El poder político del narcotráfico en Colombia y México

En su libro ‘Más que plata o plomo’, Gustavo Duncan analiza la problemática que afecta ambos países.

El más reciente libro del investigador y columnista de EL TIEMPO, Gustavo Duncan, autor también de ‘Los señores de la guerra’, considerada una de las más precisas radiografías del fenómeno paramilitar, ofrece un cuestionamiento a la visión simplista que reduce el poder del narcotráfico a su capacidad de corromper y amenazar.

Según Duncan, la razón por la que asumieron funciones de gobierno fue, además de la fuerza, la inclusión en los mercados globales de estos sectores. A punta de sangre y crímenes crearon instituciones distintas a las del Estado, entre aquellos habitantes tradicionalmente excluidos de los mercados y del poder.

Esta nueva visión replantea el sentido de la guerra contra las drogas: no es solo una guerra por capturar y abatir criminales sino que es, más importante aún, una guerra por evitar que organizaciones criminales impongan sus instituciones en el territorio. Estos son extractos del libro.

El orden social alterado

Este libro tiene como objeto responder a la pregunta que se deriva del sentido político que está implícito en la guerra contra las drogas en México y Colombia: ¿por qué en estos países unas organizaciones criminales han sido capaces de gobernar una porción significativa de la sociedad desde el control del narcotráfico?

El argumento en su forma simple es que el gobierno ejercido por organizaciones criminales ha sido posible en ciertos espacios periféricos y marginales de la sociedad porque el capital de las drogas ha permitido dos tipos de procesos de inclusión complementarios entre sí.

En primer lugar, los flujos de recursos provenientes del narcotráfico les permitieron a muchos habitantes y comunidades acceder a los mercados globales.

Desde espacios remotos, con baja acumulación de capital era posible producir medios de cambio valiosos en el mercado internacional. Los medios de cambio se transformaban en inclusión en el consumo de masas para la población que directa o indirectamente accedía a los ingresos del narcotráfico.

En segundo lugar, la organización de la violencia privada por una clase criminal en comunidades y territorios donde las instituciones del Estado no eran lo suficientemente fuertes permitió que del control del narcotráfico se pasara al control de la población.

Dado que además las instituciones del Estado no eran funcionales para regular una economía fundada en una renta de origen criminal, existía una fuerte demanda de la sociedad por el orden y la protección que los propios narcotraficantes proveyeron.

Fue entonces cuando el crimen se convirtió en una oportunidad para que individuos provenientes de sectores excluidos accedieran a una posición de poder.

A diferencia de las organizaciones políticas tradicionales, la organización de la violencia privada ofrecía una oportunidad de ascenso a individuos que no disponían previamente de educación, de capital, ni de redes sociales. Tener experiencia en el ejercicio de la violencia, voluntad para quebrar la ley y decisión para arriesgar la vida, eran, por el contrario, atributos disponibles entre los miembros de la periferia y la marginalidad.
Pero el acceso al poder por excluidos desde la organización de la violencia privada está restringido a espacios periféricos y marginales de la sociedad en los que el capital de la droga funciona como un medio de inclusión en el mercado.
México y Colombia no son Estados en proceso de colapso; en las áreas pobladas y donde están ubicados los intereses estratégicos de las élites, las instituciones estatales poseen una primacía indiscutible.

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(…) Organizaciones criminales introdujeron enormes volúmenes de capital en sociedades de todo tipo: ricas y pobres. Pero para ciertas sociedades periféricas, descontentas por su exclusión económica, el capital de las drogas significó un incremento sustancial en su participación en los mercados.

Las economías locales fueron rebasadas por la introducción de nuevos recursos, al punto que el orden social fue alterado de manera irreversible. Las jerarquías sociales, la división del trabajo y la distribución de la riqueza fueron transformadas sin previo aviso. Eventualmente las organizaciones criminales que controlaban (mediante la violencia) los flujos de capital de las drogas, por su propio peso en las relaciones sociales, comenzaron a imponer nuevas instituciones de regulación social en la periferia.

Mafias, señores de la guerra y demás organizaciones de coerción privada inundaron el paisaje político al reclamar las funciones propias de una autoridad local: cobraban impuestos, vigilaban los comportamientos de la población y administraban justicia.

La violencia como medio de dominación se convirtió en sí misma en una oportunidad de acumulación de poder para los sectores en desventaja en el orden social.

Muchos criminales de origen miserable, como Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘el Mexicano’, o Joaquín Guzmán, ‘el Chapo’, pudieron convertirse en la autoridad de sus comunidades. Las luchas políticas en estas sociedades estaban ahora dirigidas hacia la preservación de las transformaciones del orden social y hacia la competencia por el control parcial –y en determinadas circunstancias total– de las funciones de autoridad local.

