Con prescindencia y desprecio por el resto

Ha sido esta una semana agitada. Unos quieren hacer caer al ministro de Defensa, otros quieren fundir el viejo armamento guerrillero con partes del arsenal militar para con ello levantar un único monumento que supere, dicen, los resentimientos del pasado.

En el medio, claro, estuvo la marcha del silencio. Y un poco antes, la decisión del presidente Tabaré Vázquez de integrar una comisión que investigue casos de violación de los derechos humanos, incluso desde antes del golpe de Estado de 1973.

Todos los episodios están relacionados y cada uno mereció reacciones distintas según quién y desde dónde lo mire. La semana pasada en su columna de Búsqueda, Claudio Paolillo hizo un claro análisis donde establecía que al final del camino todos tenían un poco de razón, si se consideraban con atención los argumentos más genuinos de cada parte.

No quiero por lo tanto analizar el conjunto de los hechos, conectados sin duda entre sí, sino detenerme en algunos pocos que a mi entender, generan alarma.

Respecto a la airada reacción del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, es posible encontrar varias explicaciones.

Una sería la necesidad de no cargar sobre las generaciones nuevas de oficiales y soldados los pecados cometidos por los militares de otra época. A esta altura son muy pocos los que, por su edad, vivieron aquellos aciagos años.

El reclamo tiene su contraparte. Si bien es legítimo sostener que a 30 años del retorno de la democracia no deben ser «estigmatizados» los actuales militares por pecados que cometieron sus mayores, también es razonable que las víctimas y los familiares de víctimas apunten no a las personas, sino a las instituciones. No serán los soldados de hoy los mismos que los de ayer, pero sí son las mismas Fuerzas Armadas y estas, por ser una institución del Estado, deben hacerse cargo de su propio pasado.

Otra razón que explicaría la actitud del ministro sería la de quien desde su responsabilidad de gobierno, vela por quienes actúan bajo su jurisdicción. Las Fuerzas Armadas llevaron adelante la represión en el pasado y al hacerlo violaron derechos humanos contra militantes y dirigentes de grupos de izquierda y de otros. Pero siguen siendo parte del Estado. Por lo tanto el que ejerce el gobierno, en este caso el propio Frente Amplio, debe conducirlas en armonía para el cumplimiento de los objetivos de ese gobierno y dentro del cauce constitucional. Ya no son, como hace más de 30 años, enemigos enfrentados. Son funcionarios del Estado que responden al presidente y a su ministro.

En ese sentido el Frente Amplio como partido oficialista que cuestiona a Fernández Huidobro, exhibe una actitud rebelde y contestataria que podría afectar la estabilidad de su propio gobierno.

La pregunta en realidad es si no hay otra intención en la actitud del ministro. O si al menos, a las ya mencionadas explicaciones se suma otra que va de la mano con el decreto firmado por el presidente José Mujica en los últimos días de su gobierno y del cual el actual presidente nada sabía. Esa resolución plantea hacer un monumento (con intención de «superar» el pasado) usando el metal fundido del arsenal con el que ambos bandos se enfrentaron en los años 60 y 70.

Una y otra vez la búsqueda de entendimiento, las salidas conjuntas, se reducen a quienes estuvieron directamente enfrentados entre sí, con prescindencia del resto de la sociedad. No es la primera vez que ocurre ni que lo señalo con inquietante desconfianza y alarma.

Algunos llaman a esta manera de ver las cosas «la lógica de los combatientes». Guerrilleros y militares estuvieron enfrentados ambos como militares. Y si bien fueron enemigos, hay códigos comunes que nadie más, no importa de dónde provenga en el espectro político, podría entender.

Los tupamaros han sido poco radicales a la hora de plantear reclamos respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado reciente. Los militantes de otros grupos se muestran menos dispuestos a perdonar y olvidar, tal vez por haber sido civiles. Sin duda hubo quienes proponían la caída de un gobierno constitucional y la instauración de algo nuevo y revolucionario.

Pero no acudieron a las armas para ello, sino a otras formas de enfrentamiento, como la movilización sindical y estudiantil y el mantenimiento de un permanente, desestabilizador e inquietante estado de agitación.

Revolucionarios sí, combatientes no. En consecuencia, ese código que compartieron tupamaros y militares no existió con los demás.

El problema no se reduce a tratar de entender que persiste allí una lógica de combatientes sino que su continua y reiterada valoración demuestra un desprecio por el resto de la sociedad que, en definitiva, fue rehén de las acciones de unos y otros.

Los tupamaros decidieron en los 60 que debían tomar el poder por las armas para hacer su revolución. No consultaron a nadie. Simplemente lo hicieron porque desde su dogmatismo se creían llamados a esa tarea, le gustara o no al resto de la población. Perdieron.

Sus vencedores, las Fuerzas Armadas, creyeron que por haber librado esa guerra y logrado su objetivo, estaban llamados a dar un paso que también pasaba por encima de las instituciones democráticas. Y al igual que los tupamaros, sin consultar a nadie, procuraron tomar el poder por las armas. Ellos sí lo lograron.

Afuera quedó la gente, una población acostumbrada a canalizar sus preocupaciones por los mecanismos políticos que las instituciones brindaban. Bien o mal, con un creciente deterioro sin duda, pero era por esa vía y en libertad que procesaban sus reclamos. Nadie esperaba que desde la estratósfera apareciera un Mesías con la solución ya preparada.

La paz se sella con una escultura hecha solo con el hierro fundido de las armas de ellos dos. De nadie más. Pero el conflicto, que libraron y culminaron ellos con prescindencia del resto, terminó por involucrar al país entero.

Las acciones de la guerrilla hicieron daño a mucha gente, perjudicaron las vidas de personas que pretendían resolver sus problemas por otros mecanismos, trancaron sueños e ilusiones. Derrotados ellos, emergió el otro sector armado y desde su fuerza estableció doce años de dictadura que implicó el sufrimiento, anestesiamiento y sofocamiento de una sociedad que nunca fue consultada sobre el proceder de unos y otros.

Por eso desconfío de estos procedimientos. Son acuerdos exclusivos y directos entre ellos que vuelven a dejar por fuera al resto del país. Desprecian a quienes no tomaron parte de su combate y creen que todo se puede arreglar a espaldas de los demás, por encima y por fuera de las instituciones democráticas, las únicas que ofrecen genuinas garantías de derechos y libertades a los uruguayos que han vivido ajenos a este «juego de soldaditos» que tanto parece atraer a algunos.

Por Tomás Linn

AÑO 2015 Nº 1817 – MONTEVIDEO, 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO. SEMANARIO BÚSQUEDA

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