De ida y vuelta: Gobernar en tiempos de pandemia

En estos meses más de 130 países han cerrado sus fronteras y han tomado medidas en el marco de una coyuntura de excepcionalidad. Las medidas restringen las libertades individuales y buscan evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Parece que el retorno a la normalidad —tal y como la conocíamos— no está cerca y el riesgo de contagio estará presente hasta que se desarrolle una vacuna.

De ida vuelta dedicó su reciente programa —«Gobernar en tiempos de pandemia» contó con la participación de los académicos Christian Cao[1], Magdalena López[2] y Rogelio Núñez[3]— a comentar y a reflexionar la gestión de la crisis causada por la pandemia de coronavirus. La emisión inició con una mirada general por regiones —sur de Europa y las Américas— y pasó al análisis exhaustivo en contextos represivos —Cuba, Venezuela y Nicaragua[4]—; también se observaron ciertas medidas y proyectos de leyes restrictivas que han sido impulsadas en el marco de la actual coyuntura —Argentina, Uruguay[5], Puerto Rico[6] —; y, finalmente, se documentaron las actuaciones y las formas de gestionar la crisis por parte de los presidentes populistas en América Latina —México, El Salvador, Brasil—. Los gobiernos han tenido que actuar para evitar el colapso de los sistemas sanitarios (algunos muy deficientes). Las respuestas de los gobiernos han sido variadas, algunos han actuado de manera irresponsable, tardía o no han estado a la altura de los desafíos que impuso la coyuntura.

Las medidas tomadas en estos meses han limitado en alguna medida el pleno ejercicio de las libertades. Esas medidas, sin embargo, tienen carácter excepcional y transitorio, no son lo corriente, no son lo cotidiano en los países democráticos. Esa es, nada menos, la diferencia entre los regímenes autoritarios y los Estados de derecho que limitan el ejercicio arbitrario del poder, las pretensiones de los gobiernos populistas y a los gobernantes con vocaciones autoritarias. Por lo mismo, la defensa de las libertades, la democracia, la transparencia y las instituciones no debe ser postergada o relegada al escenario pospandemia.

¿Cuál es el mundo en el que queremos vivir? La libertad no es un accesorio prescindible frente a la eficiencia que puede mostrar el autoritarismo como método eficiente para gestionar una pandemia. Los gobiernos democráticos toman medidas circunstanciales, medidas que tienen carácter excepcional, no olvidan que no son ni pueden ser lo cotidiano. La normalización del estado de excepción es propia de los regímenes autoritarios.

La coyuntura actual no otorga un cheque en blanco a los gobiernos para facilitar al avance autoritario sobre los ciudadanos. En estas circunstancias los presidentes latinoamericanos tienen una inmejorable ocasión de mostrar y demostrar de qué están hechos, cuáles son sus convicciones y sus credenciales democráticas ante la irresistible tentación que les brinda la posibilidad de ejercer el poder con demasiadas prerrogativas y facultades. El Estado de derecho, el sistema de pesos y contrapesos, el equilibrio de poderes, la constitución y, por supuesto, una ciudadanía activa e informada son fundamentales para contener los excesos y las arbitrariedades de los gobiernos so pretexto de la pandemia.

Notas

[1] Christian Alberto Cao es abogado de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, analista en diferentes medios de comunicación de la Argentina. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades de América Latina. Autor de Constitución socioeconómica y derechos fundamentales: estudio comparado entre los casos de España y Argentina.

[2] Magdalena López es Doctora en Letras de la Universidad de Pittsburgh; investigadora del Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame y del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa. Autora de los libros El otro de nuestra América: imaginarios sobre Estados Unidos en Cuba y la República Dominicana y Desde el fracaso: narrativas del Caribe insular hispano del siglo XXI. Magdalena es consejera académica del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales y ha sido profesora invitada en universidades de España, Argentina y México.

[3] Rogelio Núñez Castellano es Doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid; investigador senior asociado del Real Instituto Elcano; profesor en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y en la Universidad de Alcalá; consultor de ATREVIA y Ceapi. Ha sido profesor en universidades de España, Chile y Guatemala y subdirector de Infolatam, entre 2005 y 2017, publicación especializada en Latinoamérica.

[4] Venezuela, Cuba y Nicaragua, como China, son sistemas autoritarios y hasta totalitarios, no tienen transparencia, ocultan información, cifras, datos, hechos, gestionan las crisis con represión.

[5] El gobierno de Luis Lacalle Pou ha recibido comentarios positivos en lo que respecta al manejo de la actual coyuntura en Uruguay. De hecho, Uruguay es uno de los países que a menudo se referencia por su funcionamiento democrático y su buen clima para las libertades. Sin embargo, se advirtió en las últimas semanas sobre el eventual retroceso legislativo que puede sufrir el país. Un proyecto de ley que impulsa el gobierno podría significar un retroceso en materia de derechos humanos y afectaría la libre expresión, la privacidad, el acceso a la información pública y a la protesta pacífica, además consagraría prerrogativas para agentes de seguridad del Estado que se consideran arbitrarias ya que podrán disolver manifestaciones, encarcelar manifestantes por incidentes agraviantes o localizar geográficamente a un ciudadano a través de la empresa de telecomunicaciones, todo ello sin una orden judicial.

[6] En Puerto Rico algunas organizaciones sociales y periodistas advierten y alertan contra leyes recientes que pretenden penalizar a quienes difundan fake news. La ley permitiría criminalizar a quien comparta información que el gobierno considere falsa en situaciones de emergencias incluyendo la actual pandemia del covid-19. Las penas podrían ser hasta de tres años de cárcel y una multa de hasta $5,000 dólares.

Clara Riveros, analista política y directora de CPLATAM -Análisis Político en América Latina-.

Julio, 2020

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