El Estado de derecho en España

Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, permaneció hospitalizado en España durante mes y medio por covid-19. El 1º de junio, un avión oficial del Gobierno argelino salió de Argel con rumbo al Aeropuerto de Logroño para recoger al guerrillero y trasladarlo a Argelia. Sin embargo, cuando la aeronave estaba a la altura de Ibiza, se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Argel, así lo registró El Confidencial. Ghali salió del territorio español esa noche. Rabat fue informado por Madrid esa misma tarde a través de canales diplomáticos. El 2 de junio, imágenes confirmaron la internación de Ghali en Argel, apareció convaleciente y rodeado por las autoridades argelinas. La entrada del dirigente guerrillero a España contó con el aval del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Desde allí se «optó por inscribirlo en el hospital con un nombre falso para evitar que trascendiera su estancia en España y se desatara un conflicto con Marruecos». Señala El Confidencial que «el jefe del Frente Polisario llegó a usar una segunda identidad ficticia para no ser descubierto. Hasta el nombre de su médico personal era falso». Todo ello, se entiende, fue agenciado o contó con el visto bueno de la canciller española.

En España hay algunas denuncias contra integrantes del Frente Polisario, Ghali es uno de ellos. Hay una causa abierta ante la Audiencia Nacional. Ghali y otros son investigados por los delitos de genocidio, torturas, secuestros y violaciones a los derechos humanos de ciudadanos saharauis —una población que controla esta guerrilla en el desierto argelino a la espera de la independencia del Sahara Occidental—. El líder guerrillero fue citado a declarar por esta causa. Declaró por videoconferencia desde Logroño y, según fuentes judiciales, negó todas las acusaciones. Su comparecencia judicial se saldó sin ningún tipo de medida cautelar. La Justicia española indicó que no había lugar a prisión provisional ni a otro tipo de medida cautelar contra Brahim Ghali. La acusación «no ha suministrado elementos siquiera indiciarios» que avalen «la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno», pues las declaraciones de testigos prestadas hace años «no tienen prueba corroborativa». En Marruecos, como cabía suponer, estallaron en contra de la Justicia en España y, en general, se ha cuestionado con dureza la vigencia del Estado de derecho de ese país.

Al consultar con el analista, ensayista y abogado español José María Lizundia, si en España se respeta en sentido estricto la división de poderes y el Estado de derecho, si en términos generales existe la plena división de poderes y funcionó también y puntualmente en el caso Ghali y, finalmente, si en el caso Ghali y en su retorno a Argelia, sin impedimento judicial alguno para abandonar España, tuvo incidencia la política y/o la ideología de quienes gobiernan el país —en detrimento de la Justicia— o estas son conjeturas infundadas de los vecinos marroquíes, Lizundia esboza algunas respuestas: «En primer lugar, acerca del desconocimiento de los ciudadanos, analistas, políticos y diplomáticos marroquíes respecto del Derecho Público es de señalar que este funciona con pruebas. Lo único que funciona en España es la división de poderes —que Sánchez pretende acabar, metamorfosearla para controlarla desde el Ejecutivo, pero Europa no ha permitido la reforma, tampoco el propio Poder Judicial que buscó amparo en ella—. Por otra parte, respecto a los señalamientos que pretenden deslegitimar a los magistrados diciendo que son designados por los partidos, buscando con ello descalificar al Poder Judicial y la institucionalidad de España, la realidad es que los magistrados se designan a propuesta de los partidos, según representación, pero han de ser consensuados entre todos los partidos, ello garantiza que no entran directamente los que quiera un partido en particular. El sistema ha funcionado. Ahora se pretende, siguiendo el funcionamiento de Europa, que una parte del Poder Judicial sea elegida a partir de la carrera judicial. A diferencia de otros sistemas políticos, en España el Gobierno no tiene influencia sobre los magistrados. Los acusados y judicializados van a juicio —y si procede van a la cárcel —, notables políticos (hubo ministros de Felipe González por el GAL), empresarios, gente famosa, han ido presos. La Justicia en España tampoco exime a la realeza (véase, por ejemplo, el caso de la infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin). La sumisión del poder político al judicial es total».

