Sobre libertades, derechos y democracia

Carta Magna

La celebración de los 800 años de la Magna Carta debería alentar a reflexionar sobre cómo hoy se valoran los principios que sustentan una democracia constitucional moderna como la uruguaya. O también provocar una revisión de lo que ocurre en la región, en la medida que según se juzgue esa realidad, se revela la manera en que es valorado un Estado de Derecho cuyo gobierno surge de la voluntad mayoritaria y garantiza el goce de libertades y derechos.

La Magna Carta fue un acuerdo arrancado al rey Juan Sin Tierra de Inglaterra, el 15 de junio de 1215, para que respetara los derechos y libertades de la nobleza anglosajona. Dicho documento marcó una inflexión política fundamental, aunque no pretendía que esos derechos y libertades fueran universales ni reclamaba que el monarca fuera elegido por voto popular. Para que eso sucediera, pasarían varios siglos más.

Aun así, fue un decisivo primer mojón que marcó el camino para llegar a la democracia moderna. Una lista que empieza en el año 1215 por cierto, y continúa con otros mojones cruciales: la Revolución Gloriosa de 1688 que acotó aún más los poderes del monarca y dio pie a una pionera declaración de derechos (Bill of Rights) así como a la reflexión filosófica y política de John Locke o luego de Montesquieu y su tesis de los tres poderes, todo lo cual inspiró a la revolución norteamericana y a la francesa, un siglo después, que a su vez estimularon la rica reflexión constitucional de James Madison y derivaron en las crecientes reformas del siglo XX para incluir a más gente en ese paquete de derechos y libertades que fueron considerados “inalienables e inherentes” a cada persona.

Uruguay es parte de esa tradición. Su historia se explica en ese constante esfuerzo por consolidar instituciones que aseguren las libertades y el funcionamiento democrático. Los primeros esbozos surgieron en 1813 cuando Artigas a través de su memorable Oración de Abril y las Instrucciones, marcó su visionaria propuesta. El debate constitucional de 1830 rescató ideas liberales surgidas del proceso iniciado por aquella Carta Magna, muchas de las cuales recién empezaron a consolidarse en el siglo XX, con algunas interrupciones. La más dramática fue la dictadura militar de los años 70.

El retorno a la democracia en 1985 trajo el período más largo de ininterrumpida convivencia democrática. El país aprendió a vivir en un funcionamiento más sofisticado y complejo que el que conoció antes del golpe y pareció aceptar que una democracia de principios republicanos y liberales es su mejor garantía.

¿Pero ha sido tan así? Comparado con lo que se ve en la región, Uruguay sale bien parado y puede aludir a una tradición firme, pese a las interrupciones mencionadas que en todo caso fueron menos que las de algunos vecinos.

Sin embargo, hay dudas respecto a esas convicciones. En los últimos tiempos, al actuar el Poder Judicial ante desprolijidades en la elaboración de algunas leyes, las reacciones fueron airadas y los argumentos para sostener esas reacciones, inadmisibles. Se intentó instalar la idea de que por responder a intereses conservadores, la Suprema Corte se opuso a la creación de impuestos que gravaran a los estancieros. No fue así; ni la Corte se opuso a que se crearan impuestos al agro, ni reaccionó desde una postura conservadora. Tan solo señaló que esa ley en particular violaba principios constitucionales muy precisos. En otras palabras, recordó que para tributar a los productores rurales había que hacerlo bien.

Hay señales regionales que se afianzan con la Segunda Guerra Mundial, que marcó una diferencia en la valoración uruguaya respecto a la que parecía predominar en Argentina. Si bien ambos fueron neutrales hasta casi el final, en Uruguay predominó la postura pro aliada mientras que en el vecino país tuvo mucha fuerza un pensamiento afín al nazismo. Eso tuvo sus repercusiones.

Argentina encontró en Perón a un líder popular que a su modo respondía a esa corriente mientras que en Uruguay se mantuvo la visión liberal. Y liberal hasta un punto. El excesivo estatismo de los años 40 y 50 implicó un serio recorte de libertades. No en lo referido a las libertades políticas y de prensa pero sí a las que afectaban no solo a lo económico, sino a lo cotidiano y personal. La presencia de fuertes monopolios estatales en rubros hoy impensados (la carne, la leche por dar dos ejemplos simples) convertía al ciudadano en rehén. No podía elegir.

La libertad de decidir una educación para los hijos, consagrada en la Constitución, estaba y aún está muy limitada. En la escuela y la secundaria pública se imparte un único y monolítico formato de enseñanza. No hay diversidad en la oferta del Estado. Tampoco la enseñanza privada tiene más libertad, en la medida que está sujeta a los mismos, rígidos programas. Cambió, sin embargo, la enseñanza universitaria, que hasta hace 30 años era impartida por una única institución estatal. La mayor oferta dio más libertad y derivó en más diversidad.

Esta concepción de asumir como razonable que el Estado puede entrometerse en decisiones que son propias de ciudadano empaña una sostenida trayectoria de estabilidad institucional.

Por otra parte, la forma en que mucha gente, no toda, ve el proceso latinoamericano también afecta las convicciones democráticas al ensalzarse genuinas dictaduras en la región.

Desde admiradores de Stroessner o Pinochet hasta los seguidores de los Castro y del chavismo, todos ellos muestran escasa afinidad con el concepto de Estado de Derecho. Entienden que mientras lo ideológico sea “bueno”, no importa que se asuma la totalidad del poder ni se reclama que éste rinda cuentas ante la sociedad. Menos aún se pretende un respeto a las libertades básicas.

El régimen chavista, con Hugo Chávez primero y con Nicolás Maduro después, o el de Rafael Correa en Ecuador, ofrecen la coartada de haber sido elegidos por voto popular. Algo similar ocurre con Cristina Fernández en Argentina, que pese a ser unos grados menos autoritaria que los otros, no tiene problemas en arremeter contra las instituciones cuando le viene bien. Es ahí donde aparecen fisuras inaceptables.

La defensa de derechos y libertades fue lo que en forma embrionaria propuso la Carta Magna. Con ese histórico documento se recorrió un camino que no comenzó justamente por instaurar la legitimación electoral, sino por establecer el concepto de libertad. En la medida que este se fue ampliando, nació la necesidad de reconocer que el mejor garante de esas libertades era un gobierno que naciera de la voluntad de la gente y con poderes acotados. Con el tiempo se fue ampliando la definición de ciudadanía hasta instaurar el voto universal. Aceptar estos principios para nuestro pueblo pero negárselos a otros es una forma de bastardear la esencia de un Estado de Derecho.

Al celebrarse estos 800 años, importa evocar aquel lejano hecho y su posterior evolución para evaluar introspectivamente cuánto de todo eso que se fue construyendo a lo largo de ocho siglos, tiene un genuino y profundo arraigo en la vida cotidiana de los uruguayos.

Por Tomás Linn

AÑO 2015 Nº 1820 – MONTEVIDEO, 18 AL 24 DE JUNIO. SEMANARIO BÚSQUEDA

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