Autoridad pública y cuatro maestros son detenidos en medio de protestas

Publicado en: Análisis, Ecuador | 0

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19/05/2015

El 18 de mayo de 2015, David Rosero, Consejero del Consejo de Participación Ciudadana, y cuatro maestros fueron detenidos en la ciudad de Ibarra en medio de incidentes que se generaron entre educadores, policías y autoridades del Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) en su intento por impedir que las autoridades estatales se tomen las instalaciones del Fondo del Magisterio (FCME), y asuman el control del mismo. El hecho se conoció a través de la cuenta de Twitter de Rosero, quien cerca de las 18:00 escribió: “El correato me detiene por solidarizarme con la lucha del magisterio, no me callarán #resistencia #Ecuador #FCME”. Tras su detención, Rosero permaneció en una unidad policial en Ibarra hasta el día siguiente, cuando a la madrugada fue trasladado a la Fiscalía en Quito para horas más tarde ser llevado a la Unidad de Flagrancia en donde espera una audiencia.

En diálogo con Fundamedios, Byron Rosero, padre de David y maestro jubilado narró que su hijo se encontraba en la sede de la Unión Nacional de Educadores de Imbabura -la cual funciona junto a las oficinas del FCME de esa provincia- en una asamblea a la que había sido invitado justamente para hablar de la administración de dichos fondos, cuando las autoridades del Banco del IESS, junto a policías, intentaron ingresar a las oficinas del FCME e impedir el desarrollo de dicha asamblea. Tras esto, Rosero narró que hubo altercados con las autoridades que derivaron en la detención del Presidente de la UNE en Imbabura, Jaime Villacís y posteriormente en la de David Rosero por reclamar a los uniformados una orden judicial para evitar que se lleven a Villacís. Junto a Rosero también detuvieron a dos maestros y una maestra. El padre del Consejero cuestionó la arbitrariedad con la que detuvieron a su hijo y comentó que pese a haber transcurrido más de doce horas de su detención, desconoce los cargos que se le imputa.

Andrea Rivera, consejera del Consejo de Participación Ciudadana, también afirmó desconocer los cargos que se le imputan a su colega y rechazó la manera “irrespetuosa” con la que fue tratado y trasladado.

En un boletín que emitió la Fiscalía General del Estado tras las detenciones, se aseguró que las cinco personas fueron detenidas por el delito de ataque o resistencia. Según dicha comunicación la fiscal a cargo de la diligencia, Rosa Ulcuango, aseguró que los detenidos habrían amenazado a los policías utilizando la violencia e intimidación y habrían incentivado a un aproximado de 60 maestros de impedir el ingreso de la Fiscalía a las instalaciones del Magisterio, argumentando que era ilegal.

Tras la audiencia de formulación de cargos desarrollada en la Corte Nacional de Justicia la Fiscalía General del Estado inició la instrucción fiscal contra Rosero y los cuatro profesores, quienes fueron acusados del delito de ataque y resistencia contra la Policía Nacional tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) inciso segundo, que establece una pena de cárcel de uno a tres años para quien ataque o se resista con violencia a la acción de agentes de la fuerza pública y lo haga entre muchas personas y previo concierto.

Según versiones recogidas por la prensa, la fiscal subrogante, Cecilia Armas, relató que los acusados agredieron a los policías, mientras que Rosero negó tal agresión y dijo que él junto a los demás maestros fueron víctima de violencia policial. Como prueba mostró al juez nacional Vicente Robalino unos moretones en su brazo izquierdo.

Mientras dure el proceso de investigaciones por parte de las autoridades, los acusados deberán acercarse a un juzgado cada dos semanas.

Public authority and four teachers arrested amid protests

 

On 18 May 2015, David Rosero, Adviser to the Council for Citizen Participation, and four teachers were arrested in the city of Ibarra amid incidents that were generated among educators, police and authorities of the Bank of the Social Security Institute (Biess) in an attempt to prevent State authorities from seizing the facilities of the Teachers Fund (FCME) and take control over it. The fact became known through Rosero’s Twitter account, who wrote at approximately 18:00: “Correa’s government has detained me for expressing my solidarity with the teachers’ struggle, I will not be silenced  #resistencia  #Ecuador  #FCME”. After his arrest, Rosero remained in a police station in Ibarra until the next day. He was transferred to the Prosecutor’s Office in Quito at dawn and hours later taken to the Flagrancy Unit where there should be a hearing.

Speaking to Fundamedios, Byron Rosero, David’s father and a retired teacher, stated that his son was in the headquarters of the National Educators’ Union (UNE) of Imbabura – which operates alongside the offices of the province’s FCME – at a meeting to which he had been invited to discuss the funds’ management, when authorities of the IESS Bank, along with police officers, attempted to enter the FCME’s offices to prevent the meeting from taking place. Rosero said that there was an altercation with the authorities that led to the arrest of the President of the UNE in Imbabura, Jaime Villacís, and later to the detention of David Rosero when he demanded a warrant from the police in an attempt to prevent Villacís’ arrest. Three teachers were detained with Rosero. The Adviser’s father questioned the arbitrariness of his son’s detention and commented that although it has been more than twelve hours since he was detained, the charges against him remain unknown.

Andrea Rivera, adviser to the Council for Citizen Participation, said she also ignores the charges against her colleague and rejected the “disrespectful” way in which he was treated and transferred.

A bulletin issued by the State’s Attorney General following the arrests stated that the five people were detained for the crime of attack or resistance. According to this communication, the prosecutor in charge of the operation, Rosa Ulcuango, asserted that the detainees had threatened the police using violence and intimidation and had encouraged approximately 60 teachers to prevent the Prosecutor’s entry to the facilities arguing that it was illegal.

No time had been set for the hearing until this alert was issued. More information will be provided as the events develop.

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