Derechos humanos  y democracia: obligación internacional

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La Organización de las Naciones Unidas tiene como meta esencial preservar la paz universal. Pero ese no es el único objetivo. Hay otros igualmente trascendentales que apuntan a la protección de las personas y a impulsar el desarrollo humano, que no solo implica crecimiento económico, sino también el goce de las libertades democráticas y de los derechos individuales. En ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es uno de los documentos internacionales más significativos para la  defensa de la vida, la propiedad, la dignidad, la integridad y la libertad de las personas.

 

No se sabe de nadie que haya objetado el contenido de esta Declaración de los Derechos Humanos, pero sí que pocos lo han cumplido o lo cumplen, pese a que, por ser miembros de las Naciones Unidas, todos la han adoptado como propia. Como resultado, las violaciones de estos principios no han sido –y es difícil que lo sean– pasibles a sanciones. La comunidad internacional aún se muestra incapaz de imponer el respeto a los derechos humanos. Por eso, cuando se saben de atrocidades, como las ejecuciones de un político y de su familia en Corea del Norte –ese “manicomio” creado por una cruel dinastía comunista–, hay revuelo, condena y rechazo. Nada más, y hasta la próxima tropelía sangrienta e inhumana.

Lo mismo sucede con la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre de 2001 por todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos. Pese a que hay la obligación, si se quiere moral –el derecho internacional aun carece de instrumentos eficaces de coerción– de cumplir lo que dispone la Carta, las violaciones a las libertades democráticas se suceden con inusitada frecuencia: entre ellas la concentración total del poder público en un autócrata y en sus seguidores, la persecución a disidentes, la justicia copada y servil al régimen y elecciones viciadas.

Y, como los malos ejemplos cunden, el secretario general de la OEA, que incumple su deber de vigilar que se respeten los derechos humanos y la  institucionalidad democrática en los países miembros de la organización, propicia retornos a la OEA de quienes, como Cuba, no piden ni lo quieren, y que no están en disposición de honrar los derechos humanos que por tanto tiempo violaron, ni a restablecer mecanismos democráticos que garanticen la libertad de sus ciudadanos.

Marcelo Ostria Trigo

Publicado en: El Deber, EJU, HoyBolivia, La Patria de Oruro, Informe Uruguay, 5 de febrero de 2014

 

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