Iberoamérica: precariedad, movilización feminista y feminicidio

Por Clara Riveros*

Laura Bertolotto, rectora de la Universidad Santo Tomás; Clara Riveros, analista política; y, Laila Miyara, empresaria marroquí. Conferencia Marruecos narrado por sus mujeres

Laura Bertolotto, rectora de la Universidad Santo Tomás, situada en Valdivia (sur de Chile), observó, en el marco de la conferencia Marruecos narrado por sus mujeres, la enorme distancia que hay entre la mujer rural y la mujer urbana en términos de igualdad de oportunidades y de empoderamiento femenino. La académica expuso la situación que enfrentan las mujeres en Valdivia y el gran desafío que supone la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en zonas apartadas del epicentro de decisión política y del movimiento económico del país.

Laura Bertolotto, rectora de la Universidad Santo Tomás; María Inés Salamanca, coordinadora ONU Mujeres (Chile); Laila Miyara, empresaria marroquí; Kenza El Ghali, embajadora de Marruecos en Chile; Sadani Moulainine, activista marroquí; y, Clara Riveros, analista política

Valdivia, explicó la académica, es una región con muchas carencias donde la población enfrenta condiciones de pobreza y precariedad. En ese contexto regional, la Universidad Santo Tomás acoge en la actualidad a 3.800 alumnos, de estos el 60 % son mujeres. No obstante, un 40 % de las mujeres no logra terminar sus estudios universitarios. La deserción universitaria de las mujeres se produce porque las jóvenes deben hacerse cargo de sus hogares. La rectora de la institución chilena observó que el envejecimiento en Valdivia es progresivo y que las jóvenes universitarias se ven obligadas a abandonar su formación profesional para asumir el cuidado y la manutención de sus familias. Bertolotto insistió en la necesidad de avanzar en la formación y en el empoderamiento de la mujer en esta región, brindándole herramientas a la ciudadanía y, especialmente, a las estudiantes de Valdivia para que no se vean forzadas a renunciar a su desarrollo individual y profesional.

María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile, enfatizó en la necesidad de profundizar los “liderazgos compartidos” para lograr el empoderamiento femenino y la igualdad de género y de oportunidades. En lo que respecta al accionar especifico de ONU Mujeres en Chile, explicó que trabajan en diferentes áreas para avanzar en la construcción de la igualdad de género en materia social, política y legislativa y que desarrollan una agenda con mujeres en condición de exclusión y dirigen acciones y programas concretos para el empoderamiento de las mujeres indígenas del país.

Sadani Moulainine afirmó el largo camino por transitar para alcanzar los objetivos del milenio y la igualdad de género efectiva. “Quedan muchos retos y desafíos por superar para alcanzar el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres rurales sufren la extrema pobreza, la exclusión, la marginalidad y la precariedad. La mujer urbana, aunque enfrenta grandes dificultades, conoce sus derechos, se apropia de los conceptos (igualdad y empoderamiento), es una mujer que ha alcanzado la modernidad, la liberación, la emancipación, pero las mujeres que viven en el campo no tienen las mismas oportunidades que tienen las mujeres en las grandes ciudades. La distancia entre la mujer urbana y la mujer rural es abrumadora. Hay muchas tareas pendientes para reducir esa brecha”, puntualizó la activista marroquí.

Movilización feminista en América Latina

La movilización social —para la igualdad de género— ha cobrado fuerza en América Latina y ha coadyuvado a delinear el camino para avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La responsable de ONU Mujeres destacó que en el caso de Chile la movilización feminista ha rendido frutos y que el movimiento estudiantil ha marcado un hito histórico al permear la agenda pública y promover el debate público y la discusión social sobre la igualdad de género en el país. “En Chile el movimiento estudiantil feminista avanza con discusiones para poner freno a la violencia de género, contra el acoso sexual, pero también avanza con discusiones sobre educación no sexista y la transformación cultural del país”. La coordinadora de ONU Mujeres recordó que el gobierno de Michelle Bachelet celebró “Mujeres y poder”, un evento de alto nivel que tuvo lugar en Santiago a inicios de 2015 y que contó con la participación de líderes mundiales. Asimismo, subrayó Salamanca, en el contexto de Beijing +20 fueron renovados los compromisos para la eliminación de obstáculos que impiden avanzar hacia la igualdad de género teniendo como premisa la Agenda 2030[1].

