De Bogotá a Rabat: miseria sexual, ausencia de ciudadanía y populismo para todos y “todas”

Anuncios recientes en la capital de Colombia llevan a cuestionar la instrumentalización demagógica y populista del enfoque de género, el impacto que tendrá la implementación de ciertas medidas y la efectividad de las mismas en la transformación cultural de la sociedad. ¿Es indispensable cambiar el eslogan de la Alcaldía —«Bogotá mejor para todos»— para que las mujeres de la capital afiancen su ciudadanía? ¿Tratar a las bogotanas como discapacitadas las emancipa, dignifica o reafirma su condición constitucional de igualdad?

El pasado diciembre un juzgado de Bogotá señaló que la Alcaldía de Bogotá debería modificar su lema «Bogotá mejor para todos» por «Bogotá mejor para todos y todas». La sentencia busca el cumplimiento de un Acuerdo (2009) del Concejo de la ciudad que promueve el lenguaje incluyente y, por consiguiente, informes, comunicados y propaganda institucional de la Alcaldía deberán utilizar el género masculino y femenino. Los funcionarios de la administración local habían rehusado hacer la distinción considerando que la palabra “todos” refiere a la ciudadanía en general y no tiene perspectiva de género. Alirio Uribe, congresista del partido de izquierda Polo Democrático elevó la petición para modificar el eslogan. El juez observó que no utilizar lenguaje incluyente significa un retroceso en materia de reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Para esta fecha, la Alcaldía tendría que haber cambiado el eslogan pero apeló el fallo del juez. La administración de la ciudad exige autonomía para redefinir su lema además de argumentar que cambiar la consigna significará un gasto millonario para la ciudad. Los grupos que defienden el fallo consideran que al no utilizar lenguaje incluyente se está negando a las mujeres su importancia en el lenguaje: «lo que no se nombra no existe», aseveran. Otros —en los que me incluyo— sugieren que tratar de imponer una forma de hablar por decisión judicial «es un despropósito totalitario y ridículo».

Ernesto Cortés, editor del diario El Tiempo, consultó con las mujeres que colaboran en el medio —no a nivel periodístico sino en los servicios de cafetería y limpieza— sobre sus preocupaciones como ciudadanas bogotanas. Las inquietudes de estas mujeres no distan de las que pueden tener otras muchas mujeres en Bogotá: seguridad, un sistema de transporte eficiente y una ciudad que piense en los peatones. El periodista recuerda que la igualdad no la dan las acciones populistas sino las acciones que posibilitan la convivencia de la ciudadanía sin distinciones por lo que cuestiona la ineficiencia de las instituciones legislativa y judicial: al representante político del Polo Democrático que busca votos por esa vía cuando el Legislativo no avanza de manera satisfactoria en el trámite de proyectos de ley dirigidos a la protección de las mujeres; y, al juez, abocado a los usos lingüísticos mientras el sistema de justicia facilita la libertad e impunidad de delincuentes y agresores de mujeres.

En Bogotá más de 800.000 mujeres se movilizan a diario en el sistema masivo de transporte y son numerosos los casos de agresión, acoso e intimidación, principalmente de orden sexual. Los articulados movilizan diariamente a casi 2’600.000 pasajeros y un 53% son mujeres. El sistema de transporte colapsa en las horas pico y a menudo desborda su capacidad. La situación no ha recibido un tratamiento apropiado ni una solución efectiva. También en diciembre, el Concejo de Bogotá —en segundo y último debate— aprobó una iniciativa que busca evitar el abuso contra las mujeres en el transporte público y contempla convertir las sillas rojas del sistema masivo de transporte en sillas de uso preferencial para las mujeres. ¿Son las mujeres una población con discapacidad? Nótese que el sistema ya tiene sillas preferenciales de color azul destinadas a usuarios mayores, enfermos y/o con discapacidad. El proyecto que busca que los hombres cedan las sillas rojas a las mujeres en las horas pico se aprobó con 21 votos a favor y 14 en contra. Marco Fidel Ramírez fue el promotor del proyecto, un concejal que también funge como guía espiritual de un movimiento protestante, siendo el Pastor General de la Iglesia Familiar Internacional. El populista conservador, miembro del partido Opción Ciudadana, considera que su propuesta no viola el principio constitucional de igualdad y que permitirá disminuir de forma inmediata el fenómeno de violencia contra las mujeres en el sistema de transporte además de propiciar en el mediano plazo un «cambio cultural» ya que su iniciativa estará acompañada de campañas pedagógicas. ¿Qué garantiza que una mujer que va sentada no sea acosada?

