El Sahara Occidental es uno de los 17 Territorios No Autónomos registrados en las Naciones Unidas. El diferendo territorial norteafricano ha ocupado la atención de diferentes expertos magrebíes e iberoamericanos durante varios años como se ha ilustrado en numerosos análisis, columnas y entrevistas exclusivas de CPLATAM. La disputa por el control de este territorio opone a Argelia y a Marruecos, los dos pesos pesados del Norte de África, desde hace casi medio siglo.
El experto Samir Bennis observa que la causa del conflicto territorial del Sahara tiene que ver, históricamente hablando, con «las ambiciones expansionistas de España». «La España de finales del siglo XIX se aprovechó de la debilidad de Marruecos, acentuada tras la Guerra de Tetuán de 1859 para hacerse con ese territorio. La ocupación española del Sahara se hizo violando todos los acuerdos que Marruecos había firmado con países europeos, como el acuerdo que firmó con Inglaterra en 1895 (acuerdo en el que Inglaterra reconoció su soberanía sobre el Sahara), pero violó también el Acta de Algeciras de 1906, en virtud de la cual las potencias signatarias, incluida España, se comprometieron a preservar la integridad territorial marroquí. Marruecos fue el primer país que planteó la cuestión del Sahara Occidental en la ONU, haciéndolo por primera vez en 1957. El territorio fue incluido en la lista de territorios no autónomos gracias a la labor diplomática de Rabat. Desde entonces y hasta 1966, Marruecos trató por la vía diplomática de convencer a España para iniciar negociaciones bilaterales con miras a la retrocesión del territorio. El contencioso habría tenido otro desenlace si España hubiera acatado las resoluciones de la ONU entre 1966 y 1974, encaminadas a la organización de un referéndum de autodeterminación propuesto por Marruecos. Desde entonces, el relato predominante sobre el conflicto ha descrito erróneamente a Marruecos no sólo como una potencia ocupante, sino también como la parte que ha obstaculizado los esfuerzos encaminados a alcanzar una solución para ese contencioso»[1].
Marruecos cometió un costoso error en su reivindicación territorial de los territorios del sur. Nótese que hasta 1966, «en ningún caso la ONU contemplaba disociar la cuestión de Sidi Ifni de la del Sahara Occidental, pues ambas cuestiones formaban parte del mismo diferendo que oponía España a Marruecos y debían ser tratadas con la misma perspectiva». Pero Marruecos «decidió disociar la cuestión de Sidi Ifni de la del Sahara Occidental en junio de 1966». Lo hizo en aras de ejercer mayor presión sobre España y permitir a los ciudadanos del Sahara decidir su futuro. «La doctrina de la ONU cambió a raíz de aquella decisión marroquí. Consecuentemente la resolución 2229 (XX) del 20 de diciembre de 1966 exhortó a España organizar un referéndum. La consistencia del lenguaje adoptado entre 1966 y 1975 produjo una norma consuetudinaria que fue aceptada por la comunidad internacional como la vía legítima para poner fin a este conflicto».
No obstante, a finales de 1975, Marruecos forzó la recuperación del Sahara, primero con la Marcha Verde y luego con la oficialización de los acuerdos de Madrid. España cesó toda responsabilidad sobre ese territorio en febrero de 1976 y así lo comunicó a las Naciones Unidas. Desde entonces, la disputa tiene lugar con el movimiento Frente Polisario, fundado en Mauritania en 1973 y asentado en Argelia desde 1974. Madrid, como potencia administradora del Sahara, dio demasiadas largas a la reclamación que hiciera Marruecos desde fines de los años cincuenta y durante la década de los sesenta para la retrocesión de los territorios del sur. La emergencia del movimiento Frente Polisario, apoyado por Argelia y Libia, complejizó la reclamación territorial o enturbió el curso de la retrocesión del territorio del Sahara a Marruecos por parte de España. El apoyo de Argelia a ese movimiento subversivo de orígenes terroristas ha sido el palo en la rueda para zanjar el asunto del Sahara y con ello que Marruecos vea completa su integridad territorial.
