ACUERDO PARA UN DESARROLLO DEMOCRÁTICO – CLUB POLÍTICO ARGENTINO

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El CPA propone, a los ciudadanos y a los actores políticos, la adhesión a un Acuerdo para un Desarrollo Democrático, para acordar objetivos de convivencia en la transición hacia un nuevo período presidencial.

  1. Valores democráticos

La estabilidad democrática es una exigencia y un valor compartidos por los argentinos. Pero hay desesperanza. Muchos piensan que sus hijos tendrán un futuro más difícil. No basta recuperar el respeto de las instituciones, la división de poderes, el Estado de Derecho y los mecanismos de control, queremos alcanzar un piso de convivencia que respete cada vida y permita su desarrollo.

Libertad, crecimiento y equidad se necesitan mutuamente, son objetivos complementarios e integrados de toda política pública. La libertad, sin crecimiento es estancamiento, sin equidad exacerba el individualismo. El crecimiento, sin equidad corroe la cohesión social, sin libertad hace de los ciudadanos meros consumidores. La equidad, sin crecimiento socializa la pobreza y sin libertad impide la innovación social.

Hacer realidad estos principios requiere un compromiso ante la sociedad de políticos, gobiernos y dirigentes sociales que acuerde prioridades, defina recursos presupuestarios y comprometa resultados más allá de las fechas electorales.

  1. Un piso mínimo de Dignidad

En la sociedad se consolida un grupo cada vez mayor de excluidos, con carencias de educación, trabajo o salud. Los más favorecidos se recluyen, aíslan y encierran. Crecen los distanciamientos, sin un proyecto común. Aumentan el temor y la violencia.

Será difícil desarrollarnos si la política no refleja el respeto por la vida de cada persona, atender las urgencias sociales más graves. Hacer realidad un piso mínimo de bienestar vital requiere un diagnóstico, una asignación presupuestaria coherente y una estrategia de largo plazo que haga públicos los objetivos y su cumplimiento.

El Acuerdo para un Desarrollo Democrático convoca a debatir la solución de las situaciones de exclusión y de los problemas más apremiantes. Sugerimos cinco programas iniciales:

  1. Nutrición básica: erradicar las carencias alimentarias, de irreversibles secuelas.
  2. Salud universal: integrar las políticas de salud nacional, provinciales y municipales, públicas y privadas, para universalizar la prevención, el tratamiento médico y la obtención de medicamentos para la población desprotegida.
  3. Integración de los “ni-ni”: inserción escolar plena para los jóvenes sin educación, capacitación laboral y formación profesional permanente para los desempleados.
  4. Calidad y equidad educativas, que garantice a cada alumno la mejora continua de la calidad de la educación recibida y la profesionalización de sus docentes.
  5. Política integral de seguridad y de lucha contra el narcotráfico.

Estos cinco objetivos iniciales comprometen los esfuerzos compartidos de los políticos, las organizaciones sociales y los actores económicos. Mientras haya hambre, inseguridad, baja calidad educativa y exclusión social, será difícil que el Estado pueda consolidar su autoridad para encarar asuntos más sofisticados.

Recuperar una ciudadanía digna demanda universalizar, por ley, las políticas asistenciales (asignación universal por hijo, nutrición básica, salud universal, seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez) y mejorar lacapacitación permanente de la población activa para su reinserción y mejora laboral. La ciudadanía debe quedar libre de tutelas estatales, ni condiciones para la prestación de ningún servicio o auxilio estatal.

  1. Fortalecimiento de la democracia republicana

Es necesario fortalecer la democracia republicana, asegurar la división de poderes y limitar los procedimientos de excepción. Se propone, por tanto:

  1. controlar la aplicación del presupuesto nacional con rendición periódica de cuentas y con el seguimiento activo del Congreso, a través de una Oficina de Presupuesto del Congreso;
  2. el uso excepcional y limitado de los DNU, sujetos a control del Congreso;
  3. la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción pública y reapertura de los casos en que se verifique falsedad ideológica;
  4. asegurar la independencia, modernización y profesionalización de la Justicia;
  5. la elaboración participativa de las normas de alcance general, abiertas a la opinión ciudadana, a los expertos y a los sectores sociales involucrados;
  6. la reforma electoral, sin listas sábanas, con voto electrónico y mayor transparencia del financiamiento político;
  7. el funcionamiento independiente y profesionalización del INDEC, con reporte directo al Congreso;
  8. establecer objetivos estrictos de la publicidad oficial del gobierno nacional y subnacionales, con control independiente de su distribución.
  9. que los responsables políticos ofrezcan conferencias de prensa periódicas, con temáticas abiertas, sin discriminar medios o periodistas.
  10. Un Estado eficaz e inteligente

El Estado perdió operatividad y capacidad al vaivén de manejos políticos clientelares. Pero sigue siendo la herramienta esencial para administrar los bienes y servicios comunes, asegurar la prestación de los servicios públicos y garantizar el desarrollo de cada persona y de la sociedad.

