Miércoles, Septiembre 24, 2014 – 15:45
Pichincha
Tras las protestas desarrolladas el pasado 17 de septiembre de 2014 -en la que sindicatos obreros y diversas organizaciones sociales se manifestaron en contra de algunas políticas del gobierno- más incidentes ocurrieron en los días posteriores.
Según varios reportes de prensa, en la tarde y noche del jueves 18 de septiembre, aproximadamente 126 jóvenes fueron inicialmente detenidos en las cercanías del colegio Mejía, en Quito mientras que otros 38 fueron aprehendidos al día siguiente en protestas que continuaron en el centro y sur de la capital. En Ibarra, ciudad ubicada al norte del país, también se detuvo a ochos jóvenes por las protestas registradas el 18 de septiembre, pero ya recobraron su libertad.
En diálogo con Fundamedios, Verónica Yuquilema, asesora legal de la organización de derechos humanos INREDH aseguró que hasta el momento han contabilizado 100 personas que han sido encausadas con procesos penales derivados de las protestas, de las cuales 54 todavía permanecen en prisión preventiva.
Carlos Sánchez, del Centro de Asesoramiento Legal e Investigación Social (CALIS) y abogado de algunos jóvenes detenidos en las inmediaciones del colegio Mejía confirmó que son 54 detenidos, y que 60 que están siendo procesados bajo el delito de “Daño al bien ajeno”, tipificado en el artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal, sancionado con prisión de uno a tres años. Otro grupo de manifestantes está siendo procesado bajo el delito de “Ataque o resistencia”, tipificado en el artículo 283 del mismo Código, que contempla penas de prisión de seis meses a dos años.
Sánchez denunció, además, que los jóvenes han sido víctimas de agresiones físicas y vejaciones en el interior de los centros de detención y que estos casos ya fueron expuestos por ellos mismo durante la audiencia de flagrancia desarrollada en días anteriores. Yuquilema también aseguró que desde INREDH acompañarán la denuncia del caso de un menor de edad que está hospitalizado por agresiones recibidas en las manifestaciones del pasado 17 de septiembre.
En cuanto a los menores de edad se conoce que habrá sanciones administrativas. La semana pasada el ministro de Educación Augusto Espinosa, anunció que se expulsaría a los estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar que se movilizaron, aunque esto no ha ocurrido aún. Asimismo, el Ministerio de Educación, a través de un comunicado público divulgado por la prensa, afirmó que se está identificando a quienes calificó como “instigadores” de las protestas de la semana anterior y a los estudiantes que se unieron por desconocimiento. Recordó además que aquellos que participaron en estas protestas incurrieron en faltas contempladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, entre ellas, ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento educativo, y a la propiedad pública o privada e intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio educativo con sanciones que podrían ir desde acciones educativas disciplinarias hasta la separación definitiva del estudiante de la institución para ser reubicado en otro establecimiento.
El 17 de septiembre, Fundamedios reportó incidentes que dejaron un saldo inicial de 47 detenidos, 15 policías heridos, un camarógrafo agredido y un ataque cibernético a la página del medio digital LaRepública.ec. Posteriormente la revista digital PlanV hizo público un video en el que se muestra cómo la Poilicía agrede un equipo de un noticiero de televisión para impedir el registro de los sucesos en las calles aledañas al colegio Mejía. Un agente golpea con su casco a la cámara, mientras que otros empujan y ponen sus manos al lente.

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