Los afines del Frente Polisario y de Argelia sostienen, al día de hoy, un relato fundamentado en el dictamen de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como única referencia para avanzar en la resolución del conflicto. Estiman que una solución al contencioso que no desemboque en la creación de un Estado independiente será una violación al derecho del pueblo del Sahara Occidental para que alcance su autodeterminación. Esta interpretación se fundamenta en una posición maniquea que omite deliberadamente que el mundo y la realidad sobre el territorio han cambiado. Es decir, tal y como ocurrió entre 1966 y 1975, el estatus legal del conflicto se ha visto modificado por la consistencia de la práctica, este es un principio fundamental del Derecho Internacional Consuetudinario que se traduce en el hecho innegable del sucesivo llamamiento del Consejo de Seguridad, desde hace prácticamente 15 años, a que las partes alcancen una solución política mutuamente aceptable. Lo anterior no solo representa un cambio de forma en el uso del lenguaje, sino que tiene efectos de fondo y consecuencias legales con incidencia directa sobre el estatus del territorio disputado. De acuerdo con este principio, las resoluciones adoptadas desde 2007 por el Consejo de Seguridad se han convertido en la base jurídica sobre la cual poner fin al contencioso territorial. Esta realidad, como marco legal efectivo que rige el conflicto, ha desplazado el dictamen consultivo de la CIJ que ha quedado sin efecto práctico por su obsolescencia, esto es, por el resultado consistente de la práctica. La única realidad vinculante desde 2007 ha sido planteada y reiterada por el Consejo de Seguridad en todas sus resoluciones: las partes deben llegar a una solución política mutuamente aceptable con base en la negociación. La avenencia, que no la violencia o el triunfo revolucionario, será el medio a través del cual la población del Sahara alcance la autodeterminación. A partir de la fecha referida ninguna de las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad menciona o exige la celebración del referéndum como condición para alcanzar una solución política a ese contencioso territorial.
Ceuta y Melilla. Aunque estos enclaves son reivindicados por Marruecos no están registrados en las Naciones Unidas como el Sahara Occidental. Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles situados en el Norte de África, pero también son dos territorios históricamente reivindicados como marroquíes. En Marruecos las autoridades y los ciudadanos las denominan mayoritariamente «ciudades ocupadas» (por España, se entiende). Los ciudadanos de Ceuta y Melilla, incluidos los residentes marroquíes nacionalizados españoles, reivindican su pertenencia a España y son minoritarias las voces de aquellos que desde Ceuta o Melilla reclaman la marroquinidad de estos territorios. Estas cuestiones, entre otras, fueron abordadas por el ensayista español José María Lizundia hace unos meses. El escritor y abogado esbozó breves consideraciones recientemente en torno al estatus actual y a la legalidad internacional de Ceuta: «ha sido la Unión Europea la que ha manifestado formalmente que la frontera de Ceuta es europea, se sabía, pero no estaba así reconocido (por terceros) de manera explícita y formal. Un precedente como los precedentes buscados en el Sahara para la ampliación de soberanía histórica marroquí. A Ceuta le ha salido un garante nuevo. Ya no entre en la dialéctica España-Marruecos, sino Europa-Marruecos. La mutación es absoluta legalmente, de Derecho Internacional».
En el marco de la crisis política y diplomática que viven España y Marruecos, la clase política marroquí, la opinión pública y varios académicos e intelectuales han desempolvado la reclamación territorial marroquí sobre estos territorios. Incluso el escritor Tahar Ben Jelloun refirió una suerte de neocolonialismo de Europa al respaldar la posición de España sobre esos enclaves. España salió en defensa de su «integridad territorial», hablando de Ceuta y Melilla, y ha sido respaldada por la Unión Europea. En Marruecos, la opinión pública y la ciudadanía demandan a las autoridades sumar a la histórica reclamación del Sahara, la recuperación de esas dos ciudades como un tema central en los esfuerzos diplomáticos del reino de cara a los próximos años.
Samir Bennis ha explicado que «hasta noviembre del año pasado, hubo un pacto tácito entre Marruecos y España según el cual el primero congeló sus reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla a cambio de una posición de neutralidad positiva de España con respecto al Sahara. España rompió ese pacto con la repetición de sus acciones hostiles hacia Marruecos. Es decir, con la decisión de acoger a Ghali, líder del Frente Polisario, con falsa identidad y persistir en desestimar las preocupaciones de Marruecos, España se ha disparado un tiro en el pie y ha abierto la caja de pandora», sostiene el experto en las relaciones hispano-marroquíes. «En adelante, no parece que Marruecos vaya a aparcar la cuestión de Ceuta y Melilla sine die. Más bien, va a poner este contencioso sobre la mesa como ocurrió durante todo el reinado del rey Hassan II», durante casi cuatro décadas de la segunda mitad del siglo XX. «Lo peor es que ni los responsables ni la mayoría de los órganos de prensa españoles parecen haberse percatado de este cambio de paradigma que se está cuajando», zanja el analista marroquí.