Desde la Alcaldía se sugiere que la estrategia del Concejo no solo es machista, segregacionista y estigmatizante sino inviable porque las mujeres no deben recibir un trato diferencial y no puede obligarse al cumplimiento de la norma, tampoco hay forma de controlar y verificar su efectivo cumplimiento. La titular de la Secretaría Distrital de la Mujer observó que es positivo que durante 2017 hayan aumentado las denuncias de mujeres por acoso en el sistema de transporte: eso significa que se ha generado conciencia frente al tema y demanda la acción oportuna de las autoridades correspondientes. «El acoso no lo causa la aglomeración ni que estemos hombres y mujeres juntos. Lo genera que haya acosadores y lo que tenemos es que seguir luchando contra ellos, y no generar escenarios de estigmatización contra hombres o generar conflictos entre hombres y mujeres», zanjó Cristina Vélez responsable de la Secretaría.

Esta no es la primera medida que pretende enfrentar el acoso contra las mujeres en el sistema masivo de transporte. Hubo una acción todavía más polémica: vagones exclusivos para mujeres. Se implementó en 2014 durante la alcaldía del populista progresista Gustavo Petro. Para unos fue una medida preventiva, para otros fue segregacionista. Funcionarios de la alcaldía argumentaron en ese momento que habían revisado la experiencia de México y de otros países con autobuses rosa como medida de prevención ante la incapacidad de los hombres para controlarse. No obstante, con la nueva administración de la ciudad llegó la suspensión de los vagones, en marzo de 2016, arguyendo que la medida no dio los resultados esperados y que esa es una mala estrategia porque no resuelve la problemática de fondo. La actual administración descartó la continuación de la medida: «La ciudad que ha implementado más extensamente la política de los vagones exclusivos es Ciudad de México, con resultados poco favorecedores que no han cambiado la violencia en el transporte público, así que no es una medida que vayamos a continuar en Bogotá».

La idea del autobús rosa ha sido abrazada por políticos colombianos en diferentes momentos. En 2009 lo propuso Rafael Escrucería, entonces concejal de Bogotá por un movimiento populista de derecha (Partido de Integración Nacional reciclado en lo que ahora se denomina Opción Ciudadana). En 2011, la congresista Gloria Stella Díaz —miembro del partido confesional Movimiento Independiente de Renovación Absoluta que es catalogado como el brazo político del movimiento cristiano-carismático Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional— le propuso al alcalde Gustavo Petro la creación de los autobuses rosa como medida de prevención contra el acoso y la agresión en el sistema masivo de transporte.

Autobús exclusivo para mujeres en India

En Colombia algunos promotores del autobús rosa llegaron a mencionar que la medida había sido implementada en Londres por una empresa de transporte. A este respecto, Vanessa Pellegrin, feminista y documentalista marroquí residente en esa ciudad observó que no conoce ese tipo de transporte en la capital británica pero, en cambio, si lo ha visto en India e Indonesia. Pellegrin considera que la medida no resuelve la problemática de acoso y agresión sexual: «Siempre es lo mismo: la mujer es responsable por ser violada, por su ropa, porque no lleva pañuelo, porque no es virgen, porque ha bebido». Para Vanessa, los países que implementaron estas medidas «no resuelven nada, en absoluto». En cambio, deben avanzar en materia de libertad sexual y en brindar respuestas efectivas por parte de las autoridades e instituciones a cargo: actuar frente a los criminales sexuales y dejar de exculpar y justificar a los agresores.