Marea verde en Argentina

El fenómeno de la marea verde argentina que impactó en América Latina: la lucha por el aborto “seguro, legal y gratuito”

Un fenómeno de movilización social y, principalmente, de movilización feminista que merece ser destacado acaeció este año en Argentina. En ese país se producen alrededor de 500.000 abortos clandestinos cada año. Esa, de hecho, es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias del país y ayuda a comprender por qué emergió con tanta fuerza la marea verde con su campaña por el aborto “seguro, legal y gratuito”.

Actualmente en Argentina el aborto es permitido cuando el embarazo es producto de una violación o cuando supone peligro para la vida de la madre. Con motivo del proyecto que buscaba despenalizar el aborto en Argentina dentro de las primeras 14 semanas de gestación, la prensa latinoamericana observó el clima (legal) para el aborto en los países de América Latina y el Caribe, constató que es legal —dentro de las primeras 12 semanas de embarazo—, en muy pocos países, a saber: Uruguay (el segundo país con menor mortalidad materna de América, después de Canadá), Cuba, Guyana y Guyana francesa. En Uruguay, cuando el embarazo es producto de una violación, las semanas permitidas para el aborto (12) pueden extenderse (14); y, cuando el embarazo supone riesgo para la vida de la madre o el feto desarrolla una malformación congénita no hay límite en el número de semanas de gestación.

La realidad, sin embargo, evidencia que en la mayoría de países de la región el aborto es ilegal, aunque contempla excepciones: en Colombia, el aborto solo está permitido bajo tres causales: violación, deformación del feto o riesgo en la vida de la madre; Chile adoptó estas mismas excepciones a partir de 2017. Los otros países de la región que contemplan estas excepciones o solo algunas de ellas son: Argentina, Brasil[2], Ecuador, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Honduras, Bolivia y Perú. México tiene una situación particular. Al ser un país federal cada uno de los estados tiene independencia para la implementación de algunas leyes. En todo el país solo está permitido en caso de violación, mientras que en Ciudad de México es legal. En tres países latinoamericanos el aborto es completamente ilegal y no existen excepciones para la interrupción del embarazo, estos son: Haití, Nicaragua y El Salvador. Incluso en este último país la pena por abortar puede ser hasta de 50 años de cárcel.

Marea verde en Argentina

Pedro Brieger, periodista y sociólogo argentino, destacó a propósito de la enorme movilización social desplegada en Argentina este año por esta causa, que en su país existe una “larga tradición de movimientos feministas desde el siglo XIX” y que Argentina ha tenido mujeres excepcionales en lo que respecta a la movilización feminista. En los últimos años, específicamente en 2015, se originó la masiva movilización que reclamó “Ni una menos”, en protesta contra los feminicidios que tienen lugar en el país. En los meses recientes, la movilización de miles de mujeres y, principalmente, de mujeres jóvenes, reclamó el derecho a decidir sobre sus cuerpos:

Una marea verde ha inundado el país en estos últimos meses con el color que identifica la “Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito” que comenzó en el año 2005. En ese año, varios movimientos feministas y de mujeres recolectaron más de 100.000 firmas que entregaron en el Congreso de la nación con la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. De a poquito, algunas mujeres comenzaron a llevar un pañuelo de color verde con la consigna […] Nuevamente, el feminismo demuestra que las reivindicaciones de las mujeres atraviesan a todos los partidos rompiendo esquemas y formando coaliciones impensadas en otros temas. Esto se vio claramente en la Cámara de Diputados de Argentina con la aprobación de la ley, mientras fuera del recinto decenas de miles de pañuelos verdes flameaban al viento […] la ola de pañuelos verdes rodeará al Senado para que sancione la ley de manera definitiva. Solo que esta ola ya se está convirtiendo en un verdadero tsunami (Brieger, P. “El fenómeno de la marea verde en Argentina“. CNN Español, junio 14, 2018)

Esa luz esperanzadora que se encendió en la Cámara de Diputados se extinguió en el Senado, semanas más tarde. Argentina vivió este 2018 con mucha intensidad. Hizo del tema del aborto un debate público, político y legislativo, aunque el 8 de agosto se impuso la tendencia conservadora en el Senado, las movilizaciones sociales —a favor y en contra— dejaron constancia de que no es un tema que deje indiferente a la sociedad argentina. La lucha de las argentinas por el aborto “seguro, legal y gratuito” continúa.

