Muchas preguntas

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Las guerrillas, al igual que los paramilitares, han podido reclamar la obediencia de los colonos cocaleros porque disponen de la fuerza. Sin fusiles, nadie les va a hacer caso.

Personas cercanas a las negociaciones, de lado y lado, han dejado entrever que una de las concesiones que se les darían a las Farc sería algún tipo de autoridad política en las zonas de colonización. La idea tiene sentido, ya que durante las últimas décadas han sido un Estado en la práctica de muchas de estas comunidades. El Gobierno aspira, además, a que las Farc, ya desarmadas, contribuyan al proceso de erradicación de cultivos ilícitos. Se matarían dos pájaros de un tiro: la guerrilla y la coca.

Más allá de los detalles particulares del asunto en cuestión y de hasta qué punto vaya a ocurrir una cesión de autoridad, hay varios aspectos en su concepción general que merecen una mayor discusión. El más obvio es el de la verdadera capacidad de las Farc de erradicar los cultivos de coca en el momento en que se desarmen.

Las guerrillas, al igual que los paramilitares, han podido reclamar la obediencia de los colonos cocaleros porque disponen de la fuerza. Sin fusiles, nadie les va a hacer caso. La poca legitimidad que tienen las Farc sobre esta población reposa precisamente en la protección que brindan a unos cultivos criminalizados por el Estado.

Si piden lo contrario, que renuncien a la única fuente real de ingresos de la región, estarían arriesgándose a perder cualquier base de respaldo popular. Y si lo hacen soportados en la fuerza militar del Estado, serían vistos como los agresores que antes combatieron. Lo más probable es que otros grupos armados, incluidas aquellas ‘bacrim’ que surjan de la desmovilización de las Farc, retomen el control de las comunidades cocaleras.

Es cierto que fuertes inversiones en desarrollo alternativo pueden aliviar los efectos de la erradicación de cultivos, ¿pero significa esto, entonces, que en manos de las Farc va a quedar el manejo de los recursos para la modernización de estas regiones?

Menos obvio es el tema de la competencia política. ¿Implica la cesión de autoridad restricciones de la competencia democrática en las zonas de frontera agrícola? ¿Podrán solo participar candidatos avalados por las Farc, ahora como partido político legal? Por el bien de la paz, ¿deberán renunciar estas regiones a una verdadera democracia?

De seguro el Gobierno ha considerado las preguntas anteriores. Pero sería una buena idea que el asunto se debatiera públicamente, al menos lo suficiente para evitar especulaciones en contra del proceso de La Habana.

Gustavo Duncan
El Tiempo, 2 de julio de 2014

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