 

“Autobús Rosa” para uso exclusivo de mujeres en la Ciudad de México. Foto: PRADIP J. PHANSE

El caso de México —tan citado como ejemplo a seguir en Colombia— corrobora el fracaso de la medida tanto a nivel político como social. La medida segregacionista es valorada y aceptada ampliamente por las mujeres mexicanas, una visión que excede su situación socioeconómica o su formación intelectual. Gladys Henderson, académica en la Universidad Autónoma Metropolitana explicó que en la Ciudad de México, en efecto, se instauraron hace varios años diferentes “acciones afirmativas” tendientes a la equidad de género y una de estas fue la de implementar autobuses y vagones del metro exclusivos para mujeres. Esas medidas “paliativas” serían de corta duración para enfrentar el «terrible acoso que sufrimos en el espacio público» y deberían caducar al lograr la sensibilización social y la consecuente reducción del acoso. Sin embargo, la medida fue “normalizada” porque «no se avanzó en otras áreas para la erradicación estructural del problema».

El autobús rosa y los vagones para mujeres han servido al populismo progresista, al populismo de derecha y al populismo religioso. ¿Apuntan de forma velada a la segregación sexual? Nadie fue capaz de explicar en Colombia que la idea original —del autobús rosa y de los vagones para mujeres— no proviene de un país libre y democrático[1].

¿Irán, un ejemplo a seguir?

Autobús exclusivo para mujeres en India

La idea del autobús rosa es una innovación islamista nacida en Irán, según documenta el sociólogo marroquí Abdessamad Dialmy. Tal invento se debe a un proceso de contrarreforma -la revolución islamista- con el deseo de volver a la premodernidad en términos de segregación sexual. Con la revolución iraní triunfó el Islam, se reestableció el uso del velo y la segregación sexual. Los últimos vagones de tren fueron destinados exclusivamente al uso de las mujeres. La medida no buscó eludir el acoso sexual, sino obligar a la separación de los sexos en el espacio público. Desde 2006 las autoridades iraníes extendieron la segregación a los autobuses y taxis, además de responsabilizar a las mujeres por las agresiones que puedan sufrir al no velarse de forma adecuada.

El académico analiza otros países —musulmanes y no musulmanes— que adoptaron la innovación islamista así como el impacto de la medida, a saber: Alemania (2000), Japón (2000), México (2000), Brasil (2006), Egipto (2007), India (2009), Indonesia (2012), Tailandia (2014) y Turquía (2017). De los citados, Alemania es un caso que resulta llamativo. El sociólogo cuestiona si la adopción de esa medida en zonas específicas del país tendría que ver con la presencia de una fuerte emigración de origen extra europeo que no está plenamente integrada en la sociedad alemana. La miseria sexual es polimórfica y multi-contextual. Ni siquiera los países democráticos y desarrollados están exentos de una sexualidad miserable, reflexiona Dialmy.

El autobús rosa arriba a la capital del Reino de Marruecos

Rabat aguarda la llegada del autobús rosa. Tal invención solo podía llegar de la mano del populismo religioso. ¿Podría estar buscando simpatizantes y votos por esta vía? Es la fantasía islamista de la segregación sexual por parte de la administración de Rabat. Dialmy cuestiona si el autobús rosa será un paliativo para contrarrestar el acoso y la fricción sexual a la que acude el miserable sexual o si ese puede ser el indicador de una estrategia segregacionista y de un islamismo radical. El autobús rosa no aborda las causas del acoso y de la fricción sexual en el transporte público sino que las ignora.

En Marruecos hay una conjunción de elementos a los que se suma el populismo religioso que coadyuvan a una situación de miseria sexual para los ciudadanos. Entiéndase la prohibición islámica de la sexualidad prematrimonial, extramatrimonial y homosexual. La estrategia segregacionista del autobús rosa está direccionada a obligar gradualmente a todas las mujeres a subirse al autobús rosa y permitirá el señalamiento de aquellas que no lo tomen, responsabilizándolas del acoso si eligen viajar en un autobús mixto. El autobús rosa es una medida inconstitucional que discrimina a las mujeres como ciudadanas libres e iguales con derecho al espacio público. No es una política progresista sino el retroceso y retorno al pensamiento islámico segregacionista bajo pretexto de proteger a las mujeres del acoso sexual en el espacio público.

