México y la violencia: ¿es el “Estado” el único culpable?

En El señor de las moscas William Golding describe dramáticamente la maldad y la violencia que anidan en niños y adolescentes, especialmente cuando unos y otros actúan de forma gregaria. Las horrendas muertes de Simon y Piggy a manos de sus compañeros son dos momentos que marcan el clímax de una situación agravada por el aislamiento y la soledad del grupo protagonista de la novela.

Un ambiente similar se debe haber vivido en los macabros episodios que condujeron a la muerte de un niño de 6 años en Chihuahua, a mediados de mayo. El pequeño fue asesinado por cinco menores de 11 a 15 años (dos chicas y tres chicos), que jugaban a que lo secuestraban. Tras una sesión de torturas, la odisea terminó con su muerte. Según la última versión del fiscal, “todo empezó como un juego. Lo agarraban para bromas”…, pero “se les pasó la mano” y lo mataron “para evitar más problemas”.

Sólo los dos mayores de 15 años pueden ser imputados y condenados, mientras que los otros tres serán enviados a un centro de menores. El dantesco episodio dio lugar a diversas interpretaciones y pedidos de responsabilidades, como la de juzgar a los padres de los agresores. También se especuló con la existencia de ritos satánicos a partir de la vinculación del grupo asesino al culto a “la santa muerte”, tras ser introducidos por los cabecillas del “cartel de Sinaloa”, dirigido por el “Chapo” Guzmán.

Tampoco faltó la periodista avispada que intentó aprovecharse, buscando armar un gran show televisivo nacional. La presentadora Laura Bozzo inició una campaña para modificar el Código Penal en lo referente a menores infractores. Incluso se hizo cargo de los honorarios del abogado de la madre tras cambiar al anterior por alguien de su confianza. Un tweet suyo expresa claramente sus intenciones: “Si las leyes no sirven para hacer justicia deben cambiarlas por que de lo contrario la gente lo hará no vamos a permitir la impunidad BASTA”. Su prédica amarillista y catastrofista recuerda la precampaña electoral del Partido Verde Ecologista, multa de las autoridades electorales incluida, al pedir un endurecimiento sustancial de las penas de cárcel, incluyendo la muerte para secuestradores y asesinos.

Siguiendo la tónica dominante en México, la responsabilidad mayor recayó en el “Estado”, con mayúsculas y omnipotente. Al igual que con los 43 normalistas de Ayotzinapa, el estado mexicano es responsable de prácticamente todo, sea por acción u omisión. En el caso de Iguala, la Red de Alerta Temprana, integrada, entre otras, por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos o la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, 10 días después de los sucesos, publicó el comunicado: “La matanza de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa… La causa de las causas: un genocidio equiparado. Responsabilidad del Estado mexicano”.

Él apunta a que las reformas estructurales, comenzando por la educativa, intentan liquidar el modelo de formación normalista y que esto explica la masacre de Iguala. También se suma la pasividad o complicidad de las fuerzas armadas y de seguridad municipales, estaduales y federales que dejaron indefensas a las víctimas.Los autores concluyen en “la alta responsabilidad de los tres niveles de gobierno” y la “responsabilidad por negligencia criminal” del presidente Enrique Peña Nieto, del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y del alcalde de Iguala  José Luis Abarca Velázquez.

En el asesinato de Chihuahua se vuelve a insistir en la responsabilidad estatal. Algunos expertos y activistas de derechos humanos culparon al Estado por su omisión “en la implementación de políticas públicas” favorables a los niños en “zonas azotadas” por el crimen. De las columnas de opinión y editoriales escritos al respecto se puede leer: “Todos somos corresponsables, pero la responsabilidad mayor es del Estado”; “Los autores intelectuales del infanticidio de Cristopher Márquez y del homicidio espiritual de quienes le dieron muerte física son los gobiernos que no tienen ningún programa de desarrollo social y humano” o “Nadie se hizo cargo; ni el Estado, ni las empresas se responsabilizaron de la atención de los niños, de su educación, del mejoramiento del entorno de ellos y sus familias, de su formación, etc.”.

Volvemos a ver en la actualidad mexicana, en particular, y latinoamericana, en general, un colosal sobredimensionamiento del estado y los gobiernos y sus responsabilidades. Es verdad que si en México el sistema judicial funcionara como debe y la impunidad no protegiera a los delincuentes, la violencia no estaría tan instalada. O que si hubiera políticas sociales más eficaces la marginalidad estaría menos extendida. Sin embargo, al depositar toda o buena parte de la culpa de la violencia en el Estado cada uno de los distintos actores sociales descarga su propia responsabilidad en otros. Pareciera que ni los padres, ni las familias, ni los colegios, ni los medios de comunicación, tienen nada que decir en estos casos concretos, por no hablar de los sicarios y narcotraficantes.

Cuando en una parte no despreciable de la juventud mexicana domina la idea de que es mejor vivir “cinco años como rey que cincuenta como buey”, o cuando los narcocorridos y la cultura de la violencia tienen una importante llegada social, es porque algo falla en el plano individual. Una escuela más eficiente o mejores maestros facilitarían las cosas, pero esa discusión nos llevaría también a hablar de importantes beneficios sindicales y corporativos que dificultan las cosas. Por eso, mientras el hilo discursivo dominante mantenga la culpa cuasi absoluta del estado en casi todo lo negativo que ocurre en el país, la posibilidad de que México salga de su laberinto de violencia es realmente escasa. Como dice el viejo refrán, que cada palo aguante su vela, incluyendo, por supuesto, al estado, pero también a los individuos y a otros actores sociales, sin olvidarnos de los delincuentes.

Por CARLOS MALAMUD

Infolatam, Madrid, 25 mayo 2015

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