México y la rendición de cuentas

La vida política mexicana está revuelta. No sólo por las elecciones parlamentarias y las que tendrán lugar en algunos estados el próximo 7 de junio, sino también por algunos casos de corrupción y el asesinato en Ayotzinapa de los 43 normalistas ocurridos en el tramo final de 2014. Estos sucesos afectaron profundamente la credibilidad del gobierno federal y la figura del presidente Peña Nieto, que ya partía al comienzo de su mandato con la tradicional desconfianza hacia el PRI.

El humor del país a fines del año pasado y comienzos de 2015 era muy diferente al de un año atrás, cuando bajo la estela de las profundas reformas emprendidas, la imagen de México cotizaba al alza en el mundo. Buena prueba de ello es lo sucedido tras el despido de la periodista Carmen Aristegui de la radio MVS y de las culpas asignadas al gobierno. Con el paso de los días los grises se imponen frente a lo que parecía un claro contraste entre el negro y el blanco y las dudas comienzan a superar a las certezas.

Después de algunos meses de desconcierto el gobierno quiere recuperar la iniciativa en los distintos campos. Pese al descomunal esfuerzo realizado para aclarar el asesinato de los estudiantes, con una movilización sin precedentes de recursos humanos, materiales y técnicos, los familiares de las víctimas y los grupos opositores afines siguen reclamando justicia. De este modo sigue incesante la apelación a la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Dicha consigna se originó en Argentina durante la última dictadura militar, cuando escuadrones paramilitares de estricta obediencia oficial eran responsables de las desapariciones. La exigencia de la aparición con vida era una clara reivindicación política que exigía al responsable directo del secuestro la liberación de la víctima y, de no ser posible, la entrega del cadáver. En México, pese a los esfuerzos de los distintos colectivos implicados por corresponsabilizar al gobierno federal por tan lamentables hechos, el reclamo de la aparición con vida parece estar mal planteado en función de las diversas responsabilidades en juego.

En Ayotzinapa conocemos muy bien el número de víctimas y su identidad. Esto resulta contradictorio con la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar los hechos de Iguala y la situación en el estado de Guerrero, aunque los reclamos se extendieron al resto del país. La madre de un estudiante ejecutado dijo que “México es una macrotumba, vivimos entre los muertos”, una aseveración similar a la que afirma que México se ha convertido en “un enorme cementerio, de norte a sur y de este a oeste”.

Para dar contenido a éstas y otras afirmaciones se denunciaron más de 26.000 desapariciones, de lo cual se responsabilizó directamente al estado. Pero, ¿cuántas de estas desapariciones se atribuyen al narcotráfico? ¿Por qué no se realiza un recuento lo más exacto posible del número de secuestrados, algo que no debería resultar demasiado complicado?

Recientemente se presentó en Buenos Aires el libro El diálogo, producto de una larga conversación mantenida hace dos años por Graciela Fernández Meijide, madre de desaparecido y luchadora por los derechos humanos, y Héctor Leiss, ex montonero fallecido en septiembre pasado. Los dos tuvieron una larga conversación que dio lugar a una película  y posteriormente al libro. Hablando de los desaparecidos Fernández Meijide insiste en que “no eran héroes, eran humanos”, pero si alguna idea sobresale de tan intenso intercambio es que la verdad debe prevalecer sobre la ideología, incluso en un tema tan polémico como la utilización política de los derechos humanos.

En estos días en México se habla mucho de transparencia y de rendición de cuentas. Obviamente son las instituciones y los representantes populares elegidos en elecciones libres quienes deben dar ejemplo. Pero también se debe exigir la misma coherencia a las asociaciones de la sociedad civil y a los partidos y grupos políticos. Caso contrario se abren puertas y ventanas a la entrada de la corrupción.

Entre las principales innovaciones de la ley está la obligatoriedad para funcionarios públicos, autoridades e instituciones de presentar la información solicitada, así como añadir su estricto cumplimiento a nuevos sujetos, como la Cámara de Diputados y el Senado, los congresos locales; el Poder Judicial federal y locales; los partidos políticos; los sindicatos; los fideicomisos y fondos públicos. Todo esto implica, como señala la senadora Laura Rojas, que finalmente “podrá entrar la luz a muchos de esos espacios mantenidos en la opacidad desde siempre”.El Senado mexicano aprobó la semana pasada la Ley General de Transparencia, que entre otras cosas garantiza el derecho a saber. Para ello se desarrolla el Sistema Nacional de Transparencia, del cual el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos), reconvertido en Instituto Nacional de Transparencia, se constituye en pieza esencial.

Rojas diferencia claramente las zonas de mayor control, aquellas vinculadas al gobierno federal y sus estructuras, y las más opacas, vinculadas a los gobiernos estatales y municipales, así como a los órganos legislativos de distinto tipo. Por eso no deja de llamar la atención que el Senado haya aprobado una disposición transitoria que establece que mientras todas las instancias públicas deberán comenzar a obedecer la ley a partir del momento de su promulgación esto no rige para el Parlamento. En efecto, se establece la fecha del 30 de agosto para que las dos cámaras presenten un programa de reorganización administrativa, pero luego quedó en el aire la fecha concreta de su implementación, dejando abierta la posibilidad de que nunca se haga.

Ante el cúmulo de protestas, el presidente del Senado se mostró favorable a la corrección del tema. Sin embargo, quedaron claros los reflejos corporativos de muchos legisladores, de todos los partidos del espectro político, que apostaron por mantener sus áreas de influencia. Entre ellas destaca la de destinar una parte importante de los fondos disponibles para cumplir sus funciones parlamentarias a financiar campañas electorales u otras actividades políticas.

La corrupción se está convirtiendo en un tema cada vez más delicado en América Latina como ha puesto de relieve Rogelio Núñez en las páginas de Infolatam . Brasil, Venezuela, Argentina, Chile o Colombia, junto a México, han conocido importantes casos recientes. Es hora de que todos se impliquen, sin atajos, en la lucha por la verdad y la transparencia. Pero no se trata de una responsabilidad única del estado sino del conjunto de las sociedades afectadas, como está demostrando de forma clara el caso de México.

Por CARLOS MALAMUD

Infolatam, México DF, 22 marzo 2015

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