Inseguridad violenta: prioridad en la agenda

Publicado en: Análisis, Uruguay | 0

Un sicario sube a un ómnibus de línea, paga su boleto, avanza por el pasillo y al encontrar a quien será su víctima lo asesina de seis balazos. Lo asesina, no lo ejecuta como se ha dicho. Ejecución es una palabra que se usa para el cumplimiento legal de una condena de muerte. Los significados son muy similares, pero no iguales.

La pasajera sentada al lado y que no tenía ningún vínculo con el hombre baleado, es herida. A este hecho reciente se suma la intensificación de las pedreas a vehículos que entran o salen a Montevideo por la ruta 1. Días pasados un conductor de un ómnibus fue severamente lastimado. Por fortuna no perdió el control del volante y el hecho no pasó a mayores.

Los episodios se suman a una letanía que hace imposible eludir el tema de la seguridad, acompañado de su creciente violencia, en la campaña electoral. El presidente José Mujica intentó subestimar la pedrea: «hay una botijada que se pasa de la raya». Hace ya mucho que se pasó de la raya y por lejos. Estos hechos no son nuevos; simplemente fueron más graves. Y siempre suceden en los mismos lugares. Al igual que los atracos a los autos que se ven obligados a detenerse ante la luz roja de determinados semáforos. Al igual que los arrebatos de cartera.

Tienen larga historia, suceden en los mismos lugares pero nadie sabe nada. No hay presencia disuasiva en esos lugares, ni en ningún otro.

Para los partidos opositores el tema de la seguridad tiene prioridad en su agenda electoral. Saben que la población está alarmada y con razón. Nadie acepta el repetido verso, usado por varios gobiernos, de que no pasa nada y todo es producto de una «sensación térmica».

Los hechos ocurren. Las mujeres víctimas de los arrebatos sufren lesiones serias y algunas deben ser sometidas a operaciones de cadera, de hombros y pierden jornadas de trabajo por ello. Eso pasa todos los días aunque no aparece en la crónica roja y se ha convertido en el más agresivo de los delitos. A excepción, claro está, de los asesinatos de pequeños comerciantes, de pizzeros, de panaderos, de pisteros. A los cuales hay que empezar a sumar los que mueren por «ajustes de cuenta». Como el pasajero del ómnibus.

El candidato oficialista Tabaré Vázquez insiste en que volverá a designar a Eduardo Bonomi como ministro del Interior. La oposición contraataca y sostiene que si esa es la opción, entonces no hay salida.

Ambos tienen algo de razón. Las políticas aplicadas por Bonomi parecen razonables. El problema es que no dan resultado. Uruguay tiene una población carcelaria altísima en relación a su cantidad de habitantes y en comparación con otros países (en Suecia o en Bélgica han debido cerrar cárceles porque les sobran). Pero además de todos los que están presos, hay otro número grande de delincuentes libres y en acción. ¿Cuántos más?

Si la gestión de Bonomi no da resultados es, pues, lógico insistir en su renuncia. Desde mis columnas sostuve en su momento que otros ministros, de gobiernos no frentistas, también debieron irse por no haber respondido con eficiencia.

El Frente Amplio no tiene alternativas. Los ministros previos a Bonomi fueron peores porque se negaban siquiera a aceptar que había un problema, mucho menos a buscarle solución.

Bonomi al menos entiende la situación y no la niega, toma medidas aunque al final resulten insuficientes. Si el Frente tiene un candidato mejor, entonces no habrá problema. Pero todo indica que sus opciones son regresar a la era previa, cuando uno tras otro, todos fracasaron de manera rotunda por no querer aceptar la realidad.

El asesinato en el ómnibus demuestra que se estaba subestimando los llamados «ajustes de cuentas» por suponer que ellos no afectaban al ciudadano común y se circunscribían a círculos delictivos muy reducidos.
La mayor frecuencia de estos casos empieza a asustar y demuestra que hay un submundo criminal dispuesto a todo y más grande de lo que parecía. ¿En qué oscuros contubernios andan, que son capaces de matar a plena luz del día y en lugares públicos?

«Que haya gente mandando matar en Montevideo, habla de un descontrol» dijo el candidato colorado Pedro Bordaberry en la entrevista publicada por Alfredo García. «Ahora todos tenemos precio».

La dirigencia política opositora empieza a tomar nota de que este tipo de crimen desnuda algo muy grave que solo agudiza y potencia esa inseguridad que afecta al país. Son hechos que no pueden despreciarse.

Los partidos opositores le dan mucha importancia a este tema en sus programas. Tras la interna blanca, ambos sectores debieron negociar algunas de sus propuestas. Es que no todos dan las misma soluciones, pero al menos esta generación de dirigentes blancos y colorados se toma en serio algo que la anterior, cuando estuvo en el gobierno, no percibía con la misma claridad. El tema no es nuevo, aunque se potenció a límites exacerbados con los dos gobiernos frentistas.

Una cosa es el inteligente trazado de propuestas en el papel y otra es llevarlas a la práctica. Vuelve a decirse que urge hacer una reorganización y modernización de la Policía. Bordaberry propone fortalecer la Policía en los barrios y que haya más presencia visible. «Su sola presencia», dice, «ya es un freno para el que delinque».

Así al menos funciona en países que tienen mejor control del tema seguridad. La vigilancia discreta pero real termina por disuadir al ladrón.

Por cierto, a un cansino paso uruguayo, la Policía se ha ido modernizando, al menos a nivel de oficiales. Pero el proceso debe ir más a fondo. Hay razones sociales para que ello no avance (las mismas que para algunos inciden en el crecimiento de la delincuencia), pero eso no puede ser una coartada para hacer las cosas a medias. Hay problemas de recursos además. ¿Tiene solución eso? Luis Lacalle respondió esta semana anunciando que Alvaro Garcé, comisionado parlamentario en temas carcelarios, y el senador Carlos Moreira jugarán un rol importante en esa área.

El ciudadano que acaba de sufrir un asalto, un robo, fue arrojado a la calle con violencia o quedó en medio de un tiroteo, tendrá que someterse al parsimonioso trámite por el cual un agente anota todos los datos personales, inútiles para el caso, mientras los ladrones huyen. Para hacer largos expedientes, el país está lleno de burócratas. Pero se supone que un policía no lo es. Es verdad, eso sí, que la aplicación de la nueva ley de faltas llevó indirectamente a aumentar la presencia policial en la calle.

Al común de la gente no le importan las explicaciones presupuestales o las razones socioeconómicas. Percibe, con razón, que vive bajo una continua amenaza y quiere zafar de esa asfixia. Pretende soluciones, no explicaciones. Por eso el tema se impuso con tanta fuerza en la agenda electoral.

Por Tomás Linn
AÑO 2014 Nº 1785 – MONTEVIDEO, 9 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014

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