Asambleísta de gobierno presenta Ley Marco de comunicación para Latinoamérica

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Martes, Julio 29, 2014 – 17:30
Pichincha
El 26 de julio de 2014, el asambleísta Octavio Villacreses, del partido oficialista Alianza PAIS presentó ante el Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino) en Panamá, una Ley Marco de Comunicación, la cual plantea que la comunicación es un servicio público que debe estar regulado bajo un “órgano supervisor” estatal, así como criterios de “veracidad” y “transparencia” asociados a la actividad comunicacional.
El proyecto –que fue presentado en el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del Parlatino- contiene 18 artículos divididos en cinco capítulos sobre: Disposiciones Generales; La Comunicación Social; De la Cultura; Grupos de Atención Prioritaria y Mecanismos de Control, que se basan en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, la cual ha sido cuestionada por los principales organismos internacionales de protección de la libertad de expresión porque atenta contra los principios esenciales que protegen este derecho humano fundamental y ha sido demandada por ser contraria a la Constitución.
El artículo 6 de esta Ley Marco define a la comunicación social como “todo tipo de expresión retransmitida por un medio de comunicación; esta deberá contener mensajes transparentes y veraces a toda o una parte de la sociedad” , mientras que el Artículo 16 plantea que “La Comunicación social constituye un servicio público, por ello los estados parte, deberán crear un órgano de supervisión que vele por el cumplimiento de los postulados establecidos en la Ley…”
En la disposición final también se plantea que dicha Ley entraría en vigencia a partir de su aprobación por parte Parlatino para servir de insumo en la estructuración de una Ley de Comunicación en cada uno de los 23 países miembros.
El concepto de un organismo de supervisión fue creado en la LOC de Ecuador a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación. De igual manera, la noción de que la comunicación es un servicio público ya se contempla en la legislación ecuatoriana a lo que hay que sumar la intención de los asambleístas oficialistas, de incluir este concepto dentro de la Carta Magna, a través de un paquete de “enmiendas constitucionales”. Los criterios de veracidad están en la Constitución ecuatoriana, pero son contrarios a los estándares internacionales.

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