En consultas personales, unos pocos marroquíes admitieron en el pasado su preferencia porque Ceuta y Melilla sigan siendo españolas, no porque estimen que geográfica o históricamente estas son españolas, sino por una cuestión práctica, algo así como un salvavidas: si la situación en Marruecos se hace difícil, esto es, si el panorama de libertades se cierra más en el país, tener una ciudad europea relativamente cerca resulta tranquilizador.
Otros han sugerido que España se resiste a que Marruecos recupere el Sahara porque una vez lo tenga y salga de ese problema irá por Ceuta y Melilla, sin embargo, nadie ha desmentido que esto no será de esa manera y, a la luz de las declaraciones masivas de marroquíes —desde el jefe de Gobierno, hace unos meses, pasando a diferentes analistas y académicos y llegando a las manifestaciones de los ciudadanos—, brindan elementos suficientes que apuntan al interés de retomar la reivindicación y reclamación de esos enclaves españoles situados en territorio africano. Un proceso que, no obstante, puede ser sumamente costoso en tiempo y recursos para Marruecos, sin que por ello necesariamente salga airoso y victorioso, por una razón que no es tan difícil de entender, en el siglo XXI las reclamaciones territoriales no pueden omitir la voluntad de sus ciudadanos y Ceuta y Melilla —lo han dicho ya sus ciudadanos y hasta la Unión Europea—, son ciudades europeas en África y quieren seguir siéndolo. Ceuta y Melilla no son el territorio disputado por un movimiento subversivo y de corte totalitario auspiciado por Argelia como sí ocurre con el Sahara. Habrá que ver si España deja de decir Donald Trump, habida cuenta de la política de continuidad asumida por Joe Biden, y acepta de una vez por todas y de buen ánimo que Estados Unidos reconoció la marroquinidad del Sahara y que este apoyo decisivo y definitivo en la reclamación marroquí tendrá relevancia en el futuro del territorio disputado y en el final de ese contencioso, aunque no sea el final deseado por España. Habrá que ver, también, si Marruecos acepta de una vez por todas y de buen ánimo que la voluntad de ceutíes y melillenses es seguir siendo ciudadanos europeos en esas ciudades europeas situadas en África.
Como dijera hace unos meses Dudley Ankerson, brillante ex diplomático británico y poseedor de un exquisito sentido del humor, imaginando por un momento que era el canciller argentino y se hallaba a solas en casa, reflexionando sobre un territorio que les quita el sueño a los argentinos: «Tenemos que empezar a demostrar que estamos interesados en las personas y que nos comportamos como un Estado del siglo XXI en lugar de estar peleando batallas del siglo XIX. Debemos de estacionar el tema de la soberanía que ha resultado tan tóxico —sin abandonarlo— y concentrarnos en reconstruir la confianza entre los pueblos».
*Clara Riveros es politóloga, analista política y consultora en temas relacionados con América Latina y Marruecos. Autora de los libros Diálogo transatlántico entre Marruecos e Iberoamérica y Diálogos transatlánticos, Marruecos hoy. Directora de la plataforma CPLATAM que promueve ideas liberales y el seguimiento de la coyuntura política en los países de América Latina y el Magreb.
Notas
[1] Para ver los términos en que se lleva este contencioso en el Consejo de Seguridad que se ocupa de la cuestión, véanse las resoluciones vigentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al Sahara Occidental. Diferentes contenidos permiten abundar en la controversia magrebí y en el contencioso territorial del Sahara Occidental. Asimismo, los artículos Dispelling Misconceptions and Misrepresentations about Western Sahara y Western Sahara: The Historical Commitment Sweden Should Remember del experto Samis Bennis, co-fundador y editor en jefe de Morocco World News, respecto a los elementos históricos y a los argumentos jurídicos y políticos de la reclamación marroquí pueden ayudar a una mejor comprensión de por qué este tema se lleva tanta energía y recursos a todos los niveles en Marruecos o por qué ocupa y preocupa tanto a Rabat.
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