Los tiempos políticos y judiciales se aceleran en Argentina

El asesinato del fiscal Alberto Nisman desató una tormenta política de inusitadas consecuencias. Podía no haber sido así, pero la pésima gestión de la crisis por Cristina Fernández y sus allegados ha terminado por poner patas arriba a todo el país. Y todo indica que esta dinámica no acabará pronto. En una abigarrada sucesión de acontecimientos iniciada la luctuosa tarde del 18 de enero se encadenaron otros que provocaron nuevos puntos de fricción. Aquí destaca la convocatoria de una “marcha del silencio” con ocasión de cumplirse un mes del atentado y la imputación contra la presidente, su ministro de Exteriores y algunos otros personajes de la trama iraní.

El problema para el gobierno, especialmente para el peronismo, y más para los gobernadores e intendentes (alcaldes) que ponen en juego sus cargos en las próximas elecciones, es que cuánto más dure las crisis más importante será el golpe y sus consecuencias electorales. De ahí el desconcierto y una cierta sensación de malhumor creciente en las filas peronistas tradicionales con el proyecto “cristinista”, cada vez más polarizador.

La sucesión de errores comenzó con la contradenuncia de las acusaciones de Nisman. De haberlas encajado democráticamente y con un cierto fair play el precio a pagar no hubiera sido tan alto. Tras la muerte del fiscal comenzaron los mensajes en Facebook y los discursos contradictorios que sólo buscaban realzar el papel victimista del gobierno, que habría recibido “un cadáver sobre la mesa”, según Cristina FernándezDe confirmarse los rumores de que Nisman fue ejecutado por agentes iraníes con respaldo local, la conducta presidencial sería más incomprensible, producto de su omnipotencia y de su incomprensión de cómo funciona el mundo.

La convocatoria por numerosos fiscales y otros sectores de la judicatura de una marcha de protesta por el asesinato de Nisman puso en pie de guerra al gobierno, especialmente a sus sectores más duros. Desde entonces se ha intensificado el discurso antinómico. En un acto en Casa Rosada la semana pasada, Fernández señaló: “Nosotros somos el amor; ellos, el odio. Nosotros nos quedamos con el canto y la alegría; a ellos les dejamos el silencio”. Por supuesto, no aclaró quienes son ellos, pero para ilustrar sus intenciones remachó: “Vamos a seguir pregonando la unidad de los argentinos”. Grupos afines a su conducción reforzaron la idea con consignas como “el silencio no es salud” u otras más provocativas y descalificadoras.

Su círculo íntimo buscó deslegitimar a los fiscales y jueces convocantes señalándoles vínculos con narcotraficantes, ser encubridores o cómplices de la dictadura y raptores de bebés, o proteger a las tramas más oscuras de los servicios secretos. Inclusive se acusó a los promotores y a todos quienes concurran a la marcha de apoyar un “golpismo suave”, relacionándolos con los sectores más antidemocráticos. El discurso antagónico se intensificó tras conocerse la imputación del fiscal Gerardo Pollicita contra la presidente. Así, Fernández insistió, otra vez desde su cuenta de Facebook: “¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia, la calumnia se los dejamos a ellos”.

En relación con esta campaña gubernamental y a las descalificaciones presentes en las acusaciones oficialistas, Jorge Fernández Díaz señaló: “Sólo un movimiento esencialmente autoritario puede propugnar que una marcha de silencio es un acto de golpismo. Si marchás por el esclarecimiento de un crimen, sos un destituyente; si te preocupa la República, sos de derecha; si pensás que hasta un presidente puede ser juzgado, sos un desestabilizador, y si advertís sobre el atraso cambiario, sos un devaluacionista”.

Esta idea del creciente autoritarismo gubernamental hace pensar en la necesidad de una nueva transición democrática en Argentina. En los casi 12 años de gobiernos kirchneristas el retroceso institucional ha sido importante. El copamiento del estado y del gobierno por los más próximos a la presidente ha hecho retroceder años la objetividad y la neutralidad de buena parte de las instituciones. Se tiende a que no haya diferencias ente gobierno y estado y que el parlamento y la justicia respondan al ejecutivo.

El nerviosismo en las filas gubernamentales aumentan a partir de lo que algunos analistas, como Joaquín Morales Solá, describen como “rebelión judicial”. Ésta consiste, sencillamente, en que jueces y fiscales se animan a avanzar en procesos que en el pasado no tenían respuestas o, si las había, eran negativas o avanzaban a paso sumamente lento.

Probablemente el respaldo a Randazzo sea lo más parecido a un tiro en los pies recibido por los candidatos del peronismo oficial.

De momento las encuestas tampoco deparan buenas noticias para el gobierno. La imagen de la presidente sigue cayendo, aunque todavía tiene margen para recuperarse. A esto se suma el apoyo de Fernández a uno de los precandidatos kirchneristas, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en detrimento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, mucho mejor posicionado en los sondeos. Probablemente el respaldo a Randazzo sea lo más parecido a un tiro en los pies recibido por los candidatos del peronismo oficial.

También la oposición ha comenzado a moverse, aunque en diversas direcciones, a veces contradictorias. Por un lado, el dirigente socialista de Santa Fe, Hermes Binner, ha roto la coalición de centro-izquierda con la UCR (Unión Cívica Radical). Por el otro, el gobernador de Córdoba,José Manuel de la Sota, ha convocado a toda la oposición a unirse en la segunda vuelta contra un candidato oficialista.

La presidente Fernández ha sido imputada. Su paso a procesada no es sencillo y depende de la voluntad de un juez que no necesariamente coincide con las apreciaciones del fiscal. De momento éste ha solicitado una gran cantidad de diligencias que, de aprobarse, dilatarán los tiempos procesales y podría llegarse a las elecciones presidenciales sin grandes novedades. Pero hay otros casos abiertos que pueden aumentar la tensión, como el procesamiento por corrupción contra el vicepresidente Amado Boudou o el juicio por lavado de dinero en el que está sumamente comprometido Máximo Kirchner.

Con un intenso calendario electoral por delante (las elecciones provinciales se celebrarán de forma progresiva) y con una coyuntura como la actual, es normal que se aceleren los tiempos políticos. También los judiciales, al ser imposible la reelección de Fernández. En tanto el gobierno continúe cometiendo errores de bulto todo le será más difícil. El futuro puede ser cada vez más complicado para todos aquellos que venían defendiendo la figura de “Cristina eterna”.

Por CARLOS MALAMUD

Infolatam, Madrid, 15 febrero, 2015.

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