Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión describe vulneraciones en Ecuador

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Lunes, 11 de mayo de 2015

 

La tarde del pasado 07 de mayo de 2015, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, lanzó su último informe anual. En el capítulo dedicado a Ecuador se hace una exhaustiva revisión que abarca 28 páginas de las agresiones contra la libertad de prensa y expresión ocurridos durante el año anterior.

En el informe se da cuenta de las agresiones, amenazas y detenciones contra periodistas, opositores y manifestantes. Por ejemplo, citó el caso de David Mármol, activista del colectivo Yasunidos, retenido por miembros de la Escolta Presidencial y posteriormente golpeado por desconocidos tras haber hecho un gesto con su mano frente a la caravana presidencial.

Otra de las agresiones que se resaltó en el Informe está lo sucedido contra el reportero gráfico del diario El Telégrafo, golpeado el 06 de agosto de 2014, quien fue agredido por un familiar de un procesado por el presunto delito de trata de personas, en los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha en Quito.

Por otro lado, la Relatoría recordó que en el informe del año anterior (2013) ya dio cuenta del proceso de aprobación y sanción de la Ley Orgánica de Comunicación y que en distintos pronunciamientos donde expresó su «preocupación por las gravosas restricciones que la misma ley estableció a la hora de regular esos principios, lo que podrían hacerlos prácticamente inaplicables, impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y generar un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática». En este contexto enumeró distintas sanciones sobre distintos medios y periodistas y en especial examinó el caso del caricaturista Bonil ante lo cual señaló que si bien se trata de la imposición de responsabilidades ulteriores, «la ambigüedad en los términos de la ley y la cuantía exorbitante de las sanciones impuestas podrían generar un efecto amedrentador en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión» en el país.

La Relatoría resaltó también las agresiones que se registraron en el Ecuador en materia de Libertad en Internet. Recogió las actuaciones de la empresa española Ares Rights, la cual estaría gestionando denuncias a nombre del gobierno ecuatoriano para eliminar contenidos de YouTube o páginas electrónicas bajo el argumento de infracciones a los derechos de autor. Citó, como ejemplo, el caso del 13 de enero cuando el diario digital La República denunció el cierre de uno de sus dos canales de YouTube tras una denuncia de Ares Rights por presuntamente infringir derechos de autor del canal público Ecuador TV. El portal habría dicho que en su canal se subía ocasionalmente videos de la sabatina del presidente Rafael Correa

La Relatoría Especial reiteró la «importancia de crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones y la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones (…) por lo tanto «las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello. Asimismo, el deber del Estado de crear las condiciones que permitan que todas las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar adecuadamente, a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación».

La Relatoría recordó que «la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población».

En el informe la Relatoría Especial recordó que los «funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento».

En ese sentido, el Informe mencionó las cadenas ordenadas por el Gobierno y la interrupción de espacios informativos. Sobre este tema, la Relatoría Especial ha reconocido la potestad del Presidente de la República y de las altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación con el propósito de informar a la población sobre aquellas cuestiones de interés público preponderante; sin embargo, «el ejercicio de esta facultad no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario para transmitir dicha información…».

Finalmente, la Relatoría recordó que «los funcionarios públicos deben tener en cuenta que tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos, este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado…».

Lea el capítulo Ecuador  ó el Informe completo

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