En lo que atañe al caso Ghali, explica el abogado que: «No había pruebas concluyentes. Ni siquiera indicios. Entrar en el procedimiento judicial demanda indicios materiales, no conjeturales, no testigos (que solo lo son una vez dentro del proceso). Asimismo, la entrada ilegal de Ghali a España no era competencia de la Audiencia Nacional. Además, las acusaciones que pesan contra Ghali tienen bases sospechosas, son políticas y están estimuladas por sus adversarios. Medios de comunicación deslizaron que funcionarios del Ministerio de Exteriores marroquí referían a Ghali como procesado, si efectivamente lo hicieron es de precisar, en rigor, que no es así. Para ser “procesado” es necesario que se haya dictado un auto (una resolución motivada) de procesamiento con base en indicios suficientes de criminalidad. Una vez que se está en esa fase procesal, se procede a la designación del abogado, a la realización de pruebas, etc. Ghali solo estaba “denunciado” y como denunciado lo quería oír el magistrado. Lo más preocupante en toda esta descalificación de la Justicia española es lo que han demostrado amplios sectores en Marruecos (políticos, diplomáticos e intelectuales) en tanto desconocimiento del Derecho. No conciben un Estado de derecho en sentido estricto, esto es, la separación efectiva de poderes, la presunción de inocencia y todo el entramado jurídico que dota y hace a un Estado un Estado de derecho».

El analista, ex diplomático y jurista marroquí, Jamal Mechbal, observa que en Marruecos se conoce más el sistema judicial francés donde el papel de la acusación recae sobre la Fiscalía y no en el juez instructor como ocurre en España. Admite que es probable que algunos sectores en Marruecos ignoren que el sistema judicial español ofrece quizá más seguridad jurídica que el sistema francés porque implica la responsabilidad personal de los jueces a nivel civil, penal y también en lo que atañe a las medidas disciplinarias cuando se dé el caso de que jueces incurran en prevaricación. Sin embargo, matiza Mechbal, hay marroquíes que resaltaron la independencia del Poder Judicial en España, es justo decirlo y es necesario señalarlo, como lo confirman las entrevistas concedidas por este jurista a diferentes medios marroquíes. Mechbal hizo énfasis en ello, resaltó que el Gobierno español no lo tenía nada fácil y recalcó incluso que una princesa española ha debido rendir cuentas ante la Justicia de su país y que esa misma Justicia fue la que condenó a su marido, es la misma Justicia que está investigando a ex ministros. Mechbal declaró en Atalayar que el Ejecutivo de Sánchez debía aceptar, facilitar y cooperar para que Ghali compareciera ante la Justicia, algo que no reñía con prestarle servicios sanitarios por razones humanitarias. Y eso fue lo que finalmente ocurrió.

Por último, añade Lizundia: «Una sentencia condenatoria, como esperaba Marruecos, no puede emitirse a partir de denuncias de unos cuantos testimonios huérfanos de indicios y de soportes procesales. Los juicios son juicios. Hay que probarlos. Por otra parte, incluso cuando un delito sea imprescriptible y en la denuncia se plantee como tal, ello no significa que los testimonios prueban la comisión material de los hechos criminales, con el agravante de que cuanto mayor sea el número de víctimas más difícil y complejo será probar los delitos y la responsabilidad de los presuntos implicados en la comisión de los mismos. Hay más concreción y viabilidad material de acaecimiento si se habla de una víctima que si se habla de cientos o de miles de víctimas. Si hay 200 denuncias por delitos de lesa humanidad y esos delitos son imprescriptibles ha de probarse que el acusado cometió esos delitos y ahí sí será condenado con base en pruebas. Entrar en procedimientos judiciales demanda hechos concretos, pruebas, indicios racionales de criminalidad, por su carga fáctica y su viabilidad como hechos que pudieron producirse efectivamente y no fundamentados en abstracciones, cuando estamos hablando de hechos tipificados en las leyes como delitos. La cantidad de presuntas víctimas reduce la credibilidad procesal: si no se puede demostrar la responsabilidad en la comisión de delitos contra un individuo, probar la responsabilidad en delitos contra 200 se hace mucho más difícil».

En estas semanas de crisis bilateral ha habido políticos, diplomáticos, militantes de partidos, intelectuales, expertos y ciudadanos marroquíes que han tratado de restar credibilidad a la Justicia de España, desvirtuando la vigencia del Estado de derecho y la legitimidad de su institucionalidad, una estrategia que parecería orientada al consumo interno por su efectividad —sirve para encender los ánimos contra el vecino—, pero inadecuada porque desafía la realidad y es esta la que se impone.

*Clara Riveros es politóloga, analista política y consultora en temas relacionados con América Latina y Marruecos. Autora de los libros Diálogo transatlántico entre Marruecos e Iberoamérica y Diálogos transatlánticos, Marruecos hoy. Directora de la plataforma CPLATAM que promueve ideas liberales y el seguimiento de la coyuntura política en los países de América Latina y el Magreb.

Junio, 2021, CPLATAM -Análisis Político en América Latina- ©

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