Dialmy elabora que la “miseria sexual” tiene que ver con la ausencia o imposibilidad de ejercer una sexualidad libre, plena y responsable y es un factor que debe considerarse al analizar el acoso y la fricción sexual en el espacio público —podría estar motivada como paliativo sexual en sociedades cerradas que no reconocen derechos y libertades individuales— y, por tanto, hay que asumir que la solución estructural a esa situación de miseria sexual en Marruecos comienza con la despenalización del sexo consensuado entre adultos y la eliminación de los artículos 489 (contra la homosexualidad); 490 (contra el libertinaje definido como un acto heterosexual entre dos personas solteras); y, 491 (contra el adulterio) del Código Penal.

El académico observa que la sexualidad libre, plena y responsable también demanda de un espacio adecuado y debe abordarse desde una perspectiva de vivienda urbana ya que el porcentaje de hogares unipersonales es todavía muy bajo y la autonomía e independencia son vitales para el nacimiento del individuo, del ciudadano que accede a libertades fundamentales, sexuales y religiosas y conoce sus derechos y limitaciones. Se percibe la desazón del académico al inferir que —como en México— la medida puede complacer a las mujeres marroquíes de sectores populares y marginales que no van a percibir en esa medida la violación de uno de sus derechos civiles fundamentales.

Ciudadanos se movilizan en Bogotá en favor del matrimonio igualitario

Ciudadanía inacabada

El análisis de Dialmy permite comparar y establecer diferencias entre el caso marroquí y el colombiano. ¿Hay miseria sexual en Colombia? En principio, podría sugerirse que en Colombia no hay razones de Estado, entendidas como prohibición y represión estatal o penalización de actividades y conductas que solo atañen al individuo y que podrían potenciar el acoso en el sistema masivo de transporte. La Constitución de 1991 garantiza los derechos y las libertades individuales de los colombianos, incluida la libertad sexual —tener o no relaciones sexuales y con quién— y la Corte Constitucional lo corrobora al señalar que el ámbito de la sexualidad debe estar libre de todo tipo de discriminación, violencia física o psíquica, abuso, agresión o coerción[2]. Se podría agregar que la creciente tendencia a los hogares unipersonales también posibilita el ejercicio de una sexualidad libre y plena y, además, se encuentran en el país numerosos espacios que orientan sus servicios a la sexualidad y al esparcimiento sexual con diferentes posibilidades de acuerdo al poder adquisitivo de los usuarios.

Habría que revisar los hábitos y conductas que definen a la sociedad colombiana para intentar comprender qué factores inciden en el acoso sexual masculino en el espacio público. Probablemente tenga que ver con el hecho de saberse impunes durante años. También en Colombia los hombres se han beneficiado de un sistema patriarcal e injusto. El acercamiento y/o similitud entre árabes y colombianos (latinoamericanos) se da por la vía del machismo, son parte de un sistema patriarcal de valores y comparten patrones de conducta machista, lo observa el crítico literario alemán y catedrático en la Universidad de Potsdam, Ottmar Ette, en uno de sus análisis sobre la literatura árabe-americana.

Protagonistas de las narco-series: “Sin tetas no hay paraíso”; “Pablo Escobar. El patrón del mal”; y, “El capo”.

En Colombia tampoco ha habido una política pública de educación sexual integral que forme a ciudadanos para una sexualidad satisfactoria, libre y responsable. La inserción y pervivencia del narcotráfico en la cotidianeidad colombiana ha menoscabado la construcción de ciudadanía. El sexo y la sexualidad ha sido un tema tabú tanto en la escuela como en el hogar. La educación sexual le fue delegada a la prostitución (no penalizada); a la pornografía (no censurada); y, a una erotizada pantalla de televisión que durante años ha vendido contenidos que exaltan la ilegalidad y el poder del narco con las consecuencias previsibles: una sociedad en la que los hombres afianzan su masculinidad a través del machismo. Fantasean con la idea de ser “machos” todopoderosos que no aceptan límites de ningún tipo, hombres dominantes con capacidad de compra que anhelan ostentar y exhibir “hembras” transformadas y equipadas con notables implantes de silicona. Mujeres sumisas, complacientes y resignadas. Hombres duros que también rezan pero que poco o nada entienden de legalidad, de civismo y de límites. Una sociedad tan conservadora y timorata como hipócrita en su profesión de fe que se ha permitido normalizar y extender tanto en la dimensión pública como privada aquella consigna de: «El que peca y reza, empata»[3].