Muchas mujeres latinoamericanas, académicos y organizaciones de la sociedad civil siguieron con atención e interés el debate abierto en Argentina, tema que fue analizado por el profesor de la Universidad de Georgetown, Héctor Schamis, quien observó el peso (e instrumentalización) de la identidad católica en algunos sistemas de democracia representativa. El académico de Georgetown refirió que en un sistema político de estas características —democracia representativa— las “opiniones personales, convicciones, principios morales y demás consideraciones” de los legisladores argentinos, “importan menos, mucho menos, que las preferencias de la sociedad. Desafortunadamente, muchos de ellos hablaron de sí mismos en el debate, con frecuencia en clave de dogma religioso. También votaron por su cuenta, no por cuenta del mandante, el electorado”.

El dogmatismo en cuestión oculta que despenalizar el aborto no erosiona la fe de nadie, no debilita las convicciones religiosas de quien las posee, no borra la identidad de las personas. Irlanda es muy católica, también lo son España, Italia y Uruguay, que además no está en Europa sino en la otra orilla del Río de la Plata. Todos tienen ley de interrupción voluntaria del embarazo. También la tiene la Ciudad de México, donde la abrumadora mayoría de sus 21 millones de habitantes son muy creyentes y cuya Basílica de Guadalupe—Lupita—es en números el segundo lugar de peregrinaje católico después del Vaticano (Schamis, H. “Aborto, religión y democracia“. El País, agosto 11, 2018).

El análisis de Schamis pone de manifiesto el control que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres en el plano social, masculino y, también, desde el Estado. Sociedad, hombres y representantes políticos se amparan en el dogmatismo religioso para impedir que las mujeres tengan el control sobre sus cuerpos. Una cuestión de poder y no de fe, puntualizó el académico argentino.

Lo que sí hace la despenalización del aborto, sin embargo, es modificar el control social existente; de las mujeres por parte de los hombres, esto es, y que es ejecutado por instituciones regidas por hombres, la Iglesia Católica entre ellas. Los legisladores argentinos que justificaron su rechazo con base en el dogma religioso creen que han sido portadores de la fe. En realidad, solo han sido instrumentos de control social de dicha institución, control que racionalizan con un discurso religioso […] Para conservar un ápice de credibilidad también tienen que explicar cómo justifican moralmente que una mujer que aborta esté sujeta a una condena de prisión de hasta cuatro años y el varón—es decir, el padre del embrión abortado—no reciba castigo alguno. Igualdad ante la ley, bien gracias […] Es que dichas leyes [aborto, divorcio, matrimonio igualitario] robustecen la esfera de derechos civiles, lo cual expande la capacidad de los individuos de elegir y decidir sobre su propia vida, es decir, los hace autónomos. Ello siempre ha resultado en más democracia, un proceso histórico de cambio social que necesariamente re-define la propia noción de ciudadanía. La democracia es un conflicto a favor de más derechos ante la resistencia del statu quo. La marea verde es un fenómeno de cambio social democrático (Schamis, H. “Aborto, religión y democracia“. El País, agosto 11, 2018).

El académico de Georgetown también refirió la contradicción política acaecida en Argentina frente a la despenalización del aborto. El debate sobre la despenalización fue iniciado por el propio presidente Mauricio Macri, pero muchos legisladores de su coalición votaron en contra [Cambiemos es la coalición de gobierno, integrada por el Partido Propuesta Republicana (PRO) de ideas liberales y por el Partido Radical que, desde su creación en 1890, ha promovido el Estado Laico]. Los legisladores de la coalición de gobierno —en los bloques de ambas cámaras del Congreso— votaron negativamente de manera mayoritaria. “Es inverosímil, el oficialismo rechazó una ley que es resultado de un debate iniciado por su propio presidente”. Argentina que trata de ingresar al siglo XXI, en criterio de Schamis, regresó al siglo XIX, al debate liberal respecto a la separación entre Estado e Iglesia en el sistema político. Habrá que ver sí la coalición modernizadora del país se decantará, definitivamente, por el conservadurismo clerical.

