. Pero es posible que haya ciudadanos que por su cuenta, en forma individual o como miembros de una iglesia o de una organización, o como integrantes de una empresa, tengan otras prioridades.
Ese derecho a tener prioridades diferentes y esa libertad a dirigir recursos a otros proyectos que no son del Estado, se estimulan con la exención impositiva. El Estado entiende que está bien que así sea, que no puede abarcarlo todo y que no, sobre todo, debe tener monopolio. Por lo tanto alienta a que la sociedad, sus integrantes y organizaciones, también hagan lo suyo.
Ese es el sentido de las exenciones. Parten del supuesto que al haber un movimiento de donaciones hacia esos objetivos alternativos, el dinero cumple el rol de los impuestos. Por lo tanto se otorga esa compensación que respeta la libertad y la diversidad.
Por eso las quejas escuchadas en estos días, sobran. Reflejan, inconsciente o conscientemente, el deseo de abordarlo todo, de monopolizarlo todo, de tener todo bajo control.
Lo sabio es abrir el juego, que en este caso ayudará a extender una mejor calidad de educación a generaciones que sabrán hacer buen uso de esos instrumentos, dadas las desiguales condiciones en que viven.
Es la sociedad la que está dando respuestas a situaciones dramáticas. Es la gente común que por su cuenta o desde empresas y organizaciones vuelcan su esfuerzo, su conocimiento o su dinero a estos emprendimientos. ¿O es que acaso, la gente, organizada o en forma individual, no es parte de un mismo país?
Por TOMÁS LINN, SEMANARIO BÚSQUEDA
Agosto 2, 2015
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