La Constitución de 1886 rigió la vida del país durante más de un siglo y su herencia todavía se siente en el pensamiento retrógrado de muchos colombianos. Si a lo anterior se suma la cultura del narcotráfico y el arraigo de la cultura mafiosa en la sociedad colombiana, quizá se pueda comprender el devenir del país y la ausencia de ciudadanía o la ciudadanía como proceso inacabado. El catolicismo fue el elemento cohesionador que logró sobresalir como referente de identidad nacional frente a la fragmentación geográfica y a la pertenencia identitaria regional. Se erigió como referente simbólico, identitario y cultural de la sociedad colombiana durante todo el siglo XX. La Constitución de 1991 separó la Iglesia del Estado y Colombia pasó a ser un Estado laico. El país se insertó en la modernidad, otorgó derechos y libertades individuales y reconoció la diversidad y las minorías. Ese ha sido el mayor logro del país durante el siglo XX, un proceso tan relevante como reciente que aún genera resistencias. La Iglesia católica sigue siendo un elemento decisivo para la sociedad colombiana, aunque en los años recientes tomaron mucha fuerza los movimientos cristianos-carismáticos. El populismo religioso en Colombia no es gratuito: las iglesias todavía hoy definen elecciones y ejercen un enorme poder de persuasión sobre los feligreses/votantes. Los políticos lo saben y están dispuestos a revestir el oscurantismo de un falso progresismo articulando en cada frase e informe el redundante todos y “todas”.

La inserción del país en la modernidad posibilitó mayor pluralismo y apertura, se aprecia en las grandes ciudades, pero en las regiones apartadas parece haber surtido el efecto contrario: grupos poblacionales se han cerrado y encerrado más al punto de negar las libertades fundamentales a los individuos de sus comunidades, especialmente a las mujeres con el argumento de protegerlas, y lo hacen amparados en cuestiones culturales y tradiciones religiosas. Piénsese, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas o en los herméticos árabes-musulmanes de Maicao. El escritor y sociólogo colombiano, Gabriel Restrepo, observa que: «El problema con la Constitución de 1991 es que no ha sido seguida por una política cultural que más allá de publicar libros, fomentar el ballet, distribuir algunos premios, piense el problema de la formación ética de una conciudadanía dentro de la multiplicidad. En eso estamos huérfanos. El más grave problema de Colombia es la ausencia de una ética pública. Una ética para la comprensión recíproca que tienda puentes entre lo tan infinitamente diverso del país».

Soluciones racionales para sociedades modernas

Las propuestas de Dialmy para que Marruecos pueda enfrentar el acoso masculino en el espacio público a nivel nacional, local y regional son extrapolables y aplicables a otros casos. El académico observa que los poderes del Estado tienen que asumir un rol decisivo al enfrentar todas las formas de violencia sexual basadas en el género. Las acciones en el Legislativo —leyes severas—; el Judicial —acción oportuna y eficiente—; y, la sociedad civil —la determinación de las asociaciones feministas—, son claves para hacer frente a la problemática del acoso masculino en el transporte público. En el plano local y regional, los ayuntamientos deben trabajar en el empoderamiento de las mujeres —formarlas para que conozcan sus derechos y que no renuncien a ellos— animarlas a denunciar las agresiones y abusos. Se debe proveer un sistema de transporte eficiente —más autobuses y mayor frecuencia— para evitar el abarrotamiento y el riesgo de fricción y que permita una distancia física mínima entre los cuerpos posibilitando las fronteras del espacio territorial del cuerpo. Por supuesto, los usuarios masculinos tienen un papel que asumir: el rechazo de todas las formas de violencia contra las mujeres, salir en defensa de la mujer acosada y agredida en lugar de elegir la complicidad machista y la misoginia potenciadas por la miseria sexual y la ideología fundamentalista.

