Corte Constitucional deja sin efecto sentencia que declaró inocente a periodista

logofundamedios

Jueves, Diciembre 11, 2014 – 18:15
Pichincha

El 13 de noviembre de 2014 la Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia de la Corte Nacional de Justicia que declaró inocente al periodista Freddy Aponte en el proceso que por insolvencia fraudulenta siguió en su contra José Bolívar Castillo, Alcalde de Loja. Este proceso se siguió tras el no pago de una indemnización de aproximadamente $55 000, producto de un juicio anterior por daño moral que a su vez se derivó de otro juicio por injurias.

La Corte Constitucional declaró “la vulneración constitucional al debido proceso en su garantía de la motivación” y, como medida de reparación integral, dispuso dejar sin efecto el fallo emitido por la Corte Nacional de Justicia, el pasado 26 de marzo de 2013. La Corte Constitucional no dio más argumentos jurídicos.

En la casación, que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es la última instancia, la Corte Nacional sentenció en favor del periodista al enunciar que “la decisión del juez civil (de primera instancia) que declara la insolvencia de Freddy Aponte no existe” y que esta es “un requisito sine qua non para dar inicio a la acción penal”. En diálogo con Fundamedios Aponte calificó como “insólita” la decisión de la Corte Constitucional.

En segunda instancia, Aponte había sido condenado a cinco años de prisión, luego de que se ratificara la condena de primera instancia dictada por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de esa ciudad. Cabe recordar que el primer proceso que originó los juicios posteriores en contra del periodista ocurrió en junio de 2007, cuando Castillo acusó a Aponte de supuestamente haberlo llamado «ladrón» en su programa de opinión Primer Plano de Radio Luz y Vida. Desde el inicio de los procesos, el comunicador cuestionó los fallos condenatorios de los tribunales locales, acusando de vinculación familiar entre su acusador y los jueces que tramitaron sus casos y que podrían haber influido en sus sentencias. Aponte también ha reiterado que es víctima de una constante persecución por parte del funcionario.

Con su resolución, la Corte Constitucional, dispuso que otra sala especializada de lo Penal de la Corte Nacional conozca y resuelva el caso.

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