Como sucede en cualquier transformación de la estructura de poder, el grueso de la población permaneció en una posición subordinada en el orden social, solo que ahora bajo la regulación de nuevas instituciones.

Si las transformaciones en el orden de la periferia obedecieron en un principio a la satisfacción de las aspiraciones de inclusión económica de sectores marginados, en el largo plazo las transformaciones fueron preservadas por la fuerza.

Más que una lucha por el corazón y las mentes de los dominados, era una lucha por sus tripas y sus hígados; por garantizar que la economía proveyera las necesidades materiales de la población de modo que no hubiera motivos para la desobediencia; por proteger a la población de las amenazas y las aspiraciones de control de otras organizaciones coercitivas y por imponer un sistema de normas y prácticas que al mismo tiempo que imponía orden en las relaciones sociales era implacable con cualquier intento de disidencia.

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Para las élites tradicionales de la periferia el dilema era cómo ajustarse a una situación que había rebasado sus posibilidades. El capital de las drogas significaba que sus medios económicos no eran competencia en la nueva división del trabajo. Los negocios de siempre, como la ganadería, la agricultura y las empresas regionales, ahora eran irrelevantes ante las fortunas del narcotráfico que circulaban en la economía local.

Otros medios y otros atributos definían las jerarquías y había que ajustarse a los cambios para no naufragar en el orden social. Las transformaciones fueron de igual modo una oportunidad. Ante sus restricciones de capital las élites tradicionales ofrecieron lo más valioso que tenían a la mano: su capacidad de mediación ante las instituciones del Estado y ante las élites del centro del país. La transacción iba a ser apenas natural.

Ejércitos de criminales y narcotraficantes necesitaban protección frente a una eventual intervención del Estado central en sus negocios, mientras que políticos, empresarios y figuras sociales de la periferia necesitaban el acceso a nuevas fuentes de capital para mantener su poder social frente a las élites emergentes de la criminalidad y a las élites del centro. (…)

Paradójicamente fue la relativa fortaleza del Estado lo que les permitió a las élites legales de la periferia participar en el control de las nuevas instituciones y reclamar una parte de los excedentes del narcotráfico.

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La guerra contra las drogas encarna tres sentidos muy diferenciados entre sí: uno, liderado en su mayor parte por agencias de seguridad como la DEA y el FBI, que ven la guerra como un enfrentamiento contra organizaciones criminales sin mayores consideraciones políticas. Su propósito es destruir carteles que causan daños severos a la población al proveer el mercado mundial de drogas y al financiar organizaciones terroristas.

Un segundo sentido compete a los estados de los países productores que se enfrentan a una guerra en la que el narcotráfico es en sí un asunto secundario frente al desafío que diversas organizaciones criminales plantean al ejercicio de su autoridad sobre amplios sectores de la sociedad. Es una guerra en la que está en juego la imposición de las instituciones de regulación social a lo largo del territorio y las relaciones de poder del Estado central con las autoridades formales e informales en la periferia.

Y un tercer y último sentido involucra las guerras entre organizaciones criminales. Se trata de la violencia entre mafias, señores de la guerra y pandillas por imponerse como la única fuerza irregular que controla determinadas transacciones sociales en un territorio dado.

Desde esta óptica es claro que a medida que la guerra se sitúa en la periferia de los países productores su sentido se concentra en asuntos políticos, concernientes a la definición de las instituciones de regulación social y a la disputa por el ejercicio de la autoridad.

Son estas guerras las que además generan los mayores volúmenes de violencia e involucran a la población civil toda vez que el control del negocio queda supeditado al control parcial –y en determinadas condiciones total– de la sociedad.
Una simple comparación entre las tasas de homicidio del condado de Miami Dade durante el inicio de los ochenta en la época de los cowboys de la cocaína, las tasas de Medellín durante la guerra de Escobar contra el Estado y de Ciudad Juárez, a finales de la década del 2000, ilustra la desproporción de la violencia cuando la dominación social está en juego.

Si se superponen las cifras de las tres ciudades en una misma gráfica, a duras penas son visibles las variaciones en el número de asesinatos en Miami Dade, de 227 a mediados de los setentas se llegó a 602 casos anuales en 1981. Por su parte, en Medellín, de un poco más de 1.000 muertes por año, en 1983 se llegó a 6.349 en 1991.

Los incrementos en las cifras de Ciudad Juárez fueron igual de escandalosos, de 173 casos anuales se pasó a más de 3000 en solo tres años.

GUSTAVO DUNCAN

El Tiempo, Colombia. Noviembre 27, 2014.

Acerca del autor
Cartagena (1973). Autor del libro ‘Los señores de la guerra’ y columnista de EL TIEMPO.

 

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