Modernización no es igual a modernidad. Infraestructuras y autopistas no son lo mismo que ideas y transformación cultural de las sociedades. El autobús rosa, los vagones exclusivos para mujeres y las sillas preferenciales no son una solución estructural a la problemática del acoso masculino en el espacio público. Esos tratamientos tienen una efectividad tan limitada como controvertida. La segregación sexual no puede validarse como sistema social en sociedades que se pretenden modernas y libres.

Informe de Clara Riveros, politóloga, consultora y analista política en temas relacionados con América Latina y Marruecos y directora en CPLATAM -Análisis Político en América Latina- ©

Enero, 2018

Notas

[1] Gabriel Restrepo, sociólogo y escritor hace una anotación que considera «no poco picante» para el caso colombiano: «Picante, porque poner algo de ají a los remedos de democracia conviene para no tragar entero las proclamas altisonantes de populistas de derecha, centro o izquierda. Todas las monerías e intentos de remediar con pañitos de agua tibia un problema estructural complejo, como es convertir en víctima a la mujer debido al sadismo de un género que suele ser tan degenerado como es el masculino cuando carece de ética del respeto  —no digamos del afecto—, termina por ser un síntoma de la tremenda proliferación de estuco propia del neobarroco americano, aquel de las escarapelas y efigies para ilusionar con la presencia de un rey ausente: ¡fetichismo! Un fetichismo que también prolifera en un sistema judicial donde hay millones de leyes y de leguleyos y poca justicia. O en democracias de fachada que ocultan que en el fondo nunca hemos dejado los boatos y besamanos de las cortes virreinales. No nos digamos mentiras. Y el fetichismo es una forma de encubrir los problemas por prodigar dispositivos para evitar ver lo evidente a cualquiera. El remedio no está en las sábanas. Y los remedios mal aplicados pueden ser peores que la enfermedad, además de cómicos».

[2] El matrimonio igualitario fue avalado en abril de 2016 por la Corte Constitucional que votó (seis votos contra tres) a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pese a la reserva de diferentes grupos, el matrimonio igualitario es una realidad en Colombia. Es un matrimonio civil, con los mismos derechos y deberes que los de las parejas heterosexuales. Cabe recordar que, en una sentencia de 2011, la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que regulara las uniones entre parejas del mismo sexo, dándole un plazo de dos años al Legislativo y, si en ese periodo el Legislativo no regulaba el tema, las parejas homosexuales podrían acudir ante un notario o juez para formalizar su vínculo a través de un contrato.

[3] Gabriel Restrepo remonta la ausencia de pensamiento ético a la adoración fetichista del Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres del caraqueño Manuel Antonio Carreño, publicado por primera vez en la capital venezolana hacia 1852, cuando la ciudad apenas contaba con cincuenta mil habitantes. «El Manual se caracterizó por dos cegueras: era agorafóbico, palabra que significa horror a la plaza, y sexofóbico, terror por el sexo. Los espacios y los tópicos de la Urbanidad se limitaron a una cortesía señorera y amanerada en sala y comedor, con el ideario de una mujer hacendosa y dedicada al tejido de mano y a la galantería asexuada de espacios cerrados. Sin cama y sin ágora, una Urbanidad que ha predominado en los imaginarios colectivos hasta el presente, impidió el esfuerzo de pensar una ética pública para dirimir las grandes diferencias sociales asociadas a las pasiones políticas y cerró la posibilidad de crear una ética privada para regular los diferendos surgidos de las relaciones cotidianas en el hogar, en la calle o en los espacios laborales. Esta urbanidad que redujo la ética a la etiqueta y la moral a la moralina, dejó intacto el ethos dominante de la hacienda con la supremacía del patrón macho y la minusvalía de la peonada con todos los rezagos de esclavismo y servidumbre. Que esto incida en la tonalidad de las pasiones tristes y violentas de la contemporaneidad no debía extrañar a los bien avisados. Que una coalición de movimientos de izquierda se denomine con el patricio nombre de la Decencia, muestra el rezago ideológico tan abismal de las ideas democráticas, puesto que ese es un atributo de sociedades estamentales señoriales».

Referencias

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