Votando como lo hicieron se constituyeron en lo segundo, en la Argentina de 1930. Y con ello seguirán obligando a muchas mujeres a morir en un aborto clandestino o ir a la cárcel.
Es que, aunque sea ilegal, las mujeres continuarán decidiendo sí y cuándo ser madres. La historia de la democracia es hacer legal una ilegalidad, o sea, ampliar derechos. También era ilegal divorciarse y también era ilegal amar a una persona del mismo sexo. Si Cambiemos se constituye en la fuerza que prometió ser, la fuerza de la modernización, habrá cumplido. En ese camino, una nueva base social le dará su apoyo: la marea verde, esa que se ha esparcido por toda América Latina generando esperanzas similares (Schamis, H. “Aborto, religión y democracia“. El País, agosto 11, 2018).

La despenalización del aborto no significa que los abortos aumenten. Esta situación ha sido constatada en España donde el número de abortos realizados en 2016 se redujopor quinto año consecutivo, consolidando una tendencia a la baja que se inició en 2012 y que ha llevado a que el año pasado se alcanzara la cifra más baja de los últimos diez años: 93.131 abortos, un 1,12% menos que en 2015”, según cifras e indicadores suministrados por el ministerio de Sanidad, finalizando 2017, en su informe sobre interrupción voluntaria del embarazo correspondiente a 2016. En España, en julio de 2010, entró en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde entonces, el aborto es libre en el país hasta la semana 14 de gestación. La disminución del aborto también puede estar relacionada con la entrada en vigor de la venta libre, en 2009, de la píldora del día después, así como a otros factores asociados a un menor número de mujeres en edad reproductiva y de población inmigrante,  destacó en la prensa española, la presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Francisca García.

La información oficial para 16 países de América Latina y el Caribe, muestra un total de 2.554 mujeres víctimas de feminicidio o femicidio en 2017 (CEPAL)

Feminicidio en Iberoamérica

La enorme capacidad de movilización social en contra de las diferentes manifestaciones de violencia de género también ha concienciado en los años recientes acerca de esa violencia ejercida contra las mujeres que, muchas veces, llega a ser letal en los países de Iberoamérica. Nótense las cifras alarmantes de feminicidios que han tenido lugar en América Latina y en España en los últimos años.

En España, en los últimos 15 años, han sido asesinadas 963 mujeres por sus parejas o exparejas. En 2018 ya son 39 las víctimas mortales, más un caso en investigación. Entre los 25 países del mundo con mayores tasas de feminicidios 14 están situados en América Latina y el Caribe. En 16 países de América Latina y el Caribe hubo 2.554 mujeres que fueron víctimas de feminicidio durante 2017.

En México, durante 2016, fueron asesinadas siete mujeres cada día. Las cifras consolidadas para 2014, revelaron que en México fueron asesinadas 2.000 mujeres. En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal contabilizó 731 mujeres asesinadas durante 2016, la cifra fue superior a la de 2015 (670), pero inferior a la registrada en 2014 por este organismo (810). En Argentina, durante el primer semestre de 2018, se contabilizaron un total de 139 feminicidios, una cifra que supera los cinco asesinatos de mujeres por cada semana durante los primeros seis meses del año, según datos del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. Esa cifra, sin embargo, fue ligeramente inferior a la registrada durante 2017 (en los 12 meses se contabilizaron 292 asesinatos de mujeres, casi seis por cada semana del año). En Chile, 43 mujeres murieron durante 2017 a manos de sus maridos, parejas o convivientes. El número de feminicidios consumados al finalizar julio (2018), ascendía a 22, además de otros 71 casos frustrados, según reportó la Agencia EFE. Al 26 de octubre de 2018, en Chile se han registrado 31 feminicidios consumados y 95 feminicidios frustrados, según reporte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género[3]. La violencia machista mata, es una realidad contrastable en cifras, no es un estado de ánimo, no es una invención.

