No volvieron los ‘90, pero el Estado sigue mal

Publicado en: Análisis, Populismos, Uruguay | 0

La semana pasada escribí sobre las 14 intendencias que arrojaban un déficit grande en sus cuentas. La anterior escribí sobre los serios problemas que afectan a algunas de las empresas públicas. En medio de esto, se supo que la OPP difundió un instructivo en el que pedía eliminar «toda forma de parasitismo» y enfrentar «la ineficiencia, el burocratismo», además de la corrupción. A ello se sumó la publicación de cifras alarmantes de crecimiento del empleo público en estos diez años.

No hay más vueltas que dar. El tema del Estado se volvió a instalar en la agenda. En la pasada década, todo parecía andar bien, nadie se refería al asunto y quien lo hacía era descalificado con dura eficacia: se trataba de un nostálgico del pernicioso neoliberalismo de los años 90. Sin embargo, no vuelve ese denostado neoliberalismo (si es que de verdad existe). No está retornando la década del 90. Se trata tan solo del mismo Estado de siempre que siguió arrastrando sus problemas crónicos e incluso los agudizó.

Se aprobó, es verdad, una ley de reforma del Estado durante la Presidencia de José Mujica que no logró la transformación que tanto anunciaba. No fue, para usar una expresión reiterada por las administraciones frentistas, «la madre de todas las reformas».

No pudo serlo porque la ley terminó siendo una muy transada con los sindicatos de funcionarios públicos.

Lo cierto es que volvimos a los mismos dilemas de los 90: el tema del Estado aparece arriba de la mesa con similar o más fuerza.

Ni blancos ni colorados lo resolvieron pese a que fueron quienes se dieron cuenta de que era hora de hacer algo. Los blancos, en tiempos de Luis Alberto Lacalle, apostaban a una modernización de los entes públicos, una simplificación de la burocracia, una lenta disminución de los empleados públicos y la privatización parcial de algunas empresas. También apostó a la desmonopolización, como ocurrió con los seguros.

En el imaginario popular quedó la idea de que todo se privatizó y por culpa de ello vino la crisis de 2002. En realidad no hubo privatizaciones totales y las que sí se hicieron fueron muy escasas y apenas parciales. Una vez en el gobierno, el Frente Amplio las mantuvo y una de ellas, Pluna, siguió siendo un dolor de cabeza para el Estado.

Al igual que los blancos, los colorados apuntaron a una modernización y al saneamiento de algunas calamidades nacionales; entre ellas, la seguridad social. Se apostó a un regulado sistema mixto de ahorro que combinaba al BPS con las AFAP. De paso, se hizo una radical simplificación del papeleo para jubilarse, que contrastó con las oscuras historias de un pasado inhumano para quien iniciaba su retiro. Ese fue un cambio grande, como lo fue el mecanismo de las AFAP, también denostado por el Frente Amplio cuando estaba en el llano, aunque sensatamente lo mantuvo una vez que llegó al gobierno.

Los colorados en realidad buscaban defender las empresas públicas, modernizarlas y permitir que sobrevivieran mediante alianzas con otras empresas por lo general privadas. Algo así quisieron hacer con Ancap, pero una consulta popular promovida por el Frente Amplio lo impidió. Lo cierto es que Ancap, hoy, lleva dos años consecutivos de preocupante déficit.

También en tiempos colorados, el Frente Amplio se opuso sin suerte a la ley de marco regulatorio para la energía. Lo cual no le vino mal porque ello ayudó a la ofensiva tomada en la primera Presidencia de Tabaré Vázquez para consolidar la producción y distribución de electricidad, aun en caso de sequías. Otra consulta popular logró que todo lo vinculado al agua pasara a ser solo del Estado. Debieron irse los privados que en diferentes lugares del país administraban la distribución de agua potable y el saneamiento, incluyendo las pequeñas cooperativas que en los balnearios se hicieron cargo de una tarea que hasta entonces el Estado no hacía.

Por lo tanto, toda agua que corre, cae, emana y borbotea por el territorio nacional es responsabilidad exclusiva del Estado.

Incluso la contaminada por los productos agrarios que se filtran de la tierra a los ríos. Esta grave situación es ahora problema exclusivo del Estado porque así lo resolvió la gente.

La amenaza constante de los sindicatos y del Frente Amplio, cuando operaba desde la oposición, intimidó a blancos y colorados.

Estos sabían que una modernización, desburocratización y reducción del Estado era imprescindible. Pero las reformas que propusieron no fueron defendidas con firmeza. Ante el temor de un plebiscito y el debate que este generaba, optaron tímidamente por poner sus propuestas en el umbral de la puerta. Si nadie se daba cuenta, pasaban. Y si no, un referéndum las detenía. No a todas, pero a casi todas.

Fue un momento que requería un decidido liderazgo para afrontar con coraje el problema, plantearlo a la población y convencerla de la necesidad de un cambio. No se hizo.

Desde entonces, hablar de los 90 fue mala palabra. La culpa de todo lo ocurrido en la crisis se adjudicó a un nocivo neoliberalismo que en realidad nunca existió. Cuestionar la ineficiencia del Estado era tabú. Y así pasó una década entera.

Ahora, el país descubre que el Estado sigue siendo un problema. Que luego de este largo período todo termina en el comienzo.

Empresas públicas cuyas cuentas no cierran, que gastan porque hacen cosas que van más allá de sus competencias, que por ser monopólicas poco importa si les sobra personal, si sus procesos son eficientes, si los sueldos que cobran los gerentes son excesivos. Solo se sabe, como en el caso de Ancap, que dan déficit. Pero ese déficit no lleva a una reestructuración radical de la empresa, a una reducción de costos y de personal gerencial, administrativo o técnico. Se sabe que las intendencias están en rojo, pero ello tampoco impide que a los intendentes se les asignen sueldos demasiado altos.

Si las cuentas no cierran, si las arcas están vacías, ¿no habrá que recortar tanta remuneración desmedida? Eso hace cualquier empresa, cualquier organización que necesita ordenarse.

Pasar lista a todos estos problemas puede parecer una reiteración de obviedades. Pero no son tan obvias para los iluminados que desde sus certezas ideológicas defienden lo indefendible. No lo son para los sindicatos de funcionarios públicos que aferrados a sus puestos defienden sus prebendas y privilegios, aunque eso obligue a aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes.

El tema volvió. Estaba adormecido pero volvió. Solo que esta vez no hay excusas y habrá que afrontarlo con inteligencia, sentido común y coraje.

Por Tomás Linn

AÑO 2015 Nº 1822 – MONTEVIDEO, 2 AL 8 DE JULIO. SEMANARIO BÚSQUEDA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.