Las intendencias y sus números en rojo

Publicado en: Análisis, Uruguay | 0

Toda la artillería apunta a Salto. Cuando el nuevo intendente asuma su cargo deberá afrontar un legado dramático. Lo paradójico es que quienes visitaron Salto en estos recientes años, comprobaron que había allí una ciudad pujante, cuidada, linda, en continua transformación. Lo mismo vieron en su dinámico y turístico centro termal (ubicado en las puertas de la ciudad) y en la zona agropecuaria del departamento. Ante esa realidad tangible, era lógico que el ex intendente Germán Coutinho adquiriera notoriedad. Hasta el ex presidente José Mujica mostró su admiración. Su forma de trabajar era un modelo para el resto del país.

“¿Cómo hizo para engañar durante tanto tiempo a los salteños y al resto del país?”, se preguntó Diego Fischer el sábado 20 en su columna de “El País”. La misma pregunta se hace mucha gente. Es que si bien Salto relucía, las cuentas se sobregiraron en igual proporción. Coutinho recibió de su antecesor frentista, Ramón Fonticella, un déficit de 95 millones de pesos y cinco años después le pasó a su sucesor, el también frentista Andrés Lima, un déficit varias veces mayor, de 700 millones de pesos. Entregó a Salto con arcas vacías, sueldos impagos, deudas pendientes y proveedores esperando para cobrar. Para arreglar los líos más urgentes, Lima debió pedir una importante línea de crédito.

El caso de Salto es llamativo. Se trata de una exitosa historia que terminó en un gran colapso del cual nadie se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Pero pese a ser el departamento que provocó más ruido, no es el único que está en una situación comprometida. En los últimos días, buena parte de las intendencias municipales han dado que hablar. Muchas tienen déficit, exceso de personal y sus intendentes cobran sueldos demasiado altos. La suma de esos factores se transforma en una explosiva combinación para tiempos tan caldeados.

Hay 11 departamentos con déficit, algunos a niveles preocupantes. Montevideo está entre ellos. Estos resultados, además, no han sido exclusivos de un único partido. Los problemas existen en departamentos gobernados por frentistas, blancos o colorados. En algunos casos fueron castigados en las urnas por ello; en otros no.

Salen bien parados siete departamentos: Canelones (con un cuantioso superávit), Artigas, Flores, Lavalleja, Río Negro, Treinta y Tres y Tacuarembó. A su vez, Cerro Largo, Rocha, Paysandú y Soriano tienen lo que algunos llaman un “déficit moderado”.

Las intendencias no están obligadas a tener abultados superávits. No son empresas que deben repartir dividendos entre los accionistas. Lo que recaudan por lo general se vuelca a mejorar servicios (mantenimiento, barrido, limpieza, iluminación) y concretar obras. Hacer puentes, mejorar la caminería rural, poner semáforos, ensanchar avenidas, mejorar plazas, modernizar la iluminación. Su objetivo es hacer constantes mejoras de infraestructura para lograr mejor calidad de vida para la población y para alentar el desarrollo del departamento de modo que este sea productivo y genere sólidas fuentes de empleo.

Tienen que gastar, sí, pero hacerlo bien. Tienen que pagar sueldos, sí, pero no repartir cargos a mano abierta como si fueran una agencia de colocaciones. Y al sacar la cuenta final, esta debe por lo menos quedar empatada.

Al tema del déficit se suma el de la cantidad de empleos otorgados. Si se entiende que son altas las cifras de Montevideo, las de muchas otras intendencias son escandalosas en relación con la cantidad de gente que vive en ellas. Las 18 intendencias no capitalinas reúnen a la mitad de la población del país y tienen, sumadas, aproximadamente dos veces más funcionarios que Montevideo, que suma la otra mitad de la población. A eso hay que sumar el empleo indirecto que generan las obras licitadas por cada gobierno. Pero al menos ahí se trata de trabajos “lícitos”, por cuanto los generan empresas que hacen algo necesario para el departamento.

En medio de todo esto, las juntas departamentales votaron los sueldos de los intendentes entrantes. Las cifras sorprendieron y en especial la del intendente de Maldonado que ganará más que el presidente de la República. Esto es llamativo por cuanto el presidente debería ser considerado el principal funcionario público del país y por lo tanto el que debería tener el ingreso más alto dentro del escalafón estatal.

No debería escandalizar que un jerarca con responsabilidades grandes, gane bien. Es la garantía para que, sea cual sea el nivel socio-económico del candidato, tenga garantizado un ingreso. Ser político y gobernante no obliga a vivir en la frugalidad y pobreza propia de los monjes mendicantes. Pretenderlo sería volver a los antiguos tiempos en que solo los millonarios podían ser políticos. Pero debe haber una relación entre ese sueldo, el equilibrio fiscal del departamento y un sensato número de empleados en planilla.

Si un departamento está en rojo, tiene muchos más empleados que los que necesita, un atraso flagrante en las obras a realizar, una mala prestación de servicios básicos y muchas deudas a pagar, su jefe no puede cobrar como sueldo una cifra desproporcionada respecto a esa realidad. Más cuando el dinero lo pone el ciudadano con sus impuestos municipales.

Algunos intendentes argumentan que si ellos bajan sus propios ingresos, descalabran el escalafón de todo el resto de la jerarquía en su departamento. En realidad, lo que está quedando en evidencia es que también el resto de la jerarquía cobra más de lo que esa Intendencia puede pagar. ¿No será hora de ajustarles el sueldo a todos, y no solo al intendente, por antipático que parezca?

La suma de estos disfuncionamientos es preocupante. Para la buena marcha de un país, de su desarrollo y de la salud de sus instituciones democráticas, es bueno que además del gobierno central funcionen con eficacia los gobiernos regionales. Están más cerca de la gente, entienden sus necesidades y pueden ser más precisos en desplegar políticas específicas. Son, además, un contrapeso al poder centralizado del Ejecutivo nacional (por eso es cuestionable la tesis del ex presidente Mujica de reducir los gobiernos regionales a solo cuatro, en una eventual reforma constitucional). Sin embargo, estos indicadores muestran que no están cumpliendo bien ese indispensable rol. Y eso es un problema…un problema grave que necesita urgente revisión.

Por Tomás Linn

AÑO 2015 Nº 1821 – MONTEVIDEO, 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO. SEMANARIO BÚSQUEDA

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