Las mujeres en América Latina enfrentan ingentes desafíos para su desarrollo individual incluida la conquista del control de sus cuerpos, este hecho también da cuenta de la moderada posibilidad de incidir en la toma de decisiones sobre los temas que les atañen. Se precisan mejores herramientas y mecanismos a nivel político, legislativo, económico, social y cultural. En eso consiste el actual reclamo feminista: en no ser asesinadas, en la igualdad efectiva de derechos, de oportunidades, en tener la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo. Temas que desde luego no están superados en América Latina. La modernidad y la igualdad no sólo son temas pendientes en África o en el mundo musulmán. Latinoamérica, aunque avanza con mayor rapidez respecto de esas regiones, todavía tiene grandes retos por superar a todos los niveles para que la igualdad de género y de oportunidades deje de ser un decálogo de buenas intenciones y buenas prácticas y pase a ser una realidad evidente en la cotidianidad de cada mujer.

*Clara Riveros, politóloga, consultora y analista política en temas relacionados con América Latina y Marruecos y directora en CPLATAM -Análisis Político en América Latina- ©

Noviembre, 2018

Notas

[1] “Unidas para el logro de la igualdad de género ahora ya” fue la declaración final del evento organizado por ONU Mujeres y el gobierno Bachelet en Santiago de Chile, finalizando el mes de febrero de 2015. Del documento sobresalen tres puntos: 1. Un renovado compromiso político para eliminar los obstáculos aun persistentes y garantizar la implementación plena de las 12 áreas críticas de la Plataforma de Acción de Beijing para 2020. La declaración señala que “se requiere voluntad política que garantice la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos, con especial énfasis en la participación de las mujeres más discriminadas”. Por otro lado, se propone la “adopción de medidas urgentes para promover normas favorables a la igualdad de género, los derechos humanos y la justicia social; la eliminación de las normas y actitudes sociales discriminatorias y la sustitución de las leyes que perpetúan la discriminación contra las mujeres por otras que promuevan la igualdad de género, incluyendo acciones afirmativas”. Adicionalmente, se pide “la aplicación de políticas de apoyo a la plena participación de las mujeres en la economía y en el lugar de trabajo; al igual que una representación paritaria en todos los procesos de toma de decisiones internacionales, incluyendo la Agenda de Desarrollo Post-2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Financiación para el Desarrollo y los procesos de cambio climático”. 2. El empoderamiento de las mujeres, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de mujeres y niñas y el fin de la desigualdad de género para 2030. Se señala que para lograr este punto se requerirá de “compromisos explícitos por parte de los gobiernos para monitorear y lograr resultados cuantificables; una responsabilidad compartida para la acción; así como reforzar el movimiento para la igualdad de género”. Para esto señalan que se debe incluir a la sociedad civil, las organizaciones internacionales y regionales, el sector privado, los medios de comunicación, la academia, los partidos políticos, la juventud, así como a todos los hombres que apuesten por los derechos de las mujeres. 3. Acabar con la brecha de financiación para la igualdad de género equiparando los compromisos con los medios disponibles para su cumplimiento. Plantean que esto implica aumentar “de manera significativa las inversiones para la igualdad de género; una transformación de la economía y sensibilización sobre presupuestos nacionales con enfoque de género; el apoyo financiero a las organizaciones que trabajan en materia de igualdad de género y la promoción del de las mujeres en posiciones de liderazgo; y la rendición de cuentas por parte de los dirigentes sobre sus promesas”.
[2] En Brasil el aborto está penalizado con hasta tres años de prisión. No obstante, la Corte Suprema debate la despenalización del aborto hasta el tercer mes de gestación. De momento, solo es permitido en caso de violación, riesgos para la madre o si el feto desarrolló una malformación congénita del sistema nervioso.
[3] “Según la legislación chilena (ley 20.480), un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Este delito es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y es una muestra de que en nuestras sociedades todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. Las penas para quienes cometen femicidio en Chile van desde los quince años y un día de cárcel hasta la cadena perpetua […] entre los objetivos estratégicos de la Agenda de Género del quehacer del Servicio Nacional de la Mujer está la idea de ampliar la Ley 20.066, de violencia intrafamiliar, para abordar todas las formas de violencia contra las mujeres, en los distintos espacios, y no sólo las que se dan en el contexto familiar”, informa en su web el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

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