Los cuadros de la administración pública sufren hoy graves carencias: faltan formación, admisión y ascensos por concurso, estabilidad laboral y autonomía de la gestión técnica. Hay apropiaciones corporativas y hechos de corrupción.

Vivimos la era del conocimiento. La eficiencia de las organizaciones se mide por la incorporación del conocimiento, la adaptación al cambio, la innovación y el uso inteligente de la información y de las comunicaciones. El Estado se modernizó esporádicamente. El acceso a la información pública y el gobierno electrónico fueron avances formales, sin impacto profundo sobre las estructuras politizadas del Estado.

El Estado debe enfrentar nuevos desafíos, para lo cual que proponemos normas más exigentes y mejorar su operatividad.

  1. Normas más exigentes:
  2. a) transparencia de los actos de gobierno, de las contrataciones y de las agencias públicas, con mecanismos de control periódicos, públicos;
  3. b) rendición de cuentas de los funcionarios públicos, con sanciones en caso de incumplimiento, para imponer de arriba hacia abajo la ejemplaridad en la conducta.
  4. c) gestión de las áreas de gobierno sujeta a evaluación periódica de tiempos, resultados e impactos;
  5. d) fortalecimiento de los órganos de control previstos en la Constitución, con énfasis en la solvencia técnica e independencia partidaria de sus cuadros jerárquicos;
  6. e) carrera administrativa basada en concursos, formación permanente, mejora del capital intelectual de la Administración y evaluación sistemática, independiente de los cambios políticos;
  7. f) datos abiertos, acceso en línea de la información de gestión, de manera individual y agregada.
  8. Mayor operatividad del Estado:
  9. a) reconfigurar las competencias estatales, para abordar políticas complejas que requieran la interacción permanente de diferentes áreas de gobierno (caso Riachuelo, integración “ni-ni”);
  10. b) establecer una planificación económica y social, la revisión periódica de cada política, su integración con las demás y la inserción responsable en el mundo;
  11. c) revitalizar las funciones de regulación y control para actuar en casos de comportamientos distorsivos en los mercados;
  12. d) coordinación entre las políticas nacionales, provinciales y municipales, asegurando la distribución equitativa de recursos y obras públicas;
  13. e) asegurar la estabilidad monetaria y el equilibrio presupuestario.
  14. Diseño estructural de país

Los gobiernos no han resuelto cuestiones pendientes desde la Constitución de 1994. Tres temas requieren de un compromiso político para abrir su tratamiento y resolverlo en tiempo razonable: la coparticipación federal, la reforma tributaria y la inversión pública en infraestructura, de acuerdo a un plan con claras prioridades.

La discrecionalidad del Ejecutivo en el reparto de recursos públicos (como las provincias respecto de los municipios), condiciona las políticas, distorsiona la representación y discrimina ciudadanos. Se provocan distorsiones e inequidades, grandes diferencias per cápita entre provincias. La reforma de la coparticipación federal hace a la transparencia y previsibilidad de los recursos fiscales.

Deben asimismo fomentarse las inversiones en una planificación a largo plazo, integrada por los diferentes actores involucrados, sin importar sus jurisdicciones. Las inversiones en energía, minería y transporte requieren analizar el impacto sobre el conjunto de la economía, la calidad de vida de la población y el cuidado medioambiental.

La política energética debe recuperar el autoabastecimiento energético, diversificar la matriz energética, desarrollar las energías renovables y aprovechar responsablemente las reservas en shale oil y shale gas, en acuerdo con las comunidades involucradas. La política de transporte debe saldar su trágica deuda, asegurar la calidad y disponibilidad de los servicios públicos, revitalizar las zonas incomunicadas por el cierre de ramales, racionalizar el sistema de transporte y disminuir los costos logísticos.

El sistema tributario, que alcanza elevados niveles de recaudación sobre el producto bruto, produce efectos distorsivos y genera inequidades. Es preciso simplificar y racionalizar los impuestos, reducir su peso sobre el sistema productivo, incentivar el desarrollo de la economía, la innovación, el trabajo formal y la competitividad externa del país.

Conclusión

El Acuerdo para un Desarrollo Democrático propone un compromiso de los ciudadanos y responsables políticos pararesolver los problemas que degradan nuestra convivencia, ponen en peligro la paz social y el crecimiento por venir.

Planteamos una renovada relación entre gobierno, política y sociedad, al servicio del desarrollo de toda persona, asegurando la satisfacción de sus necesidades esenciales y el respeto de su dignidad. Propiciamos una cultura política de debate plural entre gobierno, oposición y sociedad, en la búsqueda de acuerdos duraderos. Las enemistades del pasado no deben afectar a las generaciones futuras.

El Acuerdo propone elevar la base de derechos y obligaciones de los argentinos y el compromiso explícito de quienes tendrán la responsabilidad de